Cobre, RIGI ¿Ya?

En un abrir y cerrar de ojos han pasado más de dos meses desde que ocurrió el tratamiento legislativo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. La ley bases se aprobó 26 de julio en el Congreso Nacional y en San Juan el 15 de agosto se trató la adhesión en la Cámara de Diputados.  El 22 de agosto, el gobierno nacional firmó el decreto con la Reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grande Inversiones (RIGI) y pocos días después el gobierno provincial publicó, en el boletín oficial, el texto de la ley provincial en adhesión al Régimen.

¿Y las inversiones? Por ahora no pasaron de ser anuncios que hacen las empresas y el gobierno, hacen para la prensa y para calmar la ansiedad de un pueblo que espera la reactivación; pero, el río suena y si el refrán popular tiene bases en algunas evidencias, es posible que en algún momento lleguen. No obstante, antes de que pase nada, ya hay dudas sobre el rol de los empresarios y trabajadores provinciales en los futuros proyectos mega mineros. Es un buen momento para analizar algunas cosas.

Recapitulemos desde la discusión que se dio en la provincia en el momento del tratamiento para la adhesión al RIGI. El lobby de los grandes empresarios, que en off muchos reconocen también actuó agresivamente en el congreso de la nación, se conjugó con las necesidades del Gobernador Orrego de mostrar señales de sumisión al presidente Javier Milei. Esto resultó en un discurso en favor de la adhesión, que pedía anular cualquier tipo de discusión o cuestionamiento, y en el que predominaba un claros mensaje: “Adherimos o quedamos fuera del tren del cobre”, “es ahora o nunca”, “oponerse al RIGI es no querer el trabajo para San Juan”, y otras muletillas más que se me están quedando en el tintero. Luego el mismo debate y apuro se trasladó a los consejos deliberantes de los departamentos para hacer lo mismo.

Lo primero que llama la atención en este tiempo que pasó desde agosto hacia acá que el “gesto” de Orrego de apoyar esta ley, no tuvo como contra parida una reciprocidad de Javier Milei. La adhesión al RIGI, no apuró ninguna inversión productiva real, más allá de la asociación de empresas que seguramente mejoraron sus participaciones en la bolsa. Por último, a la hora de la verdad, para este nuevo modelo productivo, un empresario de Calingasta o Iglesias es tan local como uno que tengo domicilio en Capital Federal. En definitiva, este apoyo del gobernador al RIGI le va a salir muy caro al pueblo sanjuaninos.

Distanciamiento San Juan Nación

Milei está haciendo un gobierno de “puertas cerradas”, comentó un empresario de una cámara que estaba acostumbrado a encontrar interlocutores a todas las gestiones anteriores. Es una realidad que Orrego tardó en entender esto y ese error de cálculos le va a hacer pagar un costo grande en el caso de la mega minería. Los libertarios tienen un libreto del cual no están dispuestos a moverse ni un centímetro: se trata de la ejecución del ajuste. Para ellos una provincia es un gasto, y por lo tanto lo que pretendía lograr el gobierno de San Juan, votando y apoyando sus leyes, los libertarios no se lo piensan dar, como tampoco se lo dan a las universidades, ni a los jubilados.

Saludablemente el oficialismo en San Juan se ha dado cuenta de que no hay reciprocidad en los gestos y votó en contra el veto en el caso de las universidades, realizó un acto con María Eugenia Vidal y recibió a una delegación de Naciones Unidad. Pero para resolver cuestiones relacionadas al desarrollo económico y la minería hipotecó el poder de la provincia por 30 años. Hoy el gobierno provincial tiene muy pocas herramientas para llevar satisfacción a los pedidos de las cámaras locales, luego de la adhesión al RIGI.

