Telecomunicaciones en la era Milei: disputas por los mercados con pronósticos reservados para los usuarios y sus derechos

Nota 1

Con cada cambio de gobierno llega una nueva receta para abordar las políticas públicas en el área de las comunicaciones, entendidas como un conjunto de medidas que se desprenden de los preceptos ideológicos de la gestión, conjugadas con las necesidades más coyunturales, como recaudar dinero, atraer inversiones o influir en la opinión pública mediante los medios de comunicación. Milei no es la excepción y al parecer tiene un plan ambicioso que, para sorpresa de nadie, es peligroso para la democracia ya que se desentiende de los derechos de los usuarios y deja la “libertad de expresión” en manos de los monopolios del sector.

Las comunicaciones son un campo donde se solapan muchos aspectos y para tratarlos de manera adecuada es necesario desglosarlos en varias notas. En ésta primera se pretende dar un pantallazo de las nociones generales que ayudan a comprender el debate en curso.

Para empezar, sin hilar muy fino, conviene repasar lo hecho por las gestiones anteriores al gobierno actual. El gobierno de Carlos Saúl Menem encaró una transformación muy profunda del sistema de comunicación argentino con la privatización de los canales públicos, las telefonías fijas y las telecomunicaciones. De La Rúa profundizó ese camino con la desregulación del año 2000 que entregó la venta de internet a las empresas Telefónica de Argentina y Telecom.

El kirchenrismo fue sin dudas el que más a fondo transformó la legislación del país, que durante décadas reguló con decretos presidenciales y tuvo como marco un “decreto-ley” de 1972. En esos años el congreso sancionó la Ley de Servicios Audiovisuales y la Ley Argentina Digital. También hizo efectivo el cobro y la ejecución de las contribuciones de las empresas telefónicas al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, con el cual desplegó una red de cables de fibra óptica, satélites y antenas que marcaron la presencia del estado en un mercado dominado por monopolios privados.

Mauricio Macri comenzó su gestión a finales de 2015 con una gran iniciativa en el tema: mediante un decreto creó el ENACOM y fusionó el AFCA y la AFTIC y limó los aspectos más urticantes de la legislación kirchnerista en beneficio del grupo Clarín y otros monopolios. Pero con el correr de la gestión esas ínfulas se fueron desinflando y su promesa de una nueva “Ley de Convergencia” no pasó de ser un anuncio. Hizo un intento de “Ley corta”, para obligar a compartir la infraestructura de las redes de telefonía móvil, que tuvo media sanción en el Senado en el año 2018, pero quedó en la nada.

En tanto que Alberto Fernández ni siquiera llegó a exponer un plan. Inició su gobierno bajando el perfil a la disputa con los monopolios de telecomunicaciones y al poco andar se encontró con la pandemia de covid-19 y tomó medidas para sortear la brecha digital que sumía a la inmensa mayoría de las regiones del país, como también a las poblaciones más pobre de las grandes urbes. El decreto 690/20, que con buenas intenciones intentó regular las tarifas de la conectividad, fue una afrenta imperdonable para los empresarios del sector que aún hoy lo repudian. Alberto careció de una estrategia para las telecomunicaciones y navegó entre la conciliación y los manotazos. Meses antes de dejar el poder, licitó las frecuencias de la 5G para telefonía móvil que quedó en manos de los mismos actores dominantes del mercado.

Los libertarios tiene un libreto para la economía que se llama desregulación, y adaptado a las telecomunicaciones significan el cierre del Ente Nacional de Comunicaciones y la eliminación de cualquier forma del Estado en el mercado. “La oportunidad del contexto es evidente: la agenda de reforma, apertura y desregulación del gobierno del presidente Milei, acompañada por buena parte de la opinión pública, puede incluir sin problemas el cierre del Enacom y la derogación de varias leyes que han restringido las bases de la libertad de expresión o se volvieron hojarasca, como las llama el ministro Federico Sturzenegger.” Escribe José Crettaz en la revista Seúl el 13 de octubre.

Regulación y desregulación. Para las corrientes liberales la regulación siempre fue enemiga de la libertad de expresión. Ellos encuentran sus argumentos en los orígenes del conflicto, cuando las monarquías reducían la política a lo que pasaba en las cortes y la burguesía pugnaba por imponer la “opinión pública”. En ese contexto la imprenta era su arma fundamental y luchaban por la libertad de prensa, o de expresión, mientras que los Estados Monárquicos trataban de regularla.

Pero ese discurso ya no tiene nada que ver con la realidad actual, donde los intereses concentrados de la economía capitalista, a través de sus inversiones en medios de comunicación, dominan “la producción de sentido”, “la creación de la realidad social”, “las agendas de noticias” o como se quiera llamar a la disputa ideológica de masas.

Para ser más claros, en la actualidad todos tenemos la oportunidad de expresarnos, el detalle está que mientras la mayoría podemos pararnos en una plaza a gritar nuestras ideas, lo poderosos del mundo manejan la infraestructura que les permite llegar a millones en un segundo. Esa es la “libertad” que propone la burguesía y esa es la razón por la cual es necesaria una regulación.

¿Qué significa regular? Aquí surgen muchas respuestas y propuestas. Lo principal es que quienes son partidarios de las regulaciones entienden que es necesario resguardar el derecho a la comunicación, y este un paradigma distinto al de la libertad de expresión. El mismo parte de la realidad, de aceptar la desigualdad de oportunidades en el acceso a las comunicaciones y apela a las políticas públicas como mecanismo para compensar esa situación. Entonces los reguladores oscilan entre adoptar medidas que alienten la competencia en los mercados hasta la intervención estatal en los casos en que la población no reciba los servicios mínimos por parte de los prestadores privados.

Los paladines de las regulaciones siempre fueron los estados europeos, con medidas de corte socialdemócratas y el ejemplo de lo contrario eran los Estados Unidos, que a pesar de ello también tiene fuertes restricciones para sus sistemas de medios.

En la Argentina la Ley de Servicios Audiovisuales (ley de medios), la Ley Argentina Digital, la empresa ARSAT, la Televisión Digital Abierta y los planes Federales de conectividad, fueron políticas regulatorias progresistas que intentaron garantizar igualdad de oportunidades en un mercado en competencia. Esto, a los ojos de los libertarios es el socialismo más desenfrenado, por eso vienen a barrer con todo y a la vez tienen la intención de apalancar el ingreso de nuevos actores, amigos y afines a sus intereses.

Otro argumento de los desreguladores/libertarios, es que el cambio tecnológico va más rápido que la legislación y por lo tanto no tendría sentido crear leyes que al poco tiempo quedaran obsoletas. Argumento que no carece de verdad, y obliga a pensar en regulaciones que apunten a defender derechos del pueblo y no sólo legislen sobre medios existentes. Además, que ceder ante esas ideas que siguen a la tecnología como si fuera una imposición neutra e inevitable, significa relegar toda soberanía y quedar a merced de los capitanes de la industria, que utilizan sus avances científicos para aumentar la explotación laboral y restringir la democracia en las comunicaciones.

En la actualidad las plataformas y algoritmos han transformado la libertad en una falacia. El aparente control sobre la información que nos dan las redes y la inteligencia artificial, crea una falsa sensación de participar en un juego donde somos cada vez más espectadores pasivos y aislados.

Los discursos tecnócratas libertarios hablan de beneficios para los usuarios, dicen que, liberando a los empresarios de regulaciones, el gasto “innecesario en burocracia” va a redundar en mejores servicios. Pero ya con la legislación actual es muy difícil saber qué pagamos en cada boleta de conectividad. En el resumen de las facturas están enredados los servicios de telefonía fija, móvil, internet, paquetes, promociones, etc. Y nunca queda claro cuál es el costo de nuestro servicio.

Pelea de titanes. El gobierno libertario viene con la idea de desregular, pero eso significa ir contra muchos intereses creados. Cambiar reglas de merado es perjudicial para quienes se apoderaron del mismo desde los 90 hasta el presente. Es inocente pensar que las legislaciones actuales no fueron creadas con tires y aflojes con esos monopolios. Por ejemplo, permitir el ingreso del internet satelital, fue un golpe a los proveedores de este servicio por cable y por radio frecuencia.

El ecosistema argentino se está reacomodando y muestra de ello son los manifiestos que surgieron de las “jornadas internacionales” que realizaron los principales dueños de los cables y las antenas de telefonía móvil, a principio de octubre en el Hotel Hilton.

Y no solamente la competencia les molesta a los monopolios como Movistar, Personal o Claro, sino que la política de Javier Milei además no los beneficia. El León tiene como objetivo urgente sortear el gran problema de la Argentina: el pago de la deuda externa. Para eso intenta mantener una balanza comercial positiva (tener más exportaciones que importaciones), además de un equilibrio fiscal que conlleva un gran ajuste cuyos efectos recienten el mercado interno. Todas esas medidas van de bruces contra las necesidades de una rama de la economía que venden sus servicios en pesos e importa insumos en dólares, sin mencionar que algunos de sus actores más importantes tienen que girar ganancias a sus casas centrales, para ello necesitan las divisas.

El plan de Milei en este momento está atado a sus necesidades más inmediatas. Necesita imperiosamente del ingreso de inversiones, en ese sentido vender en todo o en partes las empresas del Estado pueden ser una herramienta para lograrlo, además que con las políticas públicas puede ayudar a sus amigos.

Entre los anuncios que hizo Adornis en octubre, habló de incluir en el cobro del IVA a los diarios, revistas y servicios de comunicación en general. Algo que sólo se puede hacer por ley, pero la amenaza ya fue planteada. Además, habló de la falta de aportes al FFSU por parte de Movistar y de Personal por cifras millonarias. Estamos ante el inicio de una batalla importante.

Cambiar las leyes significa romper las reglas de juego e ir a una disputa que todavía los libertarios no se encuentran en condiciones de ganar. Por eso van a ser muy importantes las elecciones legislativas del 2025. Ellos tienen, a diferencia de sus antecesores, una ventaja muy grande en la disputa con los dueños de los medios: no necesita de las audiencias tradicionales. Milei, es su propia marca y tiene un equipo que maneja las aplicaciones de redes sociales con gran destreza. Por ese motivo puede negociar o disputar con los monopolios.

Que alguien piense en los usuarios. somos clientes atrapados por la necesidad y limitados por el poder adquisitivo. Desde la pandemia se dejó de discutir si la conectividad era un lujo o extra para los hogares. Es una necesidad poder acceder a internet para garantizar todos los derechos humanos. Sin ella no se puede trabajar, estudiar, solicitar turnos de para el servicio de salud, etc.

Es verdad que las tarifas de internet, de tv paga o de telefonía no han aumentado de la misma manera que la inflación general en los últimos meses. Los precios están contenidos por la contracción del poder adquisitivo y el retraso cambiario.

Las tarifas de telecomunicaciones están atadas al dólar y cuando las cuentas no cierren para los proveedores va a comenzar la inevitable “desinversión”, que significa que van a seguir brindando el servicio con la misma infraestructura, sin renovarla. Los primeros en padecer siempre son los mercados “del interior”, en los centros urbanos o rurales donde no es rentable invertir.

Cuando esto pase, todos van a pedir nuevamente el socorro a las políticas públicas, a través de servicios para mantener tarifas y realizar nuevas inversiones que apuntalen el funcionamiento de la red. Pero eso no va a ser más que un nuevo episodio en un recorrido que sólo mantiene sistema que no es democrático ni garantiza los derechos a la comunicación. Principalmente porque los usuarios no tienen participación en ninguna planificación. Pero, además, la brecha digital por falta de acceso o retraso tecnológico, no son los únicos peligros. Con el avance libertario también está en peligro la neutralidad de la red, y la soberanía sobre los datos de nuestro país. Temas que se van a desarrollar en profundidad en las próximas notas.