El Grupo Caputo bajo la mira de la Inspección General de Justicia

Los movimientos oscuros de financiamiento de la empresa Caputo Hermanos S.A con pagos de al menos 13 millones de pesos a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización neonazi Revolución Federal, tienen su correlato en la falta de transparencia de esa sociedad comercial desde su fundación en 2005. Durante estos 18 años, la firma que manejan los hermanos del exministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, no presentó ni una vez sus estados contables ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Tampoco existen actas de directorio que den cuenta de la constitución de los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, desde donde salieron los millones para la carpintería que Morel se puso el año pasado por muebles que él mismo dijo que no confeccionó –sino que tercerizó—y cuya existencia tampoco está constatada. “Puede configurar una sociedad simulada siendo esta compañía solo un instrumento formal” para los negocios de la familia Caputo, sostiene una resolución de la IGJ, a cargo de Ricardo Nissen, que dispuso una fiscalización permanente sobre la empresa y el pago de una multa de 100 mil pesos por cada uno de los balances que no entregó.

“Es una sociedad que carece de toda transparencia e incumple en forma deliberada con todas las cargas que mantiene la Inspección General de Justicia a los fines de evitar –con toda seguridad– el conocimiento, por parte de este órgano de control, de los terceros interesados y del tráfico mercantil general”, dice el documento de la IGJ al que accedió Página/12. Para el organismo Caputo Hermanos S.A. probablemente sea una “pantalla” utilizada por “los hermanos Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Pascual Caputo para llevar a cabo sus negocios personales, con la participación de la hermana de ambos, Rossana Pía Caputo, que supo ocupar, en alguna oportunidad, el cargo de directora suplente”.

Los famosos muebles

El nombre de Rossana Caputo es clave en lo que atañe a Morel y Revolución Federal, porque es la persona que el hombre de Revolución Federal dice que lo contactó para encargarle muebles. La historia que contó Morel en su indagatoria es inverosímil: dijo que la mujer pasó un día por su carpintería, en Boulogne, vio muebles expuestos, entró y le encargó dos mesitas ratonas y dos barras. Poco después una de las mesitas se rompió. Entonces lo convocó –siempre según el relato del joven, que está detenido—a su casa porque había que repararla y le terminó proponiendo fabricar 144 mesitas de luz y otros tantos respaldos de cama. Lo más asombroso es que el encargo era para un emprendimiento en Neuquén, a más de 1000 kilómetros de distancia, del fideicomiso Espacio Añelo. Pero también le hizo encargos que pagó otro fideicomiso más, Santa Clara al Sur, también dedicado a emprendimientos inmobiliarios, en este caso un barrio cerrado. Parte de los pagos fueron recibidos por él, otro tanto por su socia y su expareja, que se hicieron monotributistas este año y para estos trabajos emitieron, ambas, la factura número uno.

Caputo Hermanos S.A. se presentó en la causa sobre las actividades de Revolución Federal –donde el fiscal Gerardo Pollicita incluso ya señaló el posible nexo entre la escalada violenta generada por la organización ultraderechista con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner— como una “desarrolladora inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en el mercado…”, menciona los fideicomisos, y dice que sus socios son hermanos del exministro Luis Andrés Caputo quien “jamás formó parte de la empresa ni tuvo ni tiene relación comercial con ella”.

El informe de la IGJ, sin embargo, describe que el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri apareció “en el activo social como acreedor de 1.842.857 pesos”, como si le hubiera prestado plata a la sociedad. Según la IGJ, entre los mecanismos irregulares de la empresa, “los aumentos de capital son suplidos por préstamos efectuados por sus propios socios y a veces por terceros, entre ellos Luis Caputo”. Hay un dato elocuente que muestra el posible carácter ficticio de la empresa: durante 18 años su capital inicial fue de 12000 pesos, pese a tener un “objeto amplio y costoso, como lo son las actividades inmobiliarias, financieras, de importación y exportación”.

