El gobierno de Cambiemos sigue siendo el más represivo desde 1983

Habrán pensado que nadie lo leería, o que un título rimbombante y cuadros en PDF de colores eran suficientes, pero no. La Correpi demostró que, una vez más, el Ministerio de Seguridad recortó la realidad en su fallido intento de invalidar el archivo de casos sobre la represión estatal durante el gobierno de Cambiemos, y además se equivocó, acaso adrede, al realizar las sumas de las cifras de su «contra-informe». «No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito», dijo la organización antirrepresiva luego de desmenuzar las 77 páginas del documento oficial que la ministra Patricia Bullrich tituló «Ministerio de Seguridad versus Correpi».

La Coordinadora contra la represión Policial e Institucional, que nació el 22 de mayo de 1992 con una radio abierta en la puerta de la librería Liberarte, elabora cada año su informe sobre la situación represiva, que no sólo incluye casos de gatillo fácil sino también de muertes en protestas sociales y en situaciones de encierro. Así, el año pasado al analizar sus datos llegó a la conclusión de que la administración de Mauricio Macri resultó la más represiva desde el inicio del período democrático.

«Al día de hoy, cuando estamos terminando la carga de datos del primer semestre de 2019, nuestro Archivo contiene un total de 6.652 casos, de los cuales 1.393 ocurrieron durante la gestión Macri. Ciertamente no son todos los ocurridos, sino de los que nos enteramos», comienza el comunicado de Correpi que aportó «algunas precisiones» en respuesta al «contra-informe» oficial. Sin tomar en cuenta los casos de 2019, es decir de 2016 a 2018, quedan 1.275 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires. «Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex Policía Metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich», resumió Correpi.

¿Cómo llega Bullrich a 98 casos?

Esta fue la pregunta que se impuso al mirar con atención el presunto «informe» con el que la ministra pensaba, en plena campaña electoral, dimanitar la credibilidad de la organización que desde hace casi cuatro décadas milita contra los asesinatos que llevan el sello de los sucesivos gobiernos. «No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es Federal, y suma 139 casos 2016 y 2018», indicó Correpi, y explicó que su principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, un organismo oficial del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

«Tampoco contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos); ni al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos); ni los miembros de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos», detalló la organización antirrepresiva. Además, al recortar 2016 a 2018, el gobierno excluyó los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno, que fueron 4 a manos de fuerzas federales.

Cantidad de casos de fuerzas que dependen del gobierno nacional 2016/2018:

Sin embargo, en la lógica del «contrainforme» y sólo contando los casos de las fuerzas que dependen directamente del ministerio de Seguridad, es decir, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, la cuenta tampoco le da a Bullrich: 68+22+15+2 suma 107, no 98.

Las mentiras de Bullrich, desmenuzadas

-Bullrich miente cuando dice que bajó la cantidad de casos de las fuerzas federales

Éstos son los números que muestra la ministra, sobre su recorte antojadizo de 98:

«No puede computarse como ‘baja’ real que tengamos ‘sólo’ 78 casos registrados en 2018. Por una parte, es sabido que muchos casos nos llegan un año o más después de ocurridos. De hecho hay varios de 2018 esperando ser incorporados este año. Por la otra, en 2018 había 20 mil efectivos de la Policía Federal ya transferidos a la policía de la Ciudad, que tuvo en ese año 21 casos», explicó Correpi.

-Bullrich miente cuando dice que 74 casos «no corresponden» a la represión estatal

En sucesivas oportunidades, al ser entrevistada la ministra Bullrich había prometido desmentir las cifras de Correpi «caso por caso». Pues eso mismo hizo la organización y detectó que «los 74 que el ‘contrainforme’ excluye, para reducir a los únicos 24 que sí reconoce (22 pendientes de investigación y 2 condenas), se advierte fácilmente lo burdo de su maniobra, basada en una combinación de aplicación de la doctrina Chocobar y de la mano que le dan las resoluciones judiciales (favorables a los uniformados), en especial cuando no hay querellas activas que impulsen la investigación» porque excluyó:

* Femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad federales, es decir a quienes matan en un contexto de violencia machista con su arma reglamentaria, y/o utilizan luego sus recursos como funcionarios para ganar impunidad.

* Muertes presentadas como suicidio, entre ellas varias ‘intrafuerza’, en todos los casos cuestionados por familiares de las víctimas.

* Casos informados ampliamente por los medios de comunicación como cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, de personal en situación de retiro o vigiladores privados.

* Casos de los que ‘no encontraron antecedentes’, a pesar de que aparecieron en los medios y aparecen en una simple búsqueda en Internet.

* Casos sin el uso del arma reglamentaria, como las persecuciones que fuerzan choques y vuelcos como si se tratara de accidentales hechos de tránsito. Un argumento con el cual quedaría afuera nada menos que la Masacre de Monte.

* Hechos cometidos por otras fuerzas que dependen del gobierno nacional, tales como las Fuerzas Armadas y el Servicio Penitenciario Federal.

Un ninguneo a los muertos del gatillo fácil

Del informe oficial también quedaron afuera los casos que define como «legítima defensa», tales como el de Ariel Santos, fusilado por la espalda cuando intentaba poner en marcha una moto para huir de la policía Carla Céspedes, o Jonatham Echimborde, el chico de 28 años que recibió un disparo en el pecho cuando lavaba su auto en Mataderos, en la puerta de la casa, y pasó un patrullero disparando a un auto que huía. En estos hechos, más allá de lo que resolvieran los jueces, Correpi enfatiza que «hubo fusilamientos».

Finalmente, Correpi agradeció a la ministra Bullrich «por ayudar en la actualización del Archivo», porque indicó que «sería injusto no reconocer que, en su afán por desnaturalizar los hechos que seleccionó nos aportó datos que no teníamos». En concreto, la organización pudo actualizar la situación procesal de muchos casos, e identificar víctimas y victimarios que sólo registraban como NN.

(Fuente: Pagina 12)