Litio: Dos modelos antagónicos
En una nota de Claudio Zuchovick en el diario La Nación del 6 de octubre titulada «Buenos y malos negocios para los próximos 10 años», informa que «el economista catalán Xavier Sala Martin nos enseñó alguna vez a determinar el proceso de generación de valor agregado, detallando cómo se fabrica un celular. Si el dispositivo pesa 135 gramos, Apple o Samsung (o la marca que sea) necesitan: 30 gramos de litio, 27 de plástico, 20 de vidrio, 16 de cobre, 15 de cromo y, en menor cantidad, también aluminio, platino y hasta 2 gramos de oro. La Argentina es proveedora de todo eso, pero se queda con la menor tajada de ese negocio. Si usted analiza el balance de Apple o Samsung, notará que todo el costo de esa materia prima necesaria para su fabricación es de 3 dólares. Surge simplemente de multiplicar cada materia prima por su valor de mercado. Ahora, si le sumo los salarios para ensamblarlo, publicitarlo, empaquetarlo y distribuirlo, más las correspondientes acciones de marketing y servicio postventa, el costo para la empresa es de US$ 100 más. El costo de fabricación total es de 103 dólares por celular. El valor promedio de mercado es de unos 700 dólares. ¿Qué representa a los 597 dólares restantes?, conocimiento, investigación y desarrollo». Acoto que en todos estos pasos del proceso de producción los bienes componentes del celular se hicieron con fuerza de trabajo de trabajadores y la correspondiente cuota de plusvalía y al mismo tiempo la diferencia entre el precio de producción y el de mercado se logra por el oligopolio de las empresas que dominan el mercado mundial. En la columna de opinión de El Tribuno de mayo me referí a la «Cadena de valor del litio», en base a un informe técnico del Cidmeju localizado en Palpalá, donde se pondera el valor del insumo litio en cada uso que se le asigne, variando dicha escala entre 1 y 3 millones de veces, el valor 1 corresponde al carbonato de litio, pasando luego por baterías para usos múltiples, electrónica, medicina, energía atómica o industria aeroespacial.
En un informe reciente de Yacimiento de Litio de Bolivia (YBL) que difundió el Vice Ministerio de Energía de Bolivia, a cargo del ingeniero Alberto Echazú, da cuenta que en los últimos días el presidente Evo Morales manejó el primer prototipo de automóvil eléctrico que se fabricó en el establecimiento de La Palca, Potosí, provisto de una batería de litio suministrada por China y que la asociación entre YLB y Aci Sistem, empresa alemana que firmó un convenio en diciembre del 2018, va concretando el proyecto para procesar carbonato de litio y llegar a la fabricación de 300 mil baterías anuales en un plazo de dos años.
Nada hay comparable en la Argentina, lo que hacen las empresas que procesan los yacimientos de salmuera en Jujuy, Salta o Catamarca es producir el carbonato de litio para la exportación, en donde la participación estatal, en el caso de la provincia de Jujuy, es mínima a nivel de porcentaje sobre el volumen del carbonato y de recaudación de derechos de explotación.
En el informe referido de YLB se inserta un cuadro de la distribución de utilidades entre el Estado y Aci Sistem (Acisa).
Esta política económica respecto a la fabricación de baterías de litio y la construcción de automóviles eléctricos es coherente con la nacionalización de los hidrocarburos del 1º de mayo de 2006, para luego dar vuelta el porcentaje que se distribuía entre el Estado Boliviano (Ypfb) y las empresas multinacionales que operaban en el negocio. Hasta ese año Ypfb se quedaba con el 18% de la renta petrolera y gasífera y las empresas con el 82%, a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales las proporciones primarias son del 82% para el Estado Plurinacional y el 18% va a las multinacionales que siguen ganando porque ninguna se fue. El resultado en materia de ingreso de recursos fiscales fue extraordinario, posibilitando transformar Bolivia económica y socialmente y es uno de los países con mayor crecimiento y desarrollo en América Latina.
El abismo que separa a la política sobre los recursos naturales entre ambos países se debe a que en Argentina prima la política y los intereses de la burguesía intermediaria pro imperialista y en Bolivia el carácter patriótico y plurinacional de su gobierno. El argumento de que en Argentina no había Estado ni capitales interesados en invertir en toda la cadena de valor del litio y que la explotación sólo era posible en manos de inversiones extranjeras, es propio de quienes perdieron hace varias décadas todo sentido del interés nacional y la capacidad de construir un país soberano e integrado al mundo. Lo que se hace al respecto en nuestra Provincia no es otra cosa que aplicar la Ley Minera del gobierno de Carlos Menem y su adhesión provincial. Se explotan recursos naturales de cara a la obtención de tasa de ganancias extraordinarias de las empresas que operan en el negocio del carbonato de litio, posible sólo en pocos países del mundo. Cifro expectativa en que el próximo gobierno nacional siga los pasos de Bolivia, cuestión que está muy lejos de la política local.
(Fuente: El Tribuno)