¿GRUPO ESPECIAL ANTI-INDIO?

Escribe: Pablo Villaverde

La Prórroga de la Ley 26160 de emergencia en tierras indígenas, el caso Maldonado y la indefinición por la extradición de Jones Huala, generaron una dinámica por los territorios en litigio, que obliga al gobierno de Macri a dar respuesta.

El compromiso de Macri en plena campaña 2015 por la presidencia, con Félix Díaz y todos los representantes de los 35 Pueblos Originarios reconocidos jurídicamente, fue hacer «una mesa de diálogo para implementar la ley de tierras indígenas»

Obviamente no lo cumplió.

Como no cumplió con la ley antes Cristina, ni Néstor, ni De La Rua, ni ningún presidente hasta 1985, año de la primera Ley de Tierras Indígenas. Lo que pasa es que luego de aquella primera ley, en línea con lo que exigían organismos internacionales de DDHH e Indígenas, esto se confirmó de modo contundente en la Constitución de 1994 en el Artículo 75 inciso 17. Tampoco con el derecho constitucional se cumplió el derecho de las comunidades y familias indígenas, de tener título comunitario de sus tierras.

Muy lejos de esto el menemismo en los 90′ comenzó a levantar ramales ferroviarios, en muchas zonas y en particular en la Línea Sur del FC Roca en la Patagonia, único medio de comunicación de los lugareños e indígenas. El levantamiento de La Trochita fue crucial para incomunicar a las comunidades y familias Mapuche que vivían entre Jacobacci y Esquel, 402 kilómetros en los que se desarrollaba su vida y actividad tradicional. Con el levantamiento del Viejo Expreso Patagónico, así en realidad se llamaba «La Trochita», las tierras concesionadas antiguamente a compañías inglesas que se dedicaban a la lana, fueron en algunos casos privatizadas de hecho, en otro vendidas como tierra fiscal de la provincia y por último triangulada su venta entre concesionarios existentes y privados que compraron a muy bajo costo.

Ese fue el caso de varios terratenientes, entre ellos el más importante Benetton, que se hizo de casi 1 millón de hectáreas comprando a privados y al Estado a través de distintas sociedades. Lewis fue otro caso paradigmático pero no de tierras donde hubo ferrocarril, sino a privados originarios y al Estado triangulando con estos. Así se adueñó directamente de Lago Escondido y otras tierras de El Bolsón al pie del C° Perito Moreno.

Menciono estos dos casos si bien hay ciento de litigios, porque es donde se dan varios de los más importantes, al menos en la comunidad Mapuche de Río Negro y Chubut.

Neuquén es otro caso, su resolución fue muy distinta, en realidad hubo resolución, cosa que en las anteriores provincias nombradas no, pero tiene su lado bueno y su lado malo la implementación.

En esta provincia petrolera y gasífera por excelencia, las comunidades fueron reconocidas con personería jurídica como indica la ley. A la gran mayoría le reconocieron también sus tierras, incluso a familias y pobladores originarios aislados. Se estableció que las explotaciones en esas tierras asignadas, les otorgue algún tipo de regalía. Esto se cumple en Neuquén y en línea con el primer mundo, igual que en EE.UU, los originarios de esta provincia cobran por la explotación de sus tierras. La aplicación de Neuquén nos iguala con los países desarrollados, ya que tampoco permiten extranjerización masiva de tierras, solo se dan concesiones. El lado malo es que no hay una redistribución equitativa entre todos los Mapuche, de los más de 50 millones que cobraron por ejemplo el año pasado, solo en lo referente a petróleo y gas. Punteros políticos que tienen apellido mapuche,  son acusados por parte de otros mapuche  de devolver parte de eso a la política. Además hay abusos de estos punteros, que le imponen a las empresas explotadoras de recursos, contraten servicios que ellos prestan con pymes propias.

Nada es perfecto, pero lo cierto es que buena parte de Neuquén, excepto la zona de San Martín de los Andes y Villa la Angostura donde hay disputas de mapuche con terratenientes y emprendimientos turísticos y están en vías de acuerdos, el resto está bastante definido.

Esto hace muy llamativa, por no usar otro adjetivo, la noticia de «amenaza de bomba en Vaca Muerta…» Parece al menos contradictorio, con los avances que hizo la provincia en tal sentido.

Se ve todavía más llamativo, para seguir sin usar otro adjetivo, que en esa «amenaza de bomba» en la que dejaron una «caja, una batería de uso doméstico y un reloj tipo despertador…» en un pozo de gas, además hayan firmado ¿el atentado? con un «panfleto de la RAM» en el que pedían por la libertad de Jones Huala.

¿Alguien intentó alguna vez acercarse a un pozo de petróleo o gas, con la seguridad que los custodia, sobre todo en Vaca Muerta?.

Eso, sin contar que con el viento que habitualmente hay en esas estepas patagónicas, el panfleto con la leyenda de la RAM y su pedido por Huala, solo atrapado por una piedra no se voló. Como tampoco otro que dejaron colgado en una alambrada y todo eso sin ser vistos por la seguridad privada de las empresas,

Y digo que es  muy llamativo además por una cuestión geográfica, porque Vaca Muerta está en Neuquén, se extiende hasta los límites con Río Negro; y Jones Huala, su causa y su detención, todo lo referente a su libertad o no, está en Esquel, provincia de Chubut.

Chubut también tiene pozos de gas y petróleo, tiene serios conflictos de tierras con varios terratenientes, y tiene lo más importante, el Juzgado que debe determinar la situación de Huala y la alcaidía que lo aloja ¿por qué no protestar o en todo caso amenazar allí y no en Neuquén?

Nada de lo que trascendió tiene mucho sentido.

Salvo el sentido que le dio inmediatamente el Gobierno Nacional, que mostró «gran preocupación por el atentado» al que en las redes sociales su comunicación no oficial calificó de «terrorista».

¿Una caja, un despertador y una pila, con un panfleto de RAM, terrorismo?

¿No se está banalizando al verdadero terrorismo que padece el mundo e incluso el que padeció nuestro país en el pasado?

¿Cualquiera que haga cualquier cosa, en cualquier lugar y que deje un panfleto de RAM, es terrorismo y es la RAM?

¿Qué es la RAM, cuántos son, desde dónde operan?

A partir de 2014 en adelante pese a que obviamente se niega, (pero uno fue descubierto y está preso desde 2015) hubo -y muchos pobladores de la zona afirman que hay- Servicios de Inteligencia en Esquel, El Bolsón y la zona.

¿Cómo es que habiendo el promedio más alto de Efectivos de Seguridad y presencia de Inteligencia por habitante del país en la zona, no pueden decir que es la RAM, cuántos son y desde dónde operan? Es más, si a Jones Huala no lo requería Chile por delitos en ese país, algo que por ahora dos Jueces Federales y la Corte Suprema le dieron nulidad al pedido de extradición (aunque siga detenido), las Fuerzas nacionales, la Justicia nacional e incluso la Inteligencia, no lo pudieron implicar en ningún atentado de los que sucedieron en la zona, con pruebas firmes.

Digo ¿tan profesional es Jones Huala, un mestizo que creció en las villas de Bariloche y no tiene primaria completa o tan torpes son las Fuerzas de Seguridad, la Justicia y la Inteligencia?

La reacción del gobierno nacional al «atentado terrorista en Vaca Muerta » fue inmediata y anunció la creación de un «Grupo Especial de Gendarmería»  para ocuparse de esta problemática de la RAM.

El 1 de agosto fatídico, cuando se cumplían 6 meses de la detención de Jones Huala y con tres nulidades de extradición, para pedir por la libertad de su máximo líder, lograron juntar a 7 entre mapuches y mestizos, dos eran primo y hermano de Huala y a Maldonado que se sumaba a protestas justas.

Lograron juntar 7 hombres, más otros 5 o 6 que había en el Pu Lof con las mujeres y niños. ¿No había más que reclamaran por Huala? ¿Esos eran todos? ¿Hay muchos otros en la clandestinidad?

Difícil saberlo, esto lo debería responder el Estado con sus distintos poderes, pero si sólo eran esos, hablar de «amenaza armada…» como dice Lanata, de «grupo terrorista..» como dice el gobierno y adjudicarle todos los atentados que le adjudican, desde el sentido común, no cierra.

Lo que pasa es que se debió tratar y aprobar (lo cual fue tirar el problema para adelante) la Prórroga de la Ley 26160, que impide «desalojos de grupos indígenas de tierras que históricamente ocuparon» en pleno desarrollo del Caso Maldonado, por eso no hubo discusión, ni soluciones permanentes . A la vez, el mismo Caso Maldonado fijó un precedente tan contundente en los alcances legales penales que podría tener, que ningún gobierno provincial mandaría a su Policía a reprimir o desalojar indígenas sin orden judicial.

Parece que no es el caso del gobierno nacional que con su Gendarmería, pese a los cuestionamientos que hoy tiene entre comunidades indígenas y que las pericias de Maldonado aún no se conocen oficialmente, no piensa desistir.

Indudablemente, están viendo desde el gobierno la avanzada de tomas de tierras que se produjo en la zona.  A  partir de la prórroga de la ley por cuatro años más y el suceso de Maldonado en Cushamen, estas se incrementaron. Aunque también deben tener información de otras tomas que podrían producirse, no sólo en la zona de Bariloche, Lago Gutierrez y el C° Ventana, sino también en El Bolsón donde Lewis tiene litigios. Por otra parte, a Benetton semejante cantidad de hectáreas le son incontrolables con su propia seguridad privada.  En la misma Villa La Angostura incluso Macri advierte el riesgo -su lugar en el mundo y el lugar de empresarios amigos- en donde ya hubo intentos de toma.

Toda esta escalada, todo el conflicto social-étnico con los indígenas, se podría solucionar definitivamente, con solo cumplir la ley y el derecho constitucional. Ahora, de seguir postergando, de no darle un fin al conflicto y cumplir con el derecho, se le van a abrir nuevos conflictos, nuevos reclamos e incluso muchos que ni siquiera correspondan y aprovechen la situación.

Genes indígenas hay en un 60 por ciento de la población argentina y hasta algo más, según  investigadores y científicos. Indígenas, grupos étnicos y hasta familias, que hayan vivido ellos o sus antepasados hasta antes de los ´90 en algunos territorios, que hablen el idioma de su etnia y conserven o quieran conservar las costumbres ancestrales, son muchos menos. Sin embargo no debería haber debate en este sentido, no al menos con los 35 pueblos originarios reconocidos y de las más de 800 comunidades que reclaman tierras, cerca de 600 confirmado su derecho. A estas como mínimo se les debería reconocer de una vez por todas sus tierras, darle los títulos comunitarios y analizar los casos aún no confirmados.

La Ley es Federal, el tema indígena es Federal,  y aunque sean las provincias quienes deben entregar los títulos en la mayoría de los casos, el gobierno nacional tiene la autoridad de condicionar los fondos coparticipables para que se cumpla una ley federal.

Lo que pasa es que en casos deberían expropiarse terratenientes, en otros multinacionales y en la mayoría hacer caer concesiones o que estas paguen regalías a indígenas para explotar recursos.

Por eso no lo hizo Cristina desde 2006, en que se promulgó la ley y tampoco seguramente lo hará Macri.

Ahora,  que no cumplan con la Constitución y la Ley es una cosa, pero otra distinta es armar un «Grupo Especial de Gendarmería», dado que los efectivos comunes mostraron gran brutalidad y les podría costar otra muerte, tan solo para reprimir y desalojar tomas de tierras.

La sociedad no debe pagar la seguridad de tierras de terratenientes, con lo que debe costar en recursos, viáticos y demás gastos, un grupo especial de esas características.

Sin contar que un grupo así, no necesariamente le pueda garantizar al gobierno que no haya excesos.

Sin duda, lo mejor es cumplir la ley -usurpar es un delito- y convertir en usurpadores a los que si tienen derecho a esas tierras, también debería serlo.