Empresarios y geólogos salen a defender la reforma de la 7.722
Las reformas en la ley 7.722, norma que prohibía el uso de algunas sustancias químicas para las actividades mineras, abren nuevas posibilidades para la provincia.
Aunque en adelante se requerirá extremar los cuidados para evitar cualquier pasivo ambiental, referentes del sector señalan que permitirá diversificar la matriz productiva.
Desde la Asociación Geológica de Mendoza indicaron que “los minerales que tienen mayores posibilidades de ser extraídos dentro del territorio provincial son: cobre, molibdeno, oro, hierro, plata, plomo, cromo, zinc, vanadio y elementos utilizados en altas tecnologías”.
Menos burocracia
Uno de los puntos de la modificación de la ley 7.722 que ponderan los empresarios del sector minero, y aquellos que podrían prestar servicios asociados, es que ya no será necesaria la “ratificación legislativa” para iniciar tareas de exploración o la posterior explotación, una vez que se hayan obtenido los permisos municipales, ambientales, y los diversos trámites que exijan los organismos de control.
El geólogo argentino y titular de la empresa Alto Américas que tiene la concesión de Hierro Indio, Guillermo Re Khül señaló que “la ley ha tomado en cuenta que los que aprueben los proyectos, tanto de declaración de impacto ambiental como de explotación, sean los organismos que están fuera del ámbito político» (técnicos como es el caso del Ianigla, o Irrigación).
“Creo que si el proyecto es estrictamente evaluado por técnicos más allá de la política del momento, será beneficioso”, apuntó el empresario.
Capacidad ociosa
El empresario metalmecánico Julio Totero, miembro de Asinmet, destacó que existe una capacidad ociosa del 40% en la metalmecánica, por lo que “hay espacio para crecer sin necesidad de realizar grandes inversiones”, y prestar servicios mineros.
“Hay 60 pymes metalúrgicas locales que están prestando servicios a la minería en todo el país, (Santa Cruz, San Juan, Río Negro, Catamarca, Salta, Jujuy, para actividades de cobre, lítio y oro, además de petróleo), y eso implica al menos 1.200 metalúrgicos mendocinos trabajando en distintas regiones. La experiencia en el rubro existe”, comentó.
No obstante, destacó que a partir de la ley deberán asumir el compromiso de “ser los guardianes del medioambiente y del cuidado de la ley de glaciares”, para demostrar que la minería es una posibilidad en Mendoza.
El interés de Malargüe
La Cámara de Comercio y actividades afines de Malargüe expresó un especial interés en la minería. Es que estiman que sería un motor muy importante para el sur de la provincia.
“Podríamos volver a desarrollar la actividad principal del departamento. Vemos cómo se moviliza San Carlos en contra, pero la situación en el sur es distinta. Por clima y relieve en nuestras tierras no se puede desarrollar la vitivinicultura o la frutihorticultura, pero sí ganados menores. Por eso aseguramos que vamos a ser más cuidadosos con el medioambiente y el agua que nadie”, aseguró Gustavo Miras, presidente de la cámara.
El empresario señaló que los 20 proyectos mineros que podrían ejecutarse a partir de ahora, usarían sólo el 1% de los recursos hídricos que se utilizan en la agricultura de Mendoza y, a su vez, contribuirían con la tecnificación del riego para hacerlo más eficiente en todas las actividades.
“Las regalías van a realizar un aporte para todos los oasis productivos, no sólo para nuestro departamento. Además, se harán estudios y exploraciones previas y responsables. Malargüe no es sólo Vaca Muerta o Portezuelo; también es minería y necesitamos poder desarrollar esa actividad, destacó Miras.
Geólogos por la minería
“Desde la Asociación Geológica de Mendoza creemos que con la modificación de la ley 7.722 se pone en juego de forma positiva la apertura de una actividad industrial vinculada a los recursos naturales por medio de una serie de legislaciones constitucionales, de códigos nacionales y de legislaciones provinciales que permitirá la contratación de personal calificado y no calificado en la provincia, al igual que el consumo de servicios, materias primas y productos de todo tipo, permitiendo que la economía crezca y se desarrolle como lo ha hecho la provincia de San Juan o países como Canadá, Australia, Perú y Chile”, indicaron.
Para la entidad que presiden la licenciada en Ciencias Geológicas, Graciela Defant, en primer lugar y el Dr. Hugo Marengo, como vicepresidente, en materia ambiental también se ha “delineado un camino hacia mejores formas de control y fiscalización de la actividad”.
Aprender de San Juan
Francisco Almenzar, integrante de la Comisión del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (Cadim), destacó que la reforma en la provincia de Mendoza significará un crecimiento para la región, por tratarse de una actividad que genera empleo y muy bien remunerado.
“Mendoza tiene muy buen nivel de consultoras y de empresas metalmecánicas que prestan servicios mineros, pero que no lo podían hacer en su propio suelo”, destacó.
Almenzar señaló que el uso de las sustancias químicas que generan temor en la población, se utiliza en bajas concentraciones y tanto en el caso del cianuro como en el del ácido sulfúrico (para la extracción del cobre), se mantiene siempre en un circuito cerrado que no vuelve nunca al medioambiente. “La población no tiene que temer. Se trata de algo utilizado en muchas industrias y, si está bien controlado, no debería generar riesgos”.
El ingeniero comentó que la experiencia en San Juan allanará el camino para Mendoza.
“En el caso de Veladero, la condición climática desconocida (se trabaja con temperaturas que pueden alcanzar los -45°), hizo que se utilizaran materiales que funcionaban en otras localidades y allí no. Ahora hemos aprendido y la solución fue técnica”.
El arzobispo pidió a Suárez el veto de la nueva ley
A través de una carta, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, pidió al gobernador de la Provincia, Rodolfo Suárez, que “no promulgue las modificaciones a la ley 7.722”.
En el escrito advierte que no fue escuchado por los diputados y senadores, a quienes se dirigió en una carta anterior pidiendo que no se modificara la normativa y se postergara el debate “hasta asegurar un ámbito de discusión sereno, racional, lejano de fundamentalismos inconducentes para superar intereses sectoriales y concentrar la mirada en nuestra provincia”.
Por otro lado, el arzobispo insistió en que para el tratamiento “de la cuestión minera” es imprescindible la licencia social. “Seguramente en estos días Ud. habrá podido escuchar el clamor del pueblo y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas”, argumentó Colombo.
FUENTE: DIARIO LOS ANDES