En el escrito inicial de la empresa, que hizo su abogado Matías Cúneo Libarona, había listados de artículos entregados a raíz de lo que se le había encargado a Morel. La lista incluye categorías genéricas como “carpintero”, “banquetas y sillas” pero también aparecen “camas, almohadas, blackout, veladores, cortinas y sillones”. ¿Qué tienen que ver estos muebles y elementos de decoración con la carpintería? La explicación que dan en un nuevo escrito presentado este lunes ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi es que le encargaron la mayor parte de los trabajos o Morel y que él, efectivamente, tercerizó. Dicen que Añelo está en Vaca muerta, una zona petrolera, donde no hay proveedores, y que mandaron a hacer todo incluso el edificio casi prefabricado a la provincia de Buenos Aires. Según la empresa, los precios de la carpintería de Morel, le resultaban convenientes. Es un contraste grande si se aprecia que el edificio lo hizo una empresa gigantesca, Idero SRL y se destinaron más de 13 millones a una carpintería sin trayectoria, mandando foto por whatsapp.

Irregularidades

Caputo Hermanos S.A. tiene su sede en una escribanía, la de Claudio Caputo, primo de los hermanos Caputo, y extitular del colegio de Escribanos hasta que terminó el gobierno de Mauricio Macri. Ahora están en Santa Fe 1385, que es el lugar que fue allanado y donde fue también la IGJ. La visita del organismo sólo encontró obstáculos porque la secretaria que estaba presente no quiso entregar ninguna documentación. Recién después que les llegó una intimación escrita, presentaron papeles sueltos e incongruentes.

Estás son algunas de las irregularidades que figuran en la resolución de la IGJ:

· En 18 años Caputo Hermanos S.A no entregó ni un solo balance a la IGJ.

· No inscribió a sus directores y cambios de sede.

· No abonó las tasas anuales de inspección desde 2008. Recién ante la intimación del organismo fue y pagó una parte.

· Es una sociedad “infracapitalizada”, ya que nunca modificó su capital inicial “y realiza actuaciones no previstas en el estatuto social” como “formar parte de los contratos de fideicomiso”.

· “Las actas de directorio son falsas, simuladas y se destacan por la falta concreta de información sobre la gestión del directorio. Son actas absolutamente formales e ilegítimas”.

· “No existen actas de directorio que se refieran a la constitución funcionamiento y resultados de los fideicomisos, Santa Clara al Sur, constituido en 2013 y Espacio Añelo constituido en el año 2019”. Tampoco hay referencia a los estados contables. Ninguno de los fideicomisos está inscripto en la IGJ como exige la resolución 3/2020. “El estatuto de la sociedad no incluye en su objeto su actuación como fiduciaria en contratos de fideicomiso”, señala el documento.

· Todas las decisiones son tomadas por “el único director” y “nunca se ilustra sobre los resultados de la sociedad”. Las actas sólo en algunos casos se limitan a decir si hay pérdidas pero no informa el monto y destino. Hay actas de 2018 a 2021 que no tienen las firmas ni del presidente ni del auditor.

· La sociedad no reparte dividendos.

“Cabe recordar que nuestro país forma parte activa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que impone al Estado Argentino y a sus organismos de control prevenir, investigar y eventualmente sancionar la utilización de sociedades (u otras estructuras jurídicas) como vehículos para el financiamiento de grupo terroristas. En este orden de ideas cabe señalar que conforme ya es de público conocimiento Caputo Hermanos S.A. tendría vinculación comercial y financiera con algunas de las personas humanas que integran el grupo denominado Revolución Federal que violentamente difunde proclamas o sostiene actividades en contra de nuestro régimen democrático de gobierno”, advierte también la IGJ.

Ahora Caputo Hermanos deberá pagar una multa de 1,8 millones de pesos, será fiscalizada intensamente y tiene una prórroga de cinco días para entregar la documentación pendiente (todos los libros contables, principalmente), de lo contrario vendrán medidas más severas o una denuncia, más allá de la investigación por el financiamiento de Revolución Federal.