Ley Bases: extractivismo cómo política de Estado
La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.
Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. Represión en las calles y el extractivismo como política de Estado.
Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina.
La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de «foresto industria» (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.
Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán «estabilidad fiscal»: no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.