El Presidente derogó la intervención de Vicentin
Esta tarde el Presidente, Alberto Fernández, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para suspender la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin, que había anunciado el 9 de junio pasado. “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, escribió el jefe de Estado en su cuenta personal de Twitter.
Según el mandatario, el juez interviniente en el curso “no ha permitido hasta aquí” que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía, así como impidió el acceso a la intervención de su gestión “y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, afirmó Fernández.
Y agregó: “Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
Ante dichas imposibilidades, el Presidente manifestó que no está dispuesto a “adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, concluyó.
FUENTE: EL ECONOMISTA