Casos que muestran un leve cambio en la justicia provincial

Tres casos de la justicia sanjuanina son los que resonaron en el último tiempo, que tuvieron a mujeres como protagonistas de un lado y del otro de las sospechas y que consiguieron fallos y resoluciones judiciales con una nueva mirada, con perspectiva de género, lo que representa una adecuación a los tiempos de deconstrucción de una nueva sociedad, camino a una Justicia un tanto más progresista en San Juan y lejos de los estigmas contra la mujer.

El último viernes, por el presunto femicidio de Brenda Requena, el juez Juan Pablo Ortega del Primer Juzgado Correccional procesó por omisión de auxilio al amante de la joven madre que fue brutalmente asesinada en Albardón, pues consideró que el imputado pudo ayudarla y salvarle la vida, pero en lugar de ello se marchó y la dejó librada a su suerte, cuando su marido -que los había atrapado in fraganti- la agredía físicamente.

Con una perspectiva de género, el magistrado deja entrever que José Miguel Guajardo sintió un «total desprecio por la vida de Brenda» y asegura que la omisión de acción es también en cierta forma violencia. «Esta modalidad de violencia contra la mujer está íntimamente relacionada con el tipo penal por el que aquí se procesa a Guajardo, el sujeto no hizo lo que efectivamente tenía que hacer. Y aún así, aunque no se hubiera representado en su cabeza el final de la vida de Brenda por causas que se encuentran bajo investigación judicial, Guajardo efectivamente vio que Álvarez la golpeaba, conforme le contó a la denunciante», sostuvo.

Contundente en sus consideraciones, Ortega remarcó uno por uno los hechos que cuestionan a Guajardo: «Certeza tenemos de que Brenda Montaña está muerta, certezas tenemos que Guajardo huyó corriendo el día en que fueron descubierto por Diego Álvarez, certeza tenemos que quién pudo evitar una tragedia, no hizo más que correr e irse a hablar de fútbol con sus amigos…».

El otro caso que trascendió y que mantuvo en vilo a la opinión pública sanjuanina durante días fue el de la nena de 11 años que fue sometida a un aborto legal, tras haber sido violada y quedar embarazada, cuya madre quedó en el centro de las sospechas y de las críticas. Para la fiscal que entendía en la causa, la mujer era como mínimo cómplice por omisión de los abusos ejercidos por parte de su pareja por haberse cometido en la misma habitación, cuando todos dormían.

La defensa oficial de la mujer -que estaba siendo sospechada de abandono de persona- hizo hincapié en el contexto social y la violencia de género a la que estaba sometida, por lo que la consideraba una víctima más del principal acusado. El juez del Primer Juzgado de Instrucción, Benito Ortíz, decidió sobreseerla, una vez más, resguardado en la perspectiva de género. La representante del Ministerio Público apeló y el fallo es revisado por el máximo tribunal.

Por su parte, el caso de Caludia Moya -cuya sentencia se conoció en agosto de 2018- también marcó el camino en cuestiones de género pues se presumía que podía recibir una condena perpetua, por la autoría de un crimen agravado por el vínculo. Sin embargo, la defensa de Carlos Reiloba logró que el tribunal de Cámara la sentenciara a 15 años de prisión, lo que representó una pena atenuada por homicidio. El contexto de violencia de género, como víctima de su pareja Alfredo Turcumán, pesó en la decisión final de los jueces Eugenio Barbera, Maximiliano Blejman y el subrogante Ernesto Kerman de la Sala III.

Si bien la defensa había planteado un exceso en su legítima defensa ante los ataques de su marido, delito que representa un castigo menor en el Código Penal, y ello no fue tenido en cuenta, fueron menos los años de cárcel que obtuvo con la atenuación por circunstancias extraordinarias.

Una tendencia nacional

Juezas de todo el país debatieron para buscar «una justicia mejor, con perspectiva de género y DDHH». Unas 500 magistradas, fiscales y defensoras analizaron en la ciudad de La Plata el rol de la mujer en el Poder Judicial, en el primer encuentro de la Red Mujeres por la Justicia.

La Red, que nació tras la sanción de la Ley Micaela, que estableció la capacitación obligatoria en temas de género para quienes integran los tres poderes del Estado.

(Fuente: Tiempo de San Juan)