70 aniversario de la declaracion de los DDHH
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos.
Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Setenta años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debemos reconocer que la mitad de la humanidad no goza, ni siquiera en lo más mínimo, de una justa consideración de su identidad y condición, pese a los notorios progresos en ámbitos tan importantes como la lucha contra la tortura, la sanción jurídica de la violencia contra las mujeres y el reconocimiento de los derechos de los refugiados y emigrantes.
Defender las ideas y misiones enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos significa, ante todo, luchar contra la pobreza. La lucha contra la pobreza constituye una problemática a la que se debe dar la máxima prioridad en los programas del estado, los encargados de la adopción de las políticas públicas, de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, de las asociaciones no gubernamentales, y la sociedad civil.
Es decir, ante una crisis, no es ninguna salida “ajustar” los derechos mínimos garantizados, estos son indisponibles, indivisibles, y como ya dije son el mínimo que debe defender, por lo que sólo pueden aumentarse. Es el mínimo que el Estado debe garantizar y que el pueblo tiene el derecho y el deber de exigir.
Como regla, el Estado debe garantizar los derechos civiles y políticos absteniéndose, debe mantenerse al margen y sólo intervenir en colaborar en que el ejercicio del derecho pueda desarrollarse sin inmiscuirse, sólo resguardar que la ciudadanía pueda ejercerlo. Estamos hablando de la libertad de expresión, del derecho de protesta, entre otros.
Se ha previsto a la flagrancia en la provincia como mecanismo para disciplinar al pueblo, se ha realizado un protocolo antipiquete (además de la Ley Antiterrorista) en la nación, lo que muestra un Estado que interviene para callar la pobreza que detona reclamos de derechos fundamentales.
Como si no alcanzara, se decretó el gatillo fácil recientemente. Así no sólo interviene cuando tiene obligación de abstenerse sino que lo hace para reducir aún más el piso mínimo de derechos hasta el punto de dar permiso para matar a quienes ejercen sus legítimos reclamos.
Para reducir el análisis al ámbito provincial basta indicar no sólo el interminable listado de personas sin vivienda, en condiciones de hacinamiento o vivienda precaria, sino la decisión política de actualizar las cuotas de las viviendas sociales en desmedro del propio ejercicio del derecho.
En materia laboral basta nombrar a Cerámicas San José, ITEC, Electrometalúrgica Andina, y su saldo desgarrador de despidos y precarización.
En estas materias es donde debe intervenir el Estado con un plan de gobierno popular que ofrezca soluciones a los problemas de la gente, que permanezca en la defensa de los derechos humanos, que escuche los reclamos en vez de amenazar con flagrancia.
La Declaración de derechos humanos que hoy conmemoramos a 70 años de aquel 1948, surgió luego del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y de Hiroshima y Nagasaki, en el contexto de una humanidad devastada y de prácticas fascistas.
Diseñar y concretar un programa popular, protectorio de derechos humanos, promotor de una verdadera independencia es la tarea que en unidad contra estas políticas neoliberales, entreguistas y antipopulares, debe poner freno en miras de liberar a nuestro pueblo.
Por último, no puedo dejar de mencionar aunque sea muy sucinto, que la declaración de derechos humanos de 1948 fue la declaración de derechos humanos de los varones.
Fue en la Conferencia de Viena de 1993, cuando las mujeres tuvimos que exigir que expresamente se diga que cuando se habla de derechos humanos también se habla de las mujeres, debido a que no nos reconocían parte de la primera Declaración. Quizás las mujeres estamos celebrando nuestro 25° Aniversario como partes. Esto, a propósito de quienes insisten en que no hay desigualdad entre hombres y mujeres o no quieren entender la necesidad y la justicia que la perspectiva de género que garantizan nuestras leyes, traen consigo, en camino a la construcción de una sociedad más equitativa.