CONTROL DE PRECIOS CON CONTROL SOCIAL
Control de precios y comités de emergencia social con participación popular para garantizar justicia.
El gobierno nacional facultó mediante un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia a los intendentes de todo el país a ejercer la ley de defensa de la competencia, con la cual podrán realizar control de precios, aplicar sanciones en el caso de que se encuentren aumentos excesivos en los comercios de barrio, y aquellos que no cumplan con el congelamiento de precios que determina que todos los precios deben retrotraerse al 6 de marzo de este año.
Esta medida ha tenido el visto bueno de la mayoría de los intendentes tanto del oficialismo como de la oposición, que ven una herramienta más para poder ponerle un freno a los aumentos de precios en los comercios de barrios, los que han visto aumentada la demanda por el hecho de encontrarnos en aislamiento social obligatorio.
Es una medida importante en el marco de cuidar el bolsillo de los vecinos, pero también puede ser perjudicial para la unidad del pueblo si se aplica con animosidad coercitiva, y sin tener en cuenta los distintos factores que componen la cadena de valor hasta llegar al almacén del barrio.
Es importante determinar donde se produce el desfasaje en los precios, si es en la producción, en la distribución o si realmente hay comercios de barrio-minoristas- que están aprovechando una situación de crisis para generar ganancias más abultadas que las habituales.
Para agravar la desconfianza popular esta semana asistimos a una situación sumamente compleja y particular, la compra de alimentos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistencia social, cuya compra fue acordada con sobreprecio. Este es un hecho grave, ya que en algunos casos se pagaron 38% por encima de lo establecido en algunos artículos por el programa precios cuidados. Se trata de Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL. Además, se demostró posteriormente que tres de estas empresas a las que se les realizó la compra tenían vínculos en común.
Este caso de cartelización de la producción de alimentos no es el único que encontramos en una Argentina donde las principales ramas de su producción están monopolizadas. A principios de este año cuando el gobierno nacional relanzó el programa “precios cuidados” la empresa azucarera Ledesma (la más importante del país) solicitó un aumento del 25% en el precio del azúcar para poder formar parte del programa. Ante la negativa de la Secretaria de Comercio Interior Paula Español, quien argumento que ese aumento era insostenible ya en el año 2019 los precios de Ledesma habían tenido un aumento del 100%, tanto Ledesma como Chango decidieron retirarse del programa precios cuidados. Este es un caso al que se le debe prestar atención ya que debido a la cartelización y la monopolización de un producto como el azúcar la formación de precios queda en manos de estos monopolios y los almacenes de barrio se ven en la disyuntiva de remarcar o dejar de vender el producto.
Por otro lado, el diputado Máximo Kirchner ha elaborado un proyecto de ley para establecer un máximo a las ganancias de los grandes supermercados. El proyecto establece un límite a la rentabilidad de los supermercados e hipermercados. Sería del 4%. El objetivo: que ganen por volumen de venta y no por precio. Circula un ejemplo ‘de moda’: Si el supermercado paga $100 un envase de alcohol en gel al productor, debería venderlo a $104. De esa manera el consumidor podría comprar incluso más de lo que compra hoy y subirían las ventas de productores y comercios. Esta es una buena iniciativa para combatir la especulación en este momento tan particular de crisis que atraviesa nuestro país y el mundo.
Volviendo al tema principal del artículo, es importante que sean los comités de crisis en sus distintos niveles los que tomen el problema de los precios en sus manos, y que a estos comités sean incorporadas las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, a los mismos almaceneros, organizaciones de jubilados, etc. Todas estas organizaciones tienen un contacto estrecho con la problemática de la gente, con la problemática de los barrios, de los consumidores etc., y es en conjunto con ellos que se debe trabajar para establecer los motivos de los aumentos de precios, si es por la especulación y las avivadas de algún comerciante local o realmente hay que buscar en la cadena de producción y distribución la especulación en la formación de los precios.
Por su puesto que no hay que darle lugar a la especulación que daña solamente a nuestro pueblo que con la economía ya paralizada se le hace muy difícil transitar el día a día y esto se complica aún más si hay inflación. A la especulación hay que combatirla y hay que sancionar a los que cometen abusos. Pero también es importante preservar el dialogo y la participación democrática de todos los sectores de la comunidad para determinar cómo se generan los problemas y buscar soluciones. Para esto no hay otra manera que formar los comités de emergencia social y en ellos incluir a todos los actores para tener un dialogo fluido y articular iniciativas para enfrentar la crisis.
Las organizaciones del campo popular son las más activas en este sentido, más activas incluso que muchos municipios que tienen un peso burocrático, son las que se han puesto al hombro la lucha contra el hambre, y por supuesto pueden llevar adelante el control de precios en los barrios y donde sea necesario. Además, han encarado una tarea incluso más grande que es la de unir al pueblo en la lucha contra el COVID 19. La CCC por ejemplo ha iniciado una campaña solidaria en todo el país y en la provincia. En esta campaña en San Juan nos hemos podido unir con muchos pequeños comerciantes de barrio que se han sumado a donar alimentos, artículos de limpieza e higiene etc.
Esta actitud del PTP-PCR, CCC y otras organizaciones partidarias, parte de una línea correcta de determinar cuál es el problema principal que debemos enfrentar como pueblo, en este caso la emergencia sanitaria y el hambre y de determinar también que hay que unir a la comunidad en esta lucha. Es así que vamos fortaleciendo la unidad entre los desocupados que atienden los comedores, los obreros ocupados que en algunos casos fabrican barbijos como también lo hacen las unidades productivas, los profesionales y los pequeños comercios que aportan sus donaciones, generando así una red de solidaridad y una dinámica por resolver los problemas del pueblo, que debería ser la tarea principal de los municipios y gobiernos provinciales, los cuales, muchas veces por tener una mirada sectaria de la realidad no lo hacen y terminan resolviendo entre tres o cuatro funcionarios que después son desbordados por la realidad.
Federico Suero
Coordinador CCC-San Juan