Escándalo: La Libertad Avanza les quita el 10% del sueldo a empleados públicos para «bancar» al partido
El presidente de LLA en Misiones, hombre de confianza de Karina Milei y Martín Menem, enfrenta graves denuncias por exigir el 10% del salario a trabajadores de ANSES y PAMI para financiar campañas partidarias.
Mientras el gobierno de Javier Milei predica la transparencia y la lucha contra la «casta», en Misiones se desata un escándalo que revela prácticas clientelares y extorsivas en el seno de su propio partido.
En un giro que expone las contradicciones del oficialismo libertario, Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones y figura clave en el armado político de Javier Milei, ha sido acusado de encabezar un esquema de recaudación ilegal que exigía a empleados públicos el 10% de sus salarios. La denuncia, respaldada por pruebas documentales, señala que los fondos eran destinados a financiar campañas y candidaturas del partido.
El escándalo, apodado «Diezmogate», estalló tras una reunión en Oberá donde once funcionarios de ANSES y PAMI denunciaron a Mario Pérez Miranda, mano derecha de Núñez, por obligarlos a transferir parte de sus sueldos. Se estima que el esquema recaudó cerca de 50 millones de pesos en los últimos meses.
Las pruebas incluyen capturas de pantalla, tickets y mensajes que comprometen directamente a Núñez, quien, según los denunciantes, supervisaba activamente la recaudación. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Núñez ha guardado silencio, mientras que desde LLA aún no se define su continuidad como líder provincial.
Este caso recuerda al de Ninfa Alvarenga, ex titular de PAMI en Misiones, quien fue removida tras audios que la mostraban exigiendo «diezmos». La repetición de estas prácticas en el seno de LLA cuestiona la autenticidad del discurso anticasta del gobierno de Milei.
La situación ha generado una reacción en cadena entre militantes y afiliados de LLA en Misiones. Más de 40 representantes han solicitado formalmente la renuncia de Núñez y la restitución de los fondos recaudados. Además, se ha pedido la creación de un Tribunal de Disciplina para investigar la complicidad de otros implicados.
Mientras tanto, el gobierno nacional, que promueve la transparencia y la meritocracia, enfrenta un desafío interno que pone en duda la coherencia de su discurso. La falta de respuestas claras y acciones concretas frente a este escándalo podría erosionar la credibilidad de LLA y del propio presidente Milei.
En un contexto donde la ciudadanía exige ética y transparencia, el «Diezmogate» se presenta como una prueba de fuego para La Libertad Avanza. La resolución de este caso será determinante para evaluar si el partido está dispuesto a romper verdaderamente con las prácticas de la «casta» o si, por el contrario, las reproduce bajo un nuevo ropaje ideológico.