La Justicia ordenó restituir el Potenciar Trabajo a correntinos que habían sido suspendidos
El Juzgado Federal N°2 de Corrientes ordenó al Ministerio de Capital Humano de la Nación la restitución del pago del programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo a correntinos que habían sido suspendidos.
Se trata de una medida cautelar que sentará precedente para otras presentaciones que están en marcha. Según expresaron a época desde una de las partes, «la información de que los beneficiarios son empleados del Estado provincial es falsa».
El juez federal, Juan Carlos Vallejos, hizo lugar a un amparo que presentó un grupo de beneficiarios del Potenciar Trabajo. La Justicia resolvió ordenar a la cartera que conduce Sandra Pettovello que en el plazo de 48 horas perciban los ingresos correspondientes al programa hasta tanto haya sentencia.
Los pagos se habían suspendido a través de la Resolución 17/23 de Capital Humano en medio de una investigación penal que realizaba el fiscal federal, Guillermo Marijuán, por presuntas incompatibilidades.Sin embargo, en los considerandos de la resolución del juez, se estipula que el 8 de febrero el Estado provincial informó «que no ha tenido ningún tipo de participación, directa o indirecta, en el dictado de la Resolución 17/2023.
El Ministerio de Capital Humano comunicó que se trató de una suspensión preventiva y no ha quedado claro de dónde se obtuvo la información de que los beneficiarios son empleados de la Provincia», manifestó el abogado, Juan Manuel Cubilla Podestá, quien está a cargo del patrocinio de los beneficiarios, a época.
«La información de que los beneficiarios son empleados del Estado provincial es errónea y tampoco se conoce su origen», indicó el profesional letrado.
Según explicó la planilla de que unos 518 beneficiarios del Potenciar Trabajo serían empleados del Estado no tendría un origen claro, ya que no habría sido facilitada por la Provincia, ni por la Unidad Fiscal.»Tenemos el caso de una persona que solo realizó una suplencia en 1997 y que para el Ministerio de Capital Humano es empleado de la Provincia, pero no sabemos de dónde sacaron esa información.
La última persona que trabajó en el Estado del grupo que está tramitando amparos fue en 2019 y desde allí que está desempleada», indicó el abogado.De acuerdo con información que se difundió meses atrás, se dio de baja a unos 4.500 beneficiarios del Potenciar en el país.
En Corrientes, estuvieron afectados unos 518.Cubilla Podestá informó que esta primera medida cautelar otorga «un antecedente importante», ya que permite a unas 10 personas acceder al beneficio de manera inmediata. Explicó que, al no poderse presentar un amparo colectivo, hay otras 100 que también tramitan un amparo.
La premura de la medida se debió, en parte, a que se trata de personas en una situación socioeconómica vulnerable. A lo que se suma que también debe comparecer ante el fuero penal, ya que el fiscal Marijuán les imputó un delito por presunta defraudación del Estado.
«Esto los afectó en lo económico porque de la noche a la mañana les dijeron que dejaban de percibir el beneficio y no cobraron diciembre, ni enero. Ahora se suma lo penal», expresó.Para el abogado, desde el Gobierno nacional deberían dar explicaciones de «la información errónea».