El dueño de Tabacalera Sarandí dijo que los diputados le hicieron ganar 1000 millones de dólares a Massalin

Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, habló por primera vez luego de la aprobación del impuesto al tabaco y cargó contra los diputados a los que acusó de beneficiar a la multinacional Massalin en 1000 millones de dólares.

Otero salió a hablar «ante el incesante, vergonzoso y falto de veracidad ataque mediático hacia nuestra empresa» y su persona, luego de que lo tildaran de «Señor del Tabaco» en los que catalogó como los «medios hegemónicos».

En la sesión del martes, los bloques de Miguel Pichetto, Innovación Federal y el radicalismo lograron incorporar al final del tratamiento de la Ley Ómnibus el controvertido impuesto al tabaco, a pesar de que los libertarios habían quitado ese apartado del proyecto por el lobby cruzado de las empresas del sector.

LPO había anticipado que Santiago Caputo decidió retirar el capítulo de la ley bases, porque el Gobierno temía que el lobby cruzado empantanara toda la ley. «

Fuerte interna en el bloque peronista porque 21 diputados votaron la ley que favorece a Massalin

Otero dijo este jueves que festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, y la derogación de parte de «la maldita ley #27430 de 2017, conocida por todos los actores como Ley Massalin, diseñada y promulgada por esa firma para quedarse con el 100% del mercado de tabacos».

«Nuestra empresa ha estado en litigio con dicha ley desde 2018, en procura de su propia subsistencia. Amén que un día ya no exista», dijo Otero en referencia a los amparos que presentó Sarandí para no pagar el impuesto que le aplicaron con la Ley Massalin.

«Desde hace años y en