Universidades Argentinas marchan contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento
La comunidad educativa se moviliza enérgicamente en respuesta al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento universitario. Este veto, sumado a un presupuesto que reduce drásticamente los recursos destinados a las universidades para 2025, ha generado una fuerte reacción entre estudiantes, docentes y autoridades académicas.
Para visibilizar esta situación, los gremios docentes y no docentes han convocado a un paro nacional el jueves 26 y viernes 27 de septiembre. Además, se está organizando una gran marcha universitaria que busca replicar la masividad de la movilización del 23 de abril. La marcha se llevará a cabo en la primera semana de octubre, con la fecha exacta a confirmarse en una conferencia de prensa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) programada para el 24 de septiembre.
La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernandez De Piccol, destacó la urgencia de la situación: “Le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades”.
A pesar de la dificultad de la tarea, los rectores de las universidades están en contacto con los diputados de sus provincias para instar a que no acepten el veto. “Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vayan a comer un asado a Olivos”, advirtió Federico Montero, secretario de Organización de CONADU.
La Ley de Financiamiento, que declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional, fue aprobada por el Congreso, pero Milei ha dejado claro su intención de vetarla, argumentando que no puede aceptar un aumento en el gasto público. El presupuesto destinado a las universidades para 2025 presenta un recorte del 52% respecto a lo solicitado por el CIN, y además incluye artículos que afectan la autonomía universitaria.
La situación se agrava con el contexto económico actual, donde los estudiantes enfrentan constantes aumentos de precios y becas desactualizadas. “Las PROGRESAR hoy están en 35.000 pesos, que no alcanza ni siquiera para cubrir el transporte”, señaló Fernandez De Piccol.
Además de las medidas de fuerza, el gobierno también ha arremetido contra la educación desde un discurso que tacha a las universidades de ser un bastión de «adoctrinamiento ideológico». La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a una “oligarquía universitaria”, evidenciando un ataque no solo económico, sino también cultural.
Las universidades, que albergan al 80% de los 2,5 millones de estudiantes en el país, se preparan para un mes de octubre decisivo, donde la lucha por la educación pública se intensificará en las calles y en el Congreso.