Corrupción y sobreprecios en la OEI: Una denuncia sumó a Milei y Francos a la polémica
El empresario Juan Ricardo Mussa acudió a la Justicia para denunciar al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al subsecretario de Gestión Administrativa, Alejandro Gabriel Schiavi, al secretario General, Mariano Jabonero, y al representante en la Argentina, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis María Scasso, por la compra “irregular” de alimentos por parte de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la OEI.
“Les pagaron 6.900 millones de pesos a la OEI (y así como también pagaron de comisión el 6 por ciento por la participación de la OEI), se da cuenta que en realidad debía pagarle sólo 3.652.000 millones de pesos, entonces el remedio era que se cambiara toda la documentación y se mantenga el valor original de 6.900 millones de pesos, pero la ministra, quería que figurara el ex jefe de Gabinete de ministros, Nicolás José Posse, comprando los alimentos, cosa que se negó y por este motivo Javier Milei lo echó”, formuló. Cabe destacar que la adquisición se trató de 1.650.000 aceites de girasol de 900 mililitros y 1.650.000 kilos de lentejas secas, en paquetes de 400 gramos.
Asimismo, profundizó: “Compran y pagan billones de pesos a alguien que no existe, cometen un grave delito al reemplazar la administración del estado argentino por las Oficinas de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y/o Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que dándole autoridad para que ejerza de licitador/comprador sin controles de ninguna índole y por fuera de la constitución nacional y nuestras leyes”. Y añadió: “Con este verso estos sátrapas roban en complicidad con los funcionarios en todos los países que actúan”.
Vale aclarar que la denuncia quedó asignada por sorteo en el juzgado Federal Nro. 3, donde a los acusados se les imputaron la presunta comisión de delitos bajo las figuras de violación a la ley de ética en la función pública, estafa, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias, incumplimiento de funcionarios públicos, traición a la patria y asociación ilícita.