La mostera ENAV pasa a control estatal

El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se interviene la empresa VICENTIN SAIC, dedicada fundamentalmente a la exportación de alimentos y cuyo origen se remonta a la provincia de Santa Fe. Se toma esta medida en momentos que la familia Vicentín traspasaba activos a empresas extranjeras para saldar parte de su abultada deuda. Unos de sus acreedores más grandes es el Banco Nación Argentina que le otorgó cuantiosos préstamos en la gestión de Mauricio Macri. En la actualidad la empresa está en cesación de pagos y con un concurso preventivo de quiebra. El proyecto enviado al poder legislativo incluye la expropiación de dicha empresa y la formación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario será el estado argentino titular de los activos expropiados; y quien actuará como fiduciante será la empresa YPF SA a través de su subsidiaria para temas agroexportables YPF AGRO SA.
En San Juan la firma VICENTIN SAIC es propietaria de ENAV SA, dedicada a la producción de Jugos Concentrados de Uva (JCU), uno de los principales actores en el mercado de mosto. Esta empresa tiene una planta de molienda y almacenaje en Chimbas, bodegas en Media Agua y fincas en varias localidades. ENAV-SA pertenecía al grupo Cartellone y fue adquirida en el 2017 por la firma Gin Cotton SA de la familia Vicentín, en momentos que el holding expandía sus operaciones en el rubro de exportación de alimentos.
ENAV SA, en la actualidad produce 12.000 toneladas de JCU con un plantel superior a las 100 personas y procesa el 20% de la uva que tiene ese destino en la provincia, es decir que muele cerca de 100 millones de kilos de uva. En el 2019 el complejo mostero de San Juan vendió al mundo Jugos Concentrados de Uva por casi 60 millones de dólares (252 millones de pesos), representando el 5,6% del total de las exportaciones.
El control de ENAV por parte del estado abre un debate del que ya se han hecho eco algunos empresarios vitivinícolas que alarmados protestan por esta situación. Algunos de ellos sin pudor critican la estatización y defienden la libre empresa, pero son asiduos visitantes de despachos oficiales en busca de subsidios y prebendas estatales. Lo más extraño del caso que algunos viñateros critican esta medida, pero siempre fueron víctimas de la fijación de precios por parte del oligopolio, en este caso oligopsonio (mercado con pocos compradores de uva con destino a JCU).
Lo primero que habría que decir es que es una estatización a medias, porque el ente fiduciante será YPF SA que es una empresa mixta, es decir que las decisiones se toman en un directorio con mayoría estatal. Cuál sería la injerencia del gobernador como representante del estado provincial, en principio ninguna. ENAV seguirá siendo una empresa como es hasta el día de hoy, pero abre las puertas al debate sobre la necesidad de una empresa estatal que sea un jugador fuerte en el mercado de las uvas para un desarrollo soberano y autónomo de la provincia. Veamos algunas implicancias de esto.
El Estado provincial hoy es financieramente dependiente de la recaudación nacional de impuestos, esto socaba cualquier pretensión autonomista, el federalismo de la constitución del 53 se convierte en letra muerta. Sin recursos genuinos no puede llevar adelante una planificación regional autónoma, siempre estará atado a la práctica del ‘lamebotismo central’, exacerbada en las últimas gestiones gubernamentales. El estado debe dejar de ser un recaudador de impuestos y transformarse en un planificador de la producción y la distribución de la riqueza que garantice las necesidades básicas de la población. El Estado no debe guiarse por la búsqueda del lucro empresario, sino por la idea de la distribución de la riqueza, esto es la construcción de infraestructura social, escuelas hospitales, viviendas, clubes deportivos, e inversión estructural como caminos, represas, parques eólicos, etc.

Dejar al mercado la asignación de recursos y el control de la economía, como pregonan los liberales, condena a la languidez a las provincias marginales como San Juan, una provincia outsider de los mercados con una relevancia mínima. El estado debe ser motor de crecimiento y para eso debe participar como actor económico que resuelva las inequidades que las fuerzas del mercado generan. Más allá de la experiencia de la CAVIC como empresa estatal de vinos en los años 80, hoy hace falta un proyecto que devuelva al Estado poder de decisión en un mercado regional tan importante como el vitivinícola. Según las notas periodísticas, las empresas del sector muelen 500 millones de kilos de uvas por los que pagan $6,5, al productor viñatero (menos de 10 centavos de dólar). Ese valor debe alcanzar para pagar la vendimia y volver a iniciar el ciclo productivo, amortizando el capital y dejando una ganancia media que permita vivir al productor. Con esos precios para la uva en un mercado concentrado con pocos compradores, los viñateros tienden a desaparecer entregando sus fincas a proyectos urbanísticos, retirando del esquema productivo las mejores tierras recibiendo por adelantado la renta de su tierra como forma de pago. El estado como comprador en este mercado podría dinamizar el sector, fortaleciendo al productor, mejorando las condiciones de trabajo del obrero y apostando al ahorro interno para nuevos proyectos de inversión. Y todo eso sería posible estableciendo el precio como actor en el mercado. Hoy el INV que debería ser el que fija el precio de acuerdo con estos conceptos está a merced de los monopolios vitícolas.

Tenemos que volver al camino de empresa estatal para avanzar como provincia, después de años que nos dijeron que lo público era ineficiente y fuente de corrupción, argumentos que sirvieron para cerrar la CAVIC, malvender el banco San Juan y la empresa de distribución de energía eléctrica, desplazando el control de palancas claves para el crecimiento económico, fuera de la provincia. No hay desarrollo posible sin ahorro interno, pero si el banco más importante toma los ahorros locales para comprar bancos en otros lugares y no retorna las utilidades, entonces vamos por mal camino. Si la energía eléctrica es vista como un servicio rentable y no como una gran palanca para proyectos que multipliquen las fuerzas productivas, entonces vamos por mal camino. Si los monopolios extranjeros drenan nuestras riquezas y solo obtenemos migajas, entonces vamos por mal camino. En definitiva, para transitar un camino de desarrollo autónomo y sustentable y desatar las trabas que impiden la liberación de las fuerzas productivas hace falta un estado con fuertes empresas y control del pueblo.

Emilio Furlán
Licenciado en Ciencias Políticas