Para la ministra de Seguridad, el problema de los femicidios está «en la Justicia»
En diálogo con FutuRöck, sostuvo que «estamos viendo que las medidas disponibles son poco eficientes», aseguró que «las medidas de restricción no detienen al agresor» y dijo que «el problema está en la Justicia» que debería «actuar más rápido».
Desresponsabilizando al Estado, y culpabilizando a las víctimas, dijo también que el problema es que hay «un porcentaje altísimo de mujeres que no denuncian o denuncian tarde», por lo que llamó «a las provincias a trabajar sobre el abordaje de masculinidades y la problemática de los varones que no pueden respetar el ´No´ de una mujer».
Finalmente, sostuvo que «son una minoría los integrantes de las fuerzas de seguridad» que cometieron femicidios, aunque manifestó que «es una deuda» de su cartera ser «más rápidos y eficientes» en las políticas hacia ellos.
Las declaraciones de la ministra contrastan con los datos brindados por los propios organismos del Estado. Según un informe reciente de Asuntos Internos, solamente la Policía Bonaerense, a cargo de su par Sergio Berni, tiene 6 mil agentes activos denunciados por violencia machista. El 80 % está en funciones. El dato no es menor. A nivel nacional, según CORREPI, esa impunidad se traduce en otra cifra alarmante: uno de cada 5 femicidios es cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad que Frederic, y lo hacen utilizando el arma reglamentaria. ¿Porqué siguen impunes? ¿Porqué se los encubre?
Como advierten desde CORREPI, “esto da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”. Años de trabajo y militancia incansable de organismos de derechos humanos y del movimiento de mujeres permitieron desenmascarar esto: no es un policía, no es un juez que actúa lento. Es toda la institución, y el Estado es responsable.
Hoy, mientras el oficialismo promueve gestos y reformas, el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura se suma al largo listado de más jóvenes y mujeres muertas a manos de este flagelo: más que los días que han pasado desde el inicio del año.
La ausencia de refugios, de planes para el acceso a las viviendas y el empleo, de licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, de subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar, de acompañamiento de equipos interdisciplinarios; la elección de los jueces y los juicios por jurados; el desmantelamiento de las fuerzas represivas y el cese de la impunidad; son medidas que ya mismo se deberían estar implementando como parte de una Plan nacional de emergencia contra la violencia de Género, tal como proponen los diputados y diputadas del Frente de Izquierda. Por el contrario, mientras se siguen creando secretarías, la condena recae sobre todas las mujeres y disidencias y, en particular, sobre las que menos recursos tienen: las más jóvenes y pobres.
Por Úrsula, por Guadalupe, por todas, este 8 de marzo salimos a la calle.
FUENTE: La Izquierda Diario