Encerradas sin derecho a decidir

MADRID — Leo el mensaje de una chica en una red social que necesita “una misa” con urgencia y tardo un poco en comprender que no se trata de una creyente que clama por volver a la iglesia en pleno confinamiento. En el argot que comparten los grupos de apoyo feminista la “misa” es la pastilla abortiva misoprostol. También le llaman “caramelos”. Pero no diré nada más porque podría ponerlas en riesgo.

El aborto no es libre, seguro ni gratuito en el Perú. Hay cientos de mujeres que han sido llevadas a juicio por hacerlo. Solo es legal en caso de amenaza a la vida o salud de la gestante. En tiempos normales, lo lógico es tener miedo, usar códigos secretos. Pero desde que llegó la pandemia y se adoptaron medidas de distanciamiento social y cuarentena, esa situación no solo subsiste sino que se agudiza. Ahora, ni siquiera muchos de los casos contemplados por la ley son atendidos.

Nada, ni una pandemia global, justifica la desatención de mujeres y niñas que desean interrumpir sus embarazos. La crisis sanitaria solo ha desnudado que nuestra salud sexual y reproductiva nunca ha sido una prioridad en el Perú. ¿Vamos a permitir que se siga criminalizando el derecho a decidir de las mujeres en un momento de tanta vulnerabilidad?
Muchos agresores han aprovechado el aislamiento para continuar perpetrando ataques en el seno de sus propias familias. Desde que comenzó la cuarentena en el Perú, se han reportado aproximadamente 287 casos de violaciones sexuales contra menores de edad, sin contar las que no se denuncian. Estos se suman a los casos que se acumularon en los primeros meses del año. En lo que va de 2020, al menos 268 niñas menores de 14 años han tenido partos y, desde los últimos años, un promedio de cinco niñas son obligadas a ser madres cada día.

Al implantarse la cuarentena se multiplicaron los obstáculos para las mujeres que necesitan abortar en el Perú. Y, como antes de que el virus se expandiera por el país, siguen pagando, cuando pueden, por abortos clandestinos que, muchas veces, son caros e inseguros. La diferencia es que ahora tienen mucho más limitada su capacidad de movimiento y si salen a la calle corren el riesgo de que las detengan si violan el toque de queda. Han tenido que recurrir con mucha más asiduidad a las organizaciones autónomas de mujeres que continúan trabajando para ayudarlas, acompañándolas estén donde estén.

Serena Morena es una de ellas. Conozco bien a sus integrantes. Son un colectivo que hace acompañamientos a mujeres peruanas y que han visto cómo se han complejizado los procesos de aborto desde el inicio del confinamiento. No siempre son exitosos, pero según una encuesta de la oenegé Promsex, el 83 por ciento de las mujeres que usó pastillas no necesitó ser internada. El aborto con misoprostol (34 por ciento) es el segundo método más usado a nivel nacional y el más frecuente en mujeres que no acuden a un profesional de salud (53 por ciento).

Pero en estos días de “nueva normalidad” las Serena Morena han tenido que atajar varios picos de asistencia. La mayoría de los consultorios están cerrados y también los hostales, donde se podía hacer en privado. Han atendido a chicas que fueron descubiertas por sus madres, padres o parejas abortando con misoprostol en casa. En muchos casos sus familias han detenido los procesos y obligado a continuar con sus embarazos. También han detectado un aumento de mujeres que, apremiadas por no poder salir de sus casas, compraron pastillas adulteradas en internet por sumas altas de dinero.

Parecía que en el contexto de la emergencia de la COVID-19 nadie repararía en esto, hasta que una periodista del portal Wayka le planteó una pregunta al presidente Martín Vizcarra: ¿Las niñas que han sido agredidas sexualmente durante la cuarentena han recibido el kit de emergencia gratuito que, desde el año pasado, el Estado se comprometió a darles? La pregunta venía al hilo del reporte de la Defensoría del Pueblo sobre una niña víctima de violación a la que se le había negado el kit de anticoncepción de emergencia —que incluye la pastilla del día siguiente— en un hospital de Chiclayo.

El presidente se quedó mudo y los representantes del gobierno no pudieron responder.
El sistema público peruano enfocado en la salud reproductiva y sexual de las mujeres ha ignorado las directivas. Así que ante la falta de acompañamiento del Estado, las mujeres están acudiendo a las redes de ayuda de colectivos feministas. Pero esas redes no dejan de ser limitadas y sin apoyo institucional no pueden cubrir toda la demanda (además de poner en riesgo no solo a la mujer que decide abortar sino también, legalmente, a las que la cuidan).

Es por eso que el gobierno peruano debe tomar acciones de inmediato. Hay modelos que, en caso de que despenalizara el aborto, podría tomar como ejemplo para atención a distancia. En varios estados de Estados Unidos se utiliza la telemedicina para monitorear aborto. En estos momentos —sobre todo en los lugares donde la red pública de hospitales y clínicas está saturada— es una alternativa que ha probado ser efectiva. En pleno estado de emergencia, el gobierno del Perú no puede seguir sometido a las presiones de los lobbys antiderechos reproductivos de las mujeres y actuando con indolencia a la hora de hacer cumplir la ley.

Los sectores conservadores, incluso en el propio Congreso, han intentado impedir que el aborto terapéutico que existe en Perú desde 1924 se aplique hoy. Algunos de estos grupos acusan al gobierno de aprovechar la emergencia por la COVID-19 para propagar el aborto. Atacan el aborto terapéutico con el fin de hacernos retroceder y apuntalar su propia agenda.

El acceso al aborto en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica es discriminatorio y sigue negando derechos a niñas y mujeres pobres y en circunstancias precarias. En momentos como este, mientras siguen aumentando los contagios del coronavirus y el gobierno acaba de ordenar una nueva prórroga de la cuarentena hasta el 30 de junio, el sentido común debería dictar a las autoridades la legalización automática del aborto por lo menos en los casos de violación sexual (cuyos casos se podrían seguir a través de la telemedicina) y la implementación de un sistema de control público riguroso que garantice que ninguna niña sea forzada a llevar a término un embarazo.
La pandemia ha radicalizado las desigualdades sociales pero también podría ser la oportunidad para poner al alcance de las mayorías una salud sexual y reproductiva de calidad.

FUENTE: NEW YORK TIMES