13 mil familias sanjuaninas en peligro
Cerca de tres centenares de trabajadoras y trabajadores precarizadxs llegaron a esta capital acuciados por la amenaza de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ordena dar de baja a unos 13 mil planes sociales que benefician a familias emprendedoras y trabajadorxs temporarixs de la provincia de San Juan. Una pinza policial les impidió el acceso a la sede del Ministerio por lo que decidieron acampar en la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Gabriela Almaraz, Secretaria Administrativa de CTA-A San Juan, una de las referentes del reclamo explicó a Acta: «Venimos a acompañar a los trabajadores precarizados que están demandando la continuidad de sus planes sociales que están amenazados por el gobierno nacional. Los proyectos productivos que llevan adelante los compañeros son muy importantes y tienen que ver con la economía popular, capacitación y producción en textiles y gastronómicos entre otras actividades que luego son algunos de ellos comercializados en ferias para subsistencia de las familias».
La dirigente señaló además: «Nos hemos juntado con compañeros de distintas organizaciones que están amenazadas con perder sus ingresos; por eso hemos hecho este viaje de tantos kilómetros para acampar acá porque Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo son los que tienen que dar respuesta».
Almaraz también abordó la situación socio-económica que vive la provincia: «En San Juan se profundiza la pobreza y el ajuste del gobierno nacional que provoca cada vez más desempleo. Si le recortan además estos ingresos a nuestras familias, cuando ya de por sí los planes representan muy poca plata, es una situación desesperante».En tanto que Alejandro Ganyitano, dirigente de la Agrupación de Trabajadores Rurales y Vitivinícolas Santo Guayamas y Secretario General de la CTA Autónoma del Departamento San Martín de la provincia de San Juan, recordó que la sanción de la Ley de Emergencia Social fue un logro de las organizaciones territoriales de todo el país. «El año pasado luchamos y conseguimos la Ley que posibilitaría que se invierta cerca de 34 millones de pesos en todo el país para atender la problemática de estos sectores que hoy están acá».
Al tiempo que denunció: «Estamos viendo que esos recursos no llegan a las provincias de una manera equitativa y federal sino que son distribuidos de manera mezquina en base a criterios de oportunismo político y de amistades. Por ejemplo, la gobernadora Vidal recibe fondos muy por encima del resto, en tanto que a los sanjuaninos nos dan de baja 13 mil planes sociales. Por eso estamos acá exigiendo que nos reciban los funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social».
Gayitano explicó que esta decisión del Ministerio de Trabajo afecta por sobre todo a una población que ya tiene condiciones de vida vulnerables como son las mujeres entre 45 y 60 años, con dificultades para insertarse en el mercado laboral, víctimas de violencia: «En nuestras organizaciones y gracias a estos ingresos, tienen contención y pueden acceder a capacitación y formar parte de proyectos productivos de un colectivo que las incluye».
«En mi caso, también represento a los trabajadores vitivinícolas y nos vemos muy afectados por el modelo económico que prioriza la importación en desmedro de la producción local. En nuestro sector, que es la producción de uva y la vinificación, es alarmante que el gobierno promueva la importación de vino en vez de proteger la producción local. Achicar el gasto y generar desempleo parece que es la consigna de este gobierno. Por eso, no nos vamos a ir de acá sin un respuesta.», conluyó Gayitano.Desde el primer momento, dirigentes de la Central llegaron al acampe para brindar su apoyo y ponerse a disposición de los compañeros. En representación de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA-A estuvieron presentes Daniel Jorajuría, Secretario Gremial; Mario Barrios, Secretario de Acción Social; Jorge Castro, Secretario Gremial de CTA-A Buenos Aires, Silverio Gómez, titular de UCRA y Marcelo Cappiello del Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero.
Reunión con Diputados
Tras dos días de acampe y con el Congreso cerrado, los compañeros y compañeras fueron recibidos ayer por un grupo de Diputados Nacionales, entre los cuales se encuetran Luis Gioja, Cristina Álvarez y Hugo Yasky. Allí los referentes de las organizaciones explicitaron el conflicto de manera detallada, exponiendo que ni el Ministerio de Desarrollo Social ni el de Trabajo dieron respuestas: «se tiran la pelota uno a otro», dijeron.
«La situación es que Trabajo dice que ya pasó a acción social y acción social dice que no», explicó Daniel Jorajuria, Secretario Gremial de la CTA Autónoma, quien acompañó la reunión junto a Mario Barrios, Secretario de Acción Social de la Central. «Lo que se le solicitó a los legisladores es que hagan las gestiones necesarias ante estos Ministerios, y que hagan una solicitud de prórroga de los planes hasta que haya una solicitud definitiva, ya que se trata de la gente más postergada y necesitada de nuestro país».
Jorajuria explicó a ACTA que «a nuestro entender, la trampa está en el propio acuerdo que firmaron el Gobierno con tres organizaciones sociales nacionales, donde aparece un punto implícito, que implica que son esas tres organizaciones son las únicas que pueden elevar los listados de planes. El Gobierno no puede ampliar la cantidad de planes y pide que vayan a negociar con esas organizaciones. Por supuesto que esto se ve agravado por la ola de despidos y la creciente desocupación que hay en el país», indicó.