Macri desplegó medidas que repudió, rechazó y se burló tantas veces

Dirigistas. Intervencionistas. Medidas confiscatorias. Dañan la seguridad jurídica. Ahuyentan las inversiones. Populistas. Fueron los calificativos que los políticos y gobiernos neoconservadores, de los que Cambiemos fue su máxima expresión en Argentina, utilizaron para calificar a cada una de las políticas de Estado que intentaban modificar las condiciones de mercado impuestas por los grupos empresarios dominantes. En las últimas horas, muy cerca de su ocaso, el gobierno de Mauricio Macri desplegó un manojo de medidas que expresan las políticas que tantas veces repudió, rechazó y se burló. Las cuotas de los créditos hipotecarios ajustables por el índice UVA, entre septiembre y diciembre se “congelan”; se limita severamente el margen permitido de tenencia de dólares en efectivo de los bancos; se suspende el IVA exclusivamente a los alimentos en su etapa final de comercialización hasta fin de año. Y como si fuera poco ese despliegue de “medidas antimercado”, se congela el precio del crudo y los combustibles por 90 días en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo. Casi una herejía: utilizar una herramienta que tan sólo habían esgrimido hasta ahora los gobiernos de Isabel Perón en los 70 y Néstor Kirchner en 2007 (contra Juan José Aranguren, entonces presidente de Shell Argentina), junto a Guillermo Moreno. “En qué te convirtieron, Mauricio”, habrá pensado más de un desencantado en estos días aciagos.

Una resolución firmada por Gustavo Lopetegui (secretario de Energía) e Ignacio Werner (secretario de Comercio) informará desde el boletín oficial de este viernes que, durante 90 días, se dispone el congelamiento del precio de los combustibles (naftas y gasoil), conforme a las facultades que le otorga la Ley de Abastecimiento. La norma resuelve además el congelamiento, por igual período, del precio del crudo, que deberá ser entregado a las refinerías en las condiciones de mercado vigentes al 9 de agosto pasado, con un precio de referencia del crudo Brent de 59 dólar por barril, y tipo de cambio mayorista de 45,19 pesos por dólar. La decisión unilateral del gobierno fue adoptada tras frustrarse el intento de acuerdo con las empresas petroleras (YPF incluida) para llegar al mismo punto, pero por consenso.

Mauricio Macri había anticipado el congelamiento de los combustibles el miércoles por la mañana, pero durante el resto de la jornada se produjeron entredichos, reacciones en contra de voceros de las petroleras y hasta amenazas de algunas de estas últimas de accionar judicialmente contra el gobierno si se concretaba el congelamiento. Lopetegui volvió a convocar a las petroleras. Mantuvo conversaciones con Miguel Gutiérrez, titular de YPF, por separado. Y finalmente llegó a la conclusión de que no habría acuerdo posible: si quería seguir adelante con el congelamiento de precios, el gobierno debía asumir la responsabilidad de resolverlo unilateralmente. Es lo que terminó haciendo.

Aunque las empresas petroleras no tenían una posición unívoca, en un momento de cortocircuito con el gobierno, tras los anuncios de Macri, estuvieron a punto de hacer pública una nota que iban a enviar a Lopetegui, descalificando la postura oficial por “inconsulta, inequitativa y con consecuencias gravísimas para las inversiones proyectadas”. Finalmente, el gobierno logró sacar el congelamiento sin que la sangre llegara el río, ni se rompieran todos los puentes con las petroleras.

Desde un enfoque más analítico, los estudiosos del sector indican que el costo de producción del crudo está por debajo del precio resultante del congelamiento. “No pierden por no poder volcar al mercado el aumento del valor del dólar, en todo caso dejan de ganar”, sostuvo el experto consultado. En fuentes empresarias, afirman en cambio que la actividad de producción está arrojando pérdidas, pero el impacto de un congelamiento de precios por 90 días tampoco es tan grave. “Ninguna empresa va quebrar por esto”, se sinceró la fuente. Igual, en el núcleo empresario saben que el plazo es más corto que los 90 días. Culmina el 27 de octubre, cuando el poder político esté en manos de quien pueda empezar a ejercerlo, y entonces se pueda tratar el tema con nuevos interlocutores.

(Fuente: Pagina 12)