Marcelo Orrego y un desastre en Cerro Coronel para favorecer a Barrick Gold
La expropiación del Cerro Coronel que realiza el departamento de Iglesia con el OK del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, no sólo es una inseguridad jurídica con la excusa de darle certeza (bah, un beneficio preocupante) a la minera Barrick Gold. También es muy curioso que tanto el intendente de Iglesia como Orrego son abogados. En teoría conocen de leyes y derechos.
Cerro Coronel
La expropiación del Cerro Coronel en el departamento de Iglesia, un pueblo sanjuanino de 9.000 habitantes, provoca controversias que combina intereses privados, decisiones municipales polémicas y un beneficio a la empresa Minera Andina del Sol, exBarrick Gold.
La Municipalidad de Iglesia, conducida por el intendente Jorge Espejo, publicó en su Boletín Oficial la ordenanza de expropiación de 55 hectáreas, terreno donde funciona una antena vital para las comunicaciones de la mina Veladero. El proceso inició un conflicto con los propietarios del lugar, quienes alegan una violación a sus derechos y denuncian que el Estado está actuando como facilitador de intereses privados.
¿Era necesario, Marcelo Orrego? La expropiación no solo atenta contra los derechos de los propietarios de Cerro Coronel, sino que violaría una cantidad de leyes.
El gobierno de Marcelo Orrego, avala la medida y asumirá los costos de la expropiación gracias a un acuerdo firmado en septiembre entre el municipio y el Estado provincial, cubriendo una suma de $7,5 millones más los posibles gastos judiciales.
Sin embargo, el daño patrimonial para los sanjuaninos podría ser de millones de dólares. El trabajo legal recaerá sobre los abogados del Ejecutivo Provincial, quienes asumirán la representación del municipio en las demandas inminentes.
La controversia comenzó con una disputa legal entre Barrick y los propietarios del terreno. En un fallo inicial, la Justicia condenó a la empresa a pagar una multa de casi US$ 1 millón por la ocupación indebida del predio. Aunque la Sala I de la Cámara Civil revocó esa multa, ratificó que la antena estaba en un terreno privado, lo que habilitaba a los propietarios a desmantelarla. Ante el riesgo de perder este activo estratégico, Barrick recurrió a la Corte provincial, que suspendió los efectos de la sentencia mientras se resuelve el conflicto de fondo.
La Demanda
Los ejecutivos de la minera Barrick sostienen, según se dice, que no pagan este planteo judicial porque se les vendría una cantidad de juicios de “otros privados que tendrían también lesionados sus derechos en otras cosas y causas”. Sin embargo, la Municipalidad de Iglesia intervino con la expropiación antes de que la justicia emitiera un fallo definitivo, argumentando que el desmantelamiento de la antena perjudicaría la economía local. La ordenanza alega una supuesta utilidad pública, señalando que la antena garantiza la comunicación para miles de trabajadores y proveedores locales de la minería.
No obstante, propietarios y críticos del procedimiento sostienen que esta fundamentación carece de sustento técnico y legal, ya que no se han presentado informes, planos ni análisis que demuestren la necesidad imperiosa de la medida para el bienestar general.
Además, subrayan que la utilidad pública debe ser razonable y no puede usarse como pretexto para beneficiar a una empresa privada. Desde el sector público también argumentan que la medida se toma para garantizar las comunicaciones del departamento. Sin embargo, los propietarios de Cerro Coronel permiten sin costo y a perpetuidad el uso del lugar a instituciones como son la Red Provincial de Comunicaciones o Gendarmería, y reclaman que Barrick ingresó en forma ilegal al lugar y nunca pagó un usufructo de uso del espacio.