Escandalo en la OMC
“Me mandaron de regreso a Brasil. Acabo de aterrizar en San Pablo”, escribió Petter Slaatrem Titland a las 3:09 del viernes después de ser deportado de la Argentina. El líder del capítulo noruego de Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) había arribado a Ezeiza por la tarde pero no pudo pasar migraciones. Titland es uno de los 64 representantes de la sociedad civil a quienes el Gobierno argentino decidió prohibirles que participen en la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comienza mañana. La Embajada de Noruega solicitó a la Cancillería argentina que le permitieran ingresar y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus preventivo con el nombre de todos los individuos presentes en la lista negra elaborada por la Agencia Federal de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad. La vía diplomática se frustró por la negativa de ministerio encabezado por Patricia Bullrich. El accionar judicial que podría haber habilitado el ingreso de Titland fue desestimado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Al activista noruego deportado se suma el caso de Sally Burch, una periodista británica-ecuatoriana que se desempeña como directora ejecutiva de la agencia de noticias ALAI (ver aparte).
“Me echan de la Argentina sin argumentos. Lo único que me dijo una persona de seguridad fue que no me permitían ingresar por lo que dice en el sitio web de mi organización. Pregunté qué parte de la página consideraban violenta y no respondieron. Es absurdo”, explicó Titland a PáginaI12. Durante su estadía en Ezeiza el noruego fue seguido de cerca por un guardia de seguridad privada: “Se llama Jorge, es un tipo decente”, comentó en medio de la conversación donde cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri. “El retiro masivo de acreditaciones a manos del país anfitrión no tiene precedente en la historia de la OMC. Es un escándalo. Este hecho socava seriamente la legitimidad de las negociaciones y la OMC. Las acusaciones sobre la organización no tienen conexión con la realidad. Recibimos financiamiento del gobierno noruego para sus campañas en temas como política comercial y paraísos fiscales. Somos una organización no violenta”, expresó a este diario el noruego.
“Los miembros de Attac Noruega fueron muy activos en los disturbios durante el G-20 de Hamburgo”, aseguraron desde la Cancillería al reconocer que la información utilizada por la AFI para determinar los nombres de los activistas vetados provino de agencias de seguridad extranjeras. “Compartimos información vinculada a temas de seguridad con varios países para la organización de eventos de esta envergadura”, respondieron ante la consulta de PáginaI12.
Los esfuerzos de la seguridad argentina para bloquear la llegada de activistas de distintas ONG estuvieron concentrados en Ezeiza y Aeroparque. Quienes estaban en las listas negras pero ingresaron por otros pasos fronterizos fueron bienvenidos con la celeridad habitual por las autoridades competentes. Por eso, algunos representantes de la sociedad civil consideran que el accionar del gobierno argentino es apenas un ensayo aleccionador frente a la serie de eventos que tendrán lugar mientras el país presida el G-20.
Hacer migraciones en Ezeiza tampoco fue sencillo para Issabelle Bourboulon pero, a diferencia del noruego Titland, consiguió ingresar al país. “Cuando llegué a Migraciones mostré mi pasaporte y apareció un policía que me llevó a un cuarto apartado. Me dijeron que tenía que volver en el próximo avión a París. Nos habían anticipado que podíamos llegar a tener problemas para entrar a la Argentina. Por eso, alertamos de antemano al embajador francés en Buenos Aires con quien ya trabajamos en temas de cambio climático y se comprometió a intervenir ante las autoridades si había inconvenientes. Mientras esperaba en ese cuarto del aeropuerto llamé con mi teléfono a la embajada. Conversaba con los diplomáticos en francés cuando el policía se puso un poco incómodo y me pidió que corte la comunicación porque los problemas ya se habían resuelto”. Issabelle Bourboulon de la organización Attac France es una de las 64 representantes de la sociedad civil a quienes el Gobierno argentino intentó prohibirles el ingreso al país para participar en la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comienza mañana. “Tengo más de sesenta años y nunca ocurrió algo así. Es una situación inédita, ni siquiera paso esto cuando la conferencia de la OMC fue organizada por el régimen qatarí”, remarca en diálogo con PáginaI12 la activista francesa. En 1968, Bourboulon era adolescente pero con humor advierte que, tal vez, los agentes de seguridad que la anotaron en el listado la asocian con los eventos del Mayo Francés. “Nunca realice llamados de violencia, no es serio”, asegura la representante del capítulo francés de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) que está a punto de publicar un libro, el cuarto en su haber, sobre las guaridas fiscales.
Belgas y brasileños
La Rede Brasileira pela Intgracao dos Povos consiguió que el gobierno argentino repusiera la acreditación de una de sus delegadas para el evento gracias a la intervención de la Embajada de Brasil. Sin embargo, cuando arribó a Aeroparque la activista fue demorada durante dos horas por las autoridades de Migraciones. Por su parte, los representantes de organización belga CNCD 11.11.11 -una red con 90 miembros entre los que figuran Caritas, Oxfam y Médicos del Mundo- fueron vetados por el gobierno argentino pero la intervención de las autoridades del país europeo habilitó una vía intermedia. El Ministerio de Seguridad se opuso de manera taxativa al ingreso de uno de sus miembros y permitió la llegada de otro solo cuando el activista firmó una declaración donde se comprometió a no participar en disturbios ni hechos de violencia. El documento fue entregado al gobierno de Bélgica.
“Me parece que este es un ataque inaceptable sin precedentes en la historia de las conferencias internacionales y, en particular, con respecto a la sociedad civil, ya que es imposible para ella para expresar en esta importante conferencia internacional”, indicó al intervenir en el Parlamento de Bélgica la diputada del Partido Socialista, Gwenaelle Grovonius. “Nuestro gobierno a través del Ministro de Relaciones Exteriores intentó mediar, pero tenemos que cuestionar la organización argentina porque no podemos permitir que las ‘razones de seguridad’ se conviertan en un pretexto para bloquear la participación de líderes sindicales, expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil en los eventos. Todos participan en manifestaciones pero no son terroristas. No se puede vetar voces por expresar su disidencia con la visión dominante de la economía”, explicó a PáginaI12 la legisladora.
Sin evidencia
“El Gobierno no ofreció ninguna evidencia de que las organizaciones incluidas en la lista negra hayan realizado llamamientos a la violencia y el caos. Uno pensaría que ante la relevancia de la cobertura recibida por este accionar anti-democrático que ellos, por lo menos, presentarían una justificación real o inventarían algo. No pudieron mostrar nada porque no existe. Somos organizaciones que trabajan a favor del desarrollo con décadas de experiencia en el diálogo civil pacífico”, replicaron desde la red de organizaciones Our Wolrd Is Not For Sale (Owisnfs).
Hasta la semana pasada la explicación oficial para prohibir el ingreso al país a activistas, académicos y militantes pertenecientes a organizaciones de 17 países era otra. “Las ONG realizaron llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, expresa el texto difundido la semana pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La explicación más contundente la ofreció por la ex titular del Palacio San Martín, Susana Malcorra, que presidirá el evento internacional. En diálogo con este diario la funcionaria aseguró que la decisión fue tomada a partir de “revisiones de antecedentes realizadas por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones”.