Robo escandaloso a los jubilados: el ajuste es de $34.000 millones

El gobierno se ahorrará $ 34.000 millones entre enero y agosto gracias al ajuste discrecional que realizó en jubilaciones y pensiones suspendiendo la Ley de Movilidad, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Este estimación, cabe aclarar, no incluye posibles bonificaciones por decreto, es decir, “si el gobierno no diera más bonos, el ahorro del gasto que tendría entre enero y agosto sería de $34.000 millones (0,11% del PBI)”, indica el informe.

Este cálculo proviene del recorte en el aumento de haberes. Comparando con lo que corresponderia por la ya confiscatoria Ley de Reforma Previsional votada en 2017, en vez de un aumento generalizado de 23,71 % acumulado entre enero y junio (11,56 % en marzo y 10,89 % en junio) el aumento fue mucho menor. Para los jubilados de menores ingresos fue de un 19,87 % (de un 2,3 % en marzo más una suma de $ 1.500 y 6,12 % en junio), y de alrededor de un 10 % para los de haberes de mayores ingresos.

En el caso del aumento de marzo de 2,3 % con la suma fija de $1.500, el IARAF marca que no hubo diferencia con respecto a lo que corresponderia por la Ley de movilidad para aquellos que percibieron $16.200. Para los que estaban por debajo de ese monto el cambio los benefició, pero para todos los que cobraban por encima (unas 2 millones de jubilaciones y pensiones) fueron perjudicados.

Con este aumento, la consultora PxQ de Álvarez Agis, un economista afín al gobierno, estimaba un ajuste de $ 17.000 millones entre marzo y mayo.

Para junio, en cambio, el aumento es de 6,12 % generalizado, “el porcentaje de actualización es menor para todos los jubilados sin importar el monto percibido de haberes”, lo cual implica “solo el 56 % del aumento automático que correspondería con la Ley de Movilidad”, detallaron en el informe.

De esta manera, “desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, pero también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por Ley”, concluyeron desde el IARAF.

Sacarle a los jubilados, beneficiar a las patronales

El paquete de medidas que el gobierno viene aplicando desde inicio de la cuarentena implica entre abril y junio unos 1,7 billones de pesos, 5,6% del PBI, según dieron a conocer desde el Ministerio de Economía.

Este monto se divide en dos grupos: uno asignado para créditos y “facilidades financieras” de $ 640 mil millones, un 2,1 % PBI; y otro de inyección directa. Veamos este último.

Si empezamos a desglosar, encontramos que el paquete fiscal de emergencia (IFE, ATP y bonos excepcionales) representa sólo en el mes de abril $ 350 mil millones, que si sumamos mayo y junio el total alcanzaría un valor de $ 1,05 billones (3,5 % del PBI).

Ahora bien, el gobierno no ha publicado cuánto se destinará para cada programa. Sin embargo podemos hacer algunas estimaciones:

En cuanto a IFE, alrededor de 7,8 millones de personas fueron aceptadas para recibir el beneficio en la primera tanda, aunque hasta ahora sólo se cobraron 6 millones de ingresos familiares. Desde el gobierno prometen una segunda tanda de $ 10.000. Suponiendo el mejor de los casos, de que cobren todos (los 7,8 millones) y las dos tandas de asignaciones ,el gobierno destinaría $ 156.000 millones.

En cuanto a las ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción), el monto desembolsado en abril alcanzó a 1,3 millones de trabajadores que desde el gobierno aspiran a cubrir a 2,6 millones de asalariados ya registrados por las empresas habilitadas para mayo. Sin embargo desde producción y anses su meta estiman en 3 millones.

Ahora bien, el decreto que regula las ATP menciona que el monto del pago de la ANSES es equivalente al 50 % del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo ($ 16.875) ni superar dos salarios mínimos ($ 33.750), o al total del salario neto correspondiente a ese mes. En este sentido, cubriendo a los 2,6 millones de asalariados de máxima se desembolsarían por los 3 meses (abril, mayo y junio) hasta $ 261.300 millones, significando un ahorro directo para las empresas.

Las ATP implican subsidios desde el estado a las patronales para pagar salarios, una herramienta que improvisó el gobierno ante el aumento de despidos, suspensiones y recortes salariales de las distintas empresas, una concesión para “garantizar” la fuentes de trabajos ante la cuarentena. En tiempo de ganancias, estas son privadas, pero en tiempo de “pérdidas” estas se socializan utilizando recursos del estado, incluso los fondos del anses.

Por parte de las ATP,  el gobierno pagó salarios en gran medida a grandes empresas de mas de 100 y 800 trabajadores, como Clarín, Techint, Ledesma, Volkswagen y Mercedes-Benz, hasta la mismisima Sociedad Rural Argentina. Los grandes beneficiados de siempre, los “fugadores seriales” del macrismo, hoy reciben el apoyo estatal para pagar salarios; y más aún el gobierno tuvo que reforzar controles ante denuncias hacia empresarios que usaban las ATP para comprar dólares o distribuir utilidades.

El gobierno salva la ganancia del mundo empresario con grandes desembolsos, mientras que a los sectores más vulnerables les ofrece unos escasos $ 10.000 para más de dos meses de cuarentena, con muchos problemas e interminables trámites para entregarlo e incluso dejando a muchos por fuera. Pero para las asistencias a empresas, el trámite parece ser mucho más rápido y directo y de forma prácticamente universal, incluso dando subsidios para cubrir el ingreso de ceos.

El orden de prioridades debe pegar un giro. Mientras la pobreza aumenta cada dia, un impuesto a las grandes fortunas como plantea el FIT-U, entre otras medidas, se hace necesario para poner la economía en función de los intereses de las grandes mayorías.

FUENTE: LA IZQUIERDA DIARIO