Retraso en el penal de Ullum y posibilidad de nueva licitación genera incertidumbre en el proyecto

El proceso de construcción del penal de Ullum ha sufrido un nuevo retraso, lo que ha llevado al Gobierno a extender el freno de las obras hasta fines de junio. Se espera que para ese momento esté listo el nuevo proyecto ejecutivo, lo cual permitirá evaluar los costos y determinar si las empresas contratadas podrán continuar o si será necesario realizar una nueva licitación.

El objetivo de este proyecto es dejar atrás un servicio penitenciario de máxima seguridad y adecuarse a las necesidades actuales de la provincia. Se busca construir un edificio que incluya áreas de contención adecuadas para responder a los resultados que arrojan el sistema penal, tanto en casos de flagrancia como con el sistema acusatorio.

La demora en la finalización del penal de Ullum se debe en gran medida al aumento de los precios de construcción, lo que ha llevado a una revisión financiera y de costos por parte del Gobierno. A principios de este año, se confirmó que la financiación total deberá provenir de las arcas locales, ya que la Nación no aportará recursos. Se estima que el costo total del proyecto superará los 15 mil millones de pesos.

El titular del Ministerio de Obras, Julio Ortiz Andino, señaló que se evaluará si es posible continuar con el mismo proceso licitatorio o si será necesario realizar uno nuevo, dependiendo de los costos finales del nuevo proyecto. Se espera que en la segunda mitad del año se puedan retomar las tareas de construcción una vez que todo esté listo.

A pesar de los retrasos en la obra, el Gobierno de San Juan también ha puesto énfasis en la seguridad. Recientemente, el personal penitenciario comenzó a utilizar 30 cámaras corporales con el objetivo de registrar la actividad de las personas privadas de libertad y agilizar el trabajo en caso de alteraciones del orden. Las cámaras están distribuidas en los pabellones y otros sectores del penal.

La situación del penal de Ullum es crucial para la provincia, ya que se adjudicó la obra en base a un proyecto que ahora será modificado. El Gobierno deberá evaluar si los valores finales del nuevo proyecto están dentro de lo permitido en el contrato existente. En caso de que las cifras no coincidan, se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación.