Pasada la campaña, el gobierno dispuso una catarata de ajustes y habilitó otros
Finalizada la campaña del gobierno por la reelección de Mauricio Macri se viene una catarata de aumentos de precios. Hay descongelamiento en los precios de los alimentos, de la nafta y de la telefonía celular, aumentos de la harina y derivados, y de la carne. Se aprobaron, además, nuevos incrementos en las cuotas de la medicina prepaga. La provincia de Buenos Aires tiene previsto un aumento de la luz y todo el abanico de los servicios públicos que depende del Estado nacional está a la espera de una definición, luego del freno a las subas que el gobierno aplicó para conseguir más votos. También vence a fin de año la rebaja del IVA en alimentos, que puede generar un mayor empuje a los precios si la próxima administración retrotrae la medida. En suma, hay una inercia inflacionaria adicional que constituye otro capítulo de la herencia macrista.
La inflación va a volver a acelerarse en los últimos dos meses del año en función de un amplio grupo de aumentos que estaban contenidos por el gobierno para favorecer sus chances electorales. De manera similar operó la restricción cambiaria light, que permitía comprar 10 mil dólares por mes y que en la noche de la derrota de Macri se redujo a apenas 200 dólares, luego de haber perdido unos 7 mil millones de dólares de reservas del Banco Central para frenar el alza de la paridad cambiaria. De modo que el gobierno se va con reservas por el piso, fuertes restricciones cambiarias, crecimiento de la deuda externa y una inflación en ascenso que terminaría 2019 orillando el 60 por ciento.
El gobierno comunicó que las naftas van a subir un 5 por ciento a partir del viernes, fijando el dólar de referencia para el sector en 51,77 pesos. El congelamiento inicial se había definido el viernes 16 de agosto, un par de días después de las PASO, y se termina el 13 de noviembre, luego de las elecciones. Se espera a partir de la segunda quincena de noviembre que los combustibles retomen su senda alcista para reducir la brecha con la cotización del dólar oficial. En el curso de la vigencia del freno a los precios hubo una serie de medidas de flexibilización, como la suba del dólar de referencia de 45,19 a 46,69 pesos, la liberación del canal mayorista y una posterior suba del 4 por ciento.
Otro de los precios intervenidos por el gobierno con un objetivo directamente electoral fue la telefonía celular. En la primera mitad de noviembre, Movistar, Claro y Personal subirán sus precios en alrededor de un 20 por ciento, luego del congelamiento que habían acordado con el gobierno en el marco del “plan alivio”. En aquel paquete de iniciativas también estaba el lanzamiento de Precios Esenciales, un grupo de artículos cuyo precio se congelaba por seis meses. Pasadas las elecciones, ese listado de bienes básicos tendrá una suba promedio del 13 por ciento y se incorporan a los aumentos periódicos de los Precios Cuidados. La única excepción es la leche La Martona, que seguirá con un precio de 35,80 pesos y 39,90 para Los Apóstoles.
Por su parte, la cuota de las empresas de medicina prepaga sube un 4 por ciento en noviembre y este jueves se conoció que el gobierno aprobó un incremento adicional del 12 por ciento para diciembre, la mayor suba mensual desde 2016. A fin de año, el aumento acumulado será del 60,6 por ciento. El sector de prepagas viene aplicando aumentos que están muy por encima de la evolución de los salarios, lo cual implica un deterioro de la relación entre la cuota y los ingresos, de ahí que se registre un movimiento de afiliados hacia planes y empresas más económicas.
Otra de las fuentes de presión inflacionaria es la harina, que subió un 30 por ciento en las últimas semanas, según denuncian panaderos. Así, el kilo de pan podría llegar a los 140 pesos. En una línea similar, hay subas de alrededor del 20 por ciento en el mercado de Hacienda, con lo cual se espera un encarecimiento de la carne en los mostradores que podría alcanzar una proporción similar.
Un capítulo de la inflación contenida por las elecciones gira alrededor de los servicios públicos. Rápidamente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal estableció un aumento del 12 por ciento en las tarifas de electricidad a partir de enero. Asimismo, el gobierno nacional dispuso en septiembre que el aumento del gas previsto para octubre pasará para enero, con el fin de «evitar efectos adversos en materia de reactivación del consumo». En principio estaba prevista una suba de alrededor del 30 por ciento, previa realización de la audiencia pública, aunque la devaluación y aceleración inflacionaria podrían empujar ese número hacia arriba. También están congeladas desde mayo las tarifas de la electricidad y del transporte público en el área metropolitana.
(Fuente: Pagina 12)