Abuelas manifestó preocupación por la posible eliminación de un área clave de la CoNaDi
Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), que forma parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), lo que constituiría un episodio más de una larga saga de gestos y decisiones políticas “negacionistas” implementadas desde el inicio de la gestión libertaria.
En un comunicado, explicaron que la entidad defensora de los derechos humanos fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar.
Para la organización que encabeza Estela de Carlotto se trataría de una decisión que sería perjudicial para “garantizar el derecho a la identidad y a la verdad”.
El dirigente social Juan Grabois publicó ayer, en sus redes sociales, una versión del Decreto que el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei tendría listo para anunciar la disolución de esta entidad.
“Están preparando el momento para publicar el Decreto”, señaló Grabios, y hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno nacional salió negar esta versión que circula con fuerza entre los organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad.
“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, remarcaron desde Abuelas.
En ese sentido, se indicó que “como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos”.
En la versión de la normativa que circula en las redes, se asegura que uno de sus fundamentos para promulgarla es “garantizar la independencia del Poder Judicial” en las causas en las cuales se investiga la apropiación de menores nacidos en cautiverio.
Un argumento Abuelas rebate por completo, al aseverar que “nunca, en estos 32 años de existencia de la CoNaDI se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”.
“Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes”, explicaron.
Abuelas recordó que trabaja en la actualidad con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas y necesita de la asistencia de esta unidad con el propósito de que las investigaciones arrojen resutados.
“Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea”, fundamentaron.
La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica, como afirman los sectores del oficialismo que justifican su disolución.
“Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados”, se repasó desde Abuelas.
Este proyecto de Decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es “un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley”.
En definitiva, “la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años”.
“Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo”, puntualizaron desde la entidad defensora de los derechos humanos.
Hitos del negacionismo
El espíritu negacionista sobre los crímenes del terrorismo de Estado va mucho más allá de las declaraciones extemporáneas de Milei y de los aceitados vínculos que la vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde de diciembre de 2023 se verifican una seria de decisiones que intentan contrarrestar desde el Ejecutivo las políticas de Memoria Verdad y Justicia que se implementan desde hace 20 años.
El ministerio de Defensa, Luis Petri, ordenó en abril pasado la disolución en esa cartera de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas.
Estos Equipos fueron vitales para aportar información en el esclarecimiento de varias causas de lesa humanidad, y 36 fiscales abocados en estos procesos, le reclamaron a Petri que se revea esta medida, ya que se trata de una unidad “proactiva” en las investigaciones sobre este tipo de delitos.
Petri justificó su decisión al argumentar que los ERyA eran un grupo “macartista, creado para perseguir a los efectivos de las Fuerzas Armadas”.
En la cartera de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, se informó el mes pasado que su gestión no entregaría más los legajos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad cuando haya un requerimiento de la CoNaDi referido a una investigación sobre apropiación de menores nacidos en cautiverio.
“No vamos a cumplir con los caprichos políticos de grupos militantes”, se indicó en un comunicado de Seguridad que llevaba la firma de Bullrich y de su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, excolumnista de la revista ultraderechista “Cabildo”.
Por eso esos días, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que la suspensión del pago de las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, en base a un caso irregular que había sido denunciado durante la gestión que cumplió en la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
De concretarse, la eliminación de la UEI por medio de un Decreto del Ejecutivo será un capítulo más del derrotero iniciado por el oficialismo para socavar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Seguramente, no será el último.