Opiniones EdeO: Cuotas UVA

Ante la caída de los planes nacionales de vivienda luego de la asunción de Macri, el gobierno provincial eligió no hacer denuncias públicas que esclarezcan a las masas, sino que por el contrario adoptó el silenció y planificó una solución antipopular. Sergio Uñac promovió cambios en el IPV como una alternativa para intentar seguir construyendo y no desfinanciar el Estado Provincial. Esos cambios implican cargar el peso de la inflación en el costo de la vivienda social, afectando a quienes la necesitan.

La Ley 1806 A, fue aprobado en septiembre de 2018, y modificó la ley 196 A, de creación del IPV. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo (Sergio Uñac). La Cámara lo trató en la 9na sesión ordinaria de 2018, llevada a cabo el 6 de septiembre, donde fue presentado y defendido por Mario Tello (PJ), apoyado por Cesar Aguilar (San Juan Federal), y por Fernando Moya (Dignidad Ciudadana), quien apoyó en general y propuso modificaciones menores. En la página de la legislatura no es accesible conocer el resultado de la votación, para saber cómo actuaron los demás bloques opositores, pero la versión taquigráfica muestra un escaso debate. Ni siquiera se leyeron los despachos de comisiones.

Las modificaciones más importantes que ésta ley introduce en la 196 A son tres: Autoridades: regulariza la situación del Instituto ya que deja de tener interventor, y pasa a ser dirigida por un director y un sub director. Modalidad de pago a las empresas: Introduce el índice UVI para otorgar valor a los certificados que se pagan a las empresas constructoras, reemplaza el metro cuadrado de la cámara de la construcción como referencia. En este punto hay que buscar más información para valorar correctamente su significado. Valor de venta al adjudicatario: la modificación introduce el índice UVA para fijar el precio de venta de la vivienda al adjudicatario. El precio ya no se expresa en pesos sino en Unidades de Valor Actualizable, indicador que tiene una variación mensual calculada por el Banco Central. Por lo tanto, la casa adquirida por la gente tiene un valor fijo en UVA, pero la actualización es lo que varía el precio en pesos.

En ese momento, los medios de comunicación reprodujeron la opinión del gobierno provincial. Fue noticia como un evento muy positivo para el pueblo ya que financiaría al IPV y permitiría subir el monto de los préstamos para las construcciones individuales. Así, detrás de una noticia falsa el uñaquismo ocultó que tiene un gran problema para el financiamiento de las viviendas sociales.

El gobierno nacional de Macri, desde que asumió retaceó los giros de partidas comprometidas para viviendas estaban en ejecución. Esto acarreo problemas, por ejemplo, la demora de tres años en la terminación del Barrio Valle Grande. Luego Macri, dio de baja los planes nacionales de vivienda, y diseño un plan para que los fondos no pasen por los institutos provinciales.

El problema es grave porque la economía provincial depende altamente de la obra pública, como inyección de dinero y mano de obra. Como alternativa, Uñac, diseño esta actualización del valor de la vivienda con un mecanismo de mercado: el índice UVA. Así pretende generar ingreso para el Instituto y poder terminar 5000 casa en el 2019.

En su momento, la coordinadora Mártires López fue la única organización que emitió una opinión contraria, surgida del plenario provincial realizado en el Club Ferroviario. Pero mayormente el tema no causó preocupación en el pueblo.

El tema “estalló”, a mediados del mes de marzo de 2019 con la llegada de notificaciones del IPV a los adjudicatarios de distintos barrios que todavía no pagaban su primera cuota. En dichas notificaciones el precio de la cuota estaba expresado en UVA. Esta medida alcanza a muchas familias, se habla de 17 mil personas, de 38 barrios, etc. hay que buscar dados más precisos. Pero lo cierto es que indistintamente el UVA les llegó a barrios de erradicación de villas, a barrios “del sorteo” y a barrios de gestión gremial.

Los damnificados realizaron distintas gestiones, entre ellas una reunión en casa de gobierno, y varias movilizaciones descoordinadas. El gobierno tomó nota del rechazo popular a la medida y la gravedad de la situación, y contestó que se trató de un “error de comunicación”. En palabras Gattoni, dijo que quedan sin efecto las cartas enviadas, que los adjudicatarios recién van a pagar en julio y que van a recalcular las cuotas para que nadie pague más del 20% de su salario.

Hay que ver que el gobierno retrocedió y distendió la situación para calmar las aguas. No obstante, no alcanza con poner tope a las cuotas. El rechazo al proyecto de las cuotas uva debe ser total.

Los motivos son sencillos. Solo basta observar que la evolución del índice UVA muestra un incremento mayor a la inflación. La página del Banco Central muestra que la diferencia interanual, en abril, es del 51%. Con esta regla de venta de la vivienda la oferta del IPV no resulta distinta a la de pedir un préstamo hipotecario en un banco privado o pagar un plan en una constructora privada. Además, el tope de cuota que propone el gobierno, solo alarga los años de pago, agregan la diferencia en más cuotas, lo que hace imposible de cancelar las viviendas.

Este intento de aplicación de la “cuota UVA” a las viviendas del IPV, dejó tres tipos de afectados. La primera situación de a aquellos que recibieron la llave de su vivienda antes de la entrada en vigencia de la ley (octubre de 2018). Son muchos barrios que pueden alegar que la ley no los comprende, que es ilegal su aplicación en sus contratos.

Hay un segundo grupo, de adjudicatarios que recibió la vivienda a finales del 2018 y en el 2019. Ellos no pueden escapar a la aplicación de la ley y por lo tanto no tiene otra alternativa que luchar por la modificación, la institucionalidad u otra medida que los exima de pagar cuotas inalcanzables.

El tercer grupo son los 60 mil sanjuaninos que a futuro quieren ser beneficiarios de viviendas construidas por el IPV. La gran mayoría no está organizada en movimientos como Mártires López, o grupos gremiales, pero hay que intentar una campaña de concientización para que entiendan que, si no se modifica ésta ley, su posibilidad de acceder a una vivienda va a ser cada vez más lejana.

A pesar de la medida del gobierno de San Juan que patea para adelante el problema, es posible hacer empalmar el movimiento contra las cuotas UVA con la lucha nacional que se está dando por los préstamos hipotecarios otorgados por el macrismo con el sistema UVA.

[two_third]

Por: Federico Agüero[/two_third]