Un debate sin condiciones

SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

A partir de 1921 el aborto dejó de estar prohibido en Argentina en determinadas circunstancias. El artículo 86 del Código Penal de la Nación estableció excepciones a la punibilidad del aborto: en los casos de peligro para la vida o de la salud de la mujer en situación de violación o “atentado al pudor de mujer demente o idiota”. (La OMS define salud como estado de bienestar físico, mental y social).
Cada vez que ocurría un caso se judicializaba y dependía de la interpretación del juez la práctica del aborto. La demora judicial hacía que el aborto fuera inviable por el avance del embarazo.
En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia buscando terminar con las judicializaciones de los casos. Exhortó a implementar y hacerla operativa mediante protocolos hospitalarios de actuación.
En junio de 2015 el Ministerio de Salud de Nación publicó el protocolo que estableció que es “de aplicación obligatoria en todas las instituciones sanitarias tanto públicas como privadas”. El mismo no fue acompañado por una estrategia que promueva su difusión y aplicación por parte de las autoridades. Sólo 9 de 24 jurisdicciones poseen protocolos propios de atención de abortos no punibles.
Las estadísticas hospitalarias, según el Ministerio de Salud de la Nación dan cuenta de 53.000 internaciones anuales por aborto. Informe “situación del aborto en la Argentina 2017”. Entre 2007 y 2011 el 23 % de las muertes maternas derivaron de aborto inseguro. En 2010 las complicaciones por aborto en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna. Los datos los proporcionan organismos como CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer) y CEIS (Estudios legales y sociales)
En favor de la prevención desde los movimientos de mujeres impulsamos la sanción de leyes como:
Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 25.673 sancionada en octubre 2002.
Ley de Educación Sexual Integral 26.150 aprobada en 2006.
Ley de ligaduras de trompas de Falopio y ligadura de conductos o vasectomía de agosto 2006.
Como se ve legislación no nos falta. Falta decisión política para aplicarla. Los gobiernos son responsables del balance negativo del cumplimiento de estas leyes en todo el país.
En San Juan, gobierno de Escobar, tuvimos que elevar demandas pues se vencían los anticonceptivos y no querían entregarlos. Implementaron el Plan Mujer y los diputados Papanno y Miranda elaboraron proyectos de salud sexual y reproductiva con participación de nuestro movimiento que fueron presentados y no tratados. Hoy sí se entregan en las salas de salud, pero no se avanza en la aplicación de programas educativos e informativos previstos en la ley. El aumento de embarazos adolescentes es alarmante. Hemos elevado propuestas al Ministerio de Salud, no han sido consideradas.
Adherimos a la triple consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Con la penalización la única penalizada es la mujer. Quien dispone de 7 a 9 mil pesos acude a un médico con condiciones seguras, las más pobres corren más riesgos, son las que más hijos tienen y sufren mayor desigualdad. La legalización no obliga, garantiza derecho a quien solicita la práctica.

Macri no nos marcará la agenda
La situación socio-económica actual coloca a las mujeres cada vez en mayor situación de vulnerabilidad: se discrimina por número de hijos para acceder a un trabajo formal, algunas empresas despiden a las embarazadas; las oportunidades laborales son escasas, informales y mal pagas, es dificultoso el acceso a la salud, educación y justicia. El constante aumento de precios de los productos básicos y de tarifas agobia principalmente a la mujer que en su gran mayoría asume la organización familiar. Por ello miles de mujeres participaron de la imponente movilización del 21 de febrero reclamando al gobierno de Macri dar respuestas a la grave situación del país y a las mujeres como parte del mismo.
En el marco del clima social reinante con avance en la unidad de los sectores populares, Macri aprovechó la gran movilización de mujeres en Capital Federal, reclamando el tratamiento del anteproyecto de Aborto legal seguro y gratuito, para anunciar que abrirán en el Congreso el debate sobre la legalización del aborto. Un anuncio oportunista, que intenta desviar las críticas a su gestión que se expresarán, desde ya, en las marchas del 8 de marzo en todo el país. Marchamos por trabajo, condiciones laborales, contra el aumento de la edad jubilatoria, por el cumplimiento de todas las leyes específicas vigentes, por la legalización del aborto.

Sara Perla Welner

del Partido del Trabajo y del  Pueblo