Resulta que en la reglamentación del capítulo 8 de la Ley Bases, Milei ha designado como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Economía de la Nación, que dirige Luis Caputo, quien, según el reglamento tiene que basar sus decisiones en un consejo “integrado por los titulares de las Secretarías del PEN o funcionarios con rango y/o jerarquía superior o equivalente”. En poca palabras ni San Juan, ni ninguna otra provincia tiene injerencia en la administración de las inversiones. Hay otras autoridades de aplicación que tenían consejos federales, ejemplo de esto fue el AFCA, AFTIC y posteriormente el ENACOM, pero eso son tiempos pasados. Hoy con el gobierno libertario se está cumpliendo el sueño de Rivadavia: dirigir la minería desde la capital del país en alianza con los capitales extranjeros.

¿Locales o visitantes?

Y en que afecta la falta de federalismo, podría preguntar un desprevenido. Bueno ese comité es el que debe aprobar el plan de inversiones de las VPU (Vehículos de Proyectos Únicos) las unidades financieras sujetas a los beneficios fiscales e impositivos de la ley RIGI.

Tienen mucha razón en estar preocupadas las cámaras sanjuaninas con algunas definiciones del decreto reglamentario. Porque el esperado derrame de riquezas del modelo mega minero, pasa por ahí, que haya proveedores locales y ¿qué dice el decreto? En el Art. 3 inciso f, dice claramente que proveedor local es aquel que tiene domicilio fiscal en el país. Punto y aparte. Techint, es un proveedor local al mismo nivel que cualquier integrante de la cámara de proveedores de Calingasta, Jáchal o Iglesias.

En el Art 49, 50 y 51, la reglamentación habla más de este tema: reafirmo el porcentaje mínimo del 20% de proveedores locales, que cómo ya de dijo puede ser cualquier empresa con domicilio en el país; habla de un Plan de Desarrollo de proveedores locales para que sea aprobado el proyecto del VPU; y si bien ese requerimiento es alentador, el reglamento introduce un tercer elemento que pone en duda todo lo demás: los proveedores locales deben ofrecer “precios de mercado”; o sea que por ejemplo una farmacia de San Juan debe competir en licitaciones contra laboratorios nacionales o internacionales. Por supuesto, que el decreto no habla de trabajadores locales, solo de proveedores, elemento que también le da razones a los gremios que se opusieron al RIGI.

Nos salvemos solos

Ahora viene la verdad más cruda. Por más apuro que tengamos los sanjuaninos en comenzar a trabajar en la minería del cobre, son las empresas multinacionales de la minería los que manejan todos los resortes de este proceso. Tienen sus tiempos, que son complicados de entender y no son coincidentes con las necesidades de despegue económico de la provincia.

Hay anuncios y muchos, si se analiza todas las noticias que se publican los números son rimbombantes, pero el calendario avanza, ya estamos pisando noviembre y la temporada de construcción en la alta montaña se va consumiendo. No hay nada que indique que pueda comenzar la construcción de algún yacimiento para este año, sólo se especula con la posibilidad de que BHP inicie en el 2025 el camino de acceso al yacimiento José María.

En este marco, luego de la aprobación y adhesión al RIGI, el gobernador tiene pocas herramientas legales para presionar a las empresas sin caer en el riesgo que le hagan juicios en las cortes internacionales. Aunque quizás si le quede una carta por jugar: modificar las regalías mineras y pasar del 3 al 5% que le permite la ley. Con esa diferencia la provincia podría crear un fondo de inversión para futuros proyectos productivos, pero esperar esto, quizás sea como “pedirle peras al olmo”.

El gobierno nacional prioriza enriquecer a los monopolios foráneos, sumado a un gobernador atado de pies y manos, la única posibilidad que le queda a los sanjuaninos que esperan el milagro del cobre, es meter presión para que inicien pronto los proyectos mineros que ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

Las cámaras, los sindicatos, los movimientos de desocupados y demás sectores de la sociedad que necesitan el prometido desarrollo de la minería del cobre, pueden y deben hacer causa común para torcer el rumbo de un plan que de por sí sólo no ha venido a solucionar las necesidades de la provincia.