La sombra de la connivencia de policías y delito
«Un ataque mafioso», en eso coinciden todos los interlocutores sobre la decena de disparos que se abatieron sobre el auto en el que se movía el jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés. Aunque la conformación de esa mafia puede variar: algunos ven allí solo narcos, pero otros le suman jefes desplazados, y heridos de distinto pelaje fruto de los corrimientos de personal y pases a disponibilidad que el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, aplicó en los últimos meses en la región. La propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich hablo de «ataque mafioso». El último domingo la edición de Rosario|12 había publicado declaraciones del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, revelado en una carta enviada a la responsable de seguridad nacional por la gravedad institucional que implicaba la connivencia de las fuerzas federales con bandas criminales. Mientras el diputado provincial Carlos del Frade dijo que el atentado contra Mariano Valdés, jefe de la Policía Federal de Santa Fe, «viene de los nichos corruptos de la Policía Federal, más que de los narcos».
El legislador, quien supo denunciar en varias oportunidades la connivencia de las fuerzas, federales y provinciales, con el delito y el narcotráfico señaló que «claramente, este atentado viene más de adentro que de afuera (de la policía).« El fiscal Rodríguez había denunciado que la «corrupción institucional» de las fuerzas federales que operan en Santa Fe es «alarmante», recordó que hace dos años, ya en mayo de 2017, le había planteado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que consideró una «situación de gravedad institucional» porque la Policía de la provincia y la Federal «estaban sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales», lo que «afectaba y sigue afectando» las investigaciones del Ministerio Público. Pero como Bullrich no le contestó, ahora decidió cursarle «una nueva comunicación» para que «adopte las medidas necesarias» que permitan neutralizar ese «nivel alarmante de corrupción institucional de las fuerzas federales» con destino en la zona.
En esa nota a Bullrich, el fiscal Rodríguez mencionó entre los «hechos detectados», que las fuerzas de seguridad manejaban «listas»: una con los nombres de «sujetos autorizados» para vender drogas y otra con la plata de los aportes a los que llamaban «coparticipación» (sic) porque se distribuía «entre fuerzas provinciales y federales».»No encontramos esa carta » confesó Bullrich a lo largo de la jornada.
Por su parte el diputado Del Frade sostuvo que es probable que «los tiratiros puedan haber trabajado para los narcos o hayan sido integrantes o sean integrantes de algunas bandas que siempre son narcopoliciales, fundamentalmente en las tres principales provincias argentinas como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba».
Cabe recordar que Valdés fue emboscado y baleado cuando viajaba por la autopista Buenos Aires-Rosario. Todo sucedió el lunes por la noche, a la altura de la localidad de Arroyo Seco a 32 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, cuando una camioneta se puso a la par del Ford Focus en el que se trasladaba Valdés y desde allí descerrajaron una balacera contra el vehículo.
Para Del Frade no había forma de cometer este atentado, sin información precisa. «Acá se sabía el espacio, por dónde iba a ir; el tiempo, a la hora que iba a ir, lo cual también habilita una zona liberada. La precisión del dato del automóvil en que se trasladaba; es el jefe de la Policía Federal de la capital del segundo Estado de la República Argentina, como es Santa Fe». E insistió: «Esto viene con información precisa desde adentro. Lo cual marca que nuestro gran problema, la deuda interna de la democracia en 36 años, es que nunca pudimos democratizar las fuerzas de seguridad».
Recordó que Valdés «había sido puesto en funciones el 9 de mayo con la idea de depurar los nichos corruptos que desde la cúpula habían articulado y haciendo de la ciudad de Santa Fe un lugar de enclave de lo que son las relaciones narcos, de contrabando de armas, de trata de personas que es interprovincial».
En la misma línea el legislador pidió que alguna vez se realice un «buen diagnóstico» de este tipo de situaciones. «Porque si hacés un mal diagnóstico, la distancia para solucionarlo queda al doble. Entonces, el diagnóstico es que el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas, viene por adentro del Estado, por adentro de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, desde los nichos necesarios para desarrollarse». Y definió: «Creyendo que adentro del Estado está todo bien, mentimos alevosamente y le hacemos un pésimo favor a nuestro pueblo».
En rigor la relación entre fuerzas federales y provinciales con grupos criminales no es nueva: el propio fiscal Walter Rodríguez debió pedirle al jefe Roncaglia que le enviara un grupo especial de máxima confianza para tumbar a un narco con perfil público: Luis Paz, promotor de boxeadores y padre del Fantasma, cuyo crimen disparó una sangrienta venganza en uno y otro bando. Pero hay un hecho que todos miran hoy con desconfianza, que es la purga federal ocurrida en mayo de este año tras una investigación del mismo fiscal Rodríguez. Es que al comisario Roncaglia le llegó un anónimo que lo había alertado en febrero pasado sobre lo que sucedía. El e-mail que recibió contenía incluso registros fílmicos que evidenciaban la relación de los federales con los vendedores de drogas.
En los operativos de mayo también fue detenido uno de los narcotraficantes con el que los policías tenían vínculo: no sólo adulteraron actas para mejorar su situación judicial. Además, se quedaron con parte de la droga que vendía y le pidieron dinero a cambio de dejarlo trabajar sin controles.
En la delegación santafesina de la PFA se realizó un allanamiento en el que se secuestraron 88 bolsas que contenían cocaína. Estaban ocultas en el baño de una oficina. Se comprobó que era parte de la prueba que no estaba debidamente custodiada. «No se va a esconder la basura abajo de la alfombra. Está comprobada la relación entre estos efectivos de la fuerza y narcotraficantes en procedimientos que fueron irregulares», había advertido Roncaglia tras el descabezamiento.
Una curiosidad de las dos causas federales que se abrieron: entre los seis policías detenidos estaban el inspector Cristian Bogetti y los cabos Lucas Bustos y Darío Duarte. Los tres se desempeñaban en la PFA, delegación Córdoba, hasta que en 2017 fueron pasados a disponibilidad por su supuesta connivencia con vendedores de droga. La causa se archivó y los tres fueron trasladados a Santa Fe para trabajar juntos y persiguiendo el mismo delito.
Por eso Roncaglia decidió que el jefe del Área Rosario de la Policía Federal fuera también pasado a disponibilidad al ser el superior inmediato de los seis efectivos de esa fuerza detenidos por su connivencia con una red de narcotráfico. Era el comisario mayor Gustavo Alberto Ghiglione, quien según la información oficial es investigado internamente por ser supervisor de 11 delegaciones de la Policía Federal, entre ellas la de Santa Fe.
Es decir que el pase de Córdoba a Santa Fe del trío de federales que terminó preso, sería su responsabilidad. También fue pasado a disponibilidad el comisario mayor Guillermo Alejandro Guardia, superior de Ghiglione en la Región Centro de la Policía Federal, con asiento en la ciudad de Córdoba; y el subcomisario Fabricio Miguel Geist, quien ocupaba la 2ª jefatura de la Delegación Santa Fe de la fuerza.
No son sin embargo los únicos casos de connivencia federal en territorio santafesino: el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde tuvo que echar a los policías federales que custodiaban un camión de cigarrillos de contrabando porque desapareció gran parte de la carga que debian custodiar. De todos modos hace solo unos días también debió desplazar a los dos hombres de gendarmería que lo custodiaban por haberlos encontrado en total estado de ebriedad. Difícil, siendo el único juez federal de toda la región, luchar asi contra el narco. Las causas con policías involucrados que Santa Fe tiene en su haber son múltiples y alli se enrolan nombres de uniformados de baja, media y alta jerarquía. En los últimos tiempos cayeron Alejandro Druetta, jefe antidrogas del sur santafesino apuntado por un narco arrepentido. Solo unas semanas antes dos jefes de la Policía de Investigaciones, Martín Rey y su hermano Marcelo, fueron detenidos por pertenecer a la banda del narco Esteban Lindor Alvarado, en una investigación con ningún antecedente realizada por la justicia provincial por los fiscales Matías Edery y Luis Schappapietra. La misma dupla ya había esposado en su propia fiscalía a Pablo Bancora, un policía que pasaba información a la misma banda, lo que permitió que una de las investigadoras recibiera una feroz balacera en su propia casa del centro rosarino.
(Fuente: Página12)