Cuando los funcionarios insisten en que “es por acá”, “no hay otro camino”
En junio el ministro Dujovne anunció en Nueva York que, de ganar las elecciones, aprobarán la Reforma Laboral. Retomaba así el impulso de 2017: “La Casa Rosada va por una amplia reforma laboral para bajar costos” (Clarín, 3-11-17).
La buena nueva no fue para los trabajadores, sino para los acreedores de la deuda pública, quienes podrán seguir ganando miles de millones de dólares en especulación financiera, a costa de la producción nacional y de la reducción de salarios y jubilaciones.
Antes que el proyecto de ley específico, conviene analizar el rumbo general del programa económico-social –devaluación, inflación, aumento de tarifas, altísima tasa de interés, hiperendeudamiento, apertura comercial– y sus resultados objetivos: caída de la producción; quiebra de miles de pymes; destrucción neta de puestos de trabajo; incremento de la desocupación, la informalidad económica y la precariedad laboral; aumento de la pobreza y la indigencia; deterioro de las condiciones de salud, vivienda y educación; plasmando un cuadro de recesión económica, sangría financiera, virtual default y derrumbe social.
¿Ineptitud o resultados buscados? Cuando los funcionarios insisten en que “es por acá”, “no hay otro camino”, realizan una confesión de parte: la reforma busca abaratar costos empresariales que son los ingresos de los trabajadores, sean salarios directos, indirectos (obra social) o diferidos (jubilación). Los proyectos de reforma previsional y en materia de salud apuntan a disminuir también esos componentes salariales.
¿Los argentinos viven por encima de sus posibilidades? El 70% de los asalariados cobró menos de $ 25.000 en su ocupación principal, siendo el ingreso medio total de $ 20.640. Por debajo de $28.751, valor de la Canasta Básica Total y umbral de pobreza (EPH, 1er trimestre 2019).
La reforma ¿apunta a resolver estos problemas? No. Explícitamente se propone eliminar “mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos” para la producción y el trabajo; considerando como tales a los derechos laborales individuales y a los institutos del Derecho colectivo: Sindicatos y Convenios colectivos de trabajo. Bajo el argumento falaz de “modernizar las relaciones laborales” se pretende retroceder más de un siglo: eliminar horas extras alargando las jornadas de trabajo; abaratar la indemnización facilitando los despidos; anular la irrenunciabilidad de los derechos del contrato individual; legalizar figuras como la del “autónomo económicamente dependiente”; permitir la modificación unilateral de las condiciones de trabajo; reducir aportes y contribuciones patronales con destino a la seguridad social; disminuir sanciones por incumplimientos.
La proyectada reforma es una continuidad y actualización de la flexibilización laboral de Menem y De La Rúa. Una receta que no aseguró inversión productiva ni puestos de trabajo, pero incrementó la concentración económica y fuga de capitales, culminando en hiperdesocupación y estallido social. Tampoco es una salida para las pymes, afectadas por el derrumbe del mercado interno y agobiadas por los costos impositivos, tarifarios y financieros.
Las reformas que necesitan el país y la inmensa mayoría de sus habitantes son el cambio de rumbo que estimule la producción, cree puestos de trabajo genuinos con salarios dignos, dinamice el mercado interno y establezca relaciones equitativas con el resto del mundo.
(Fuente: Los Andes)