Diputados abren el debate en el Congreso con aval de Macri
La Cámara de Diputados debatirá en sesión especial este jueves, 12 de septiembre, el proyecto de ley de emergencia alimentaria que impulsa la oposición, luego de que la bancada oficialista recibiera el aval del presidente Mauricio Macri para acompañar la iniciativa. La sesión fue convocada para las 11:30 a partir de un pedido formal de las distintas bancadas opositoras que el lunes pasado lograron unificar en un solo proyecto los 12 que fueron presentados y ésa es la iniciativa que están dispuestos a acompañar en Cambiemos.
En ambos sectores quieren una «sesión tranquila» y rápida, en la que solo se discuta el proyecto y no cuestiones relacionadas con la coyuntura electoral. Para ello, este miércoles se reunieron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los jefes del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con el fin de acordar que la sesión sea concisa y, en lo posible, con un orador por bloque.
Rossi sostuvo el miércoles que «no alcanza» con las políticas sociales que tiene el Gobierno actualmente para asistir a los sectores más vulnerables. «La emergencia alimentaria no es una cuestión electoral, es humanitaria. Necesitamos que este tramo hasta diciembre sea lo menos doloroso posible para la gente», sostuvo Rossi en declaraciones a FM La Patriada.
La decisión del oficialismo de participar del debate se funda en varias razones, de las cuales la primera es el aval que les dio Macri a sus diputados este miércoles, junto al compromiso de no vetar la ley en caso de que sea sancionada. Por otro lado, en Cambiemos están convencidos de que el proyecto es parte de «una interna» entre los distintos sectores que conforman el Frente de Todos, en la cual los referentes de movimientos sociales lograron imponerse.
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Fuentes de Cambiemos dijeron a la agencia NA que no todos los diputados que forman parte de la coalición electoral encabezada por Alberto Fernández están de acuerdo con la iniciativa, pero que una vez que el tema se instaló ya no pudieron controlarlo. En ese escenario, la bancada de Cambiemos -donde tampoco hay una postura uniforme frente a la iniciativa- optó por dejar que el debate avance, aunque advirtió que seguirá de cerca la discusión del articulado porque no quiere «aprobar ninguna locura», según indicó uno de los referentes de ese bloque.
Las fuentes consultadas aclararon que les parece correcto el proyecto unificado de la oposición porque respeta la facultad que ya tiene el Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias en lugar de crear un gasto adicional, en cuyo caso no lo acompañarían. Y es que la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
En tanto, en el Frente para la Victoria negaron que exista una interna y también rechazaron la hipótesis de que la insistencia de los movimientos sociales -representados en la Cámara baja por referentes del Movimiento Evita- para avanzar con el proyecto sea para «marcarle la cancha» a Fernández con vistas a su eventual gobierno. «El Movimiento Evita es albertista, ¿por qué van a querer condicionar a Alberto?», planteó un referente del Frente para la Victoria.
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En qué consiste el proyecto
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año, y propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondiente a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Este punto será central en el debate, dado que el oficialismo quiere que el proyecto precise que ese aumento del 50% será sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas alimentarios, dado que el Gobierno ya había dispuesto una actualización.
De esta manera, el Poder Ejecutivo no debería incurrir en un gasto adicional, según explicaron en la bancada oficialista. También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.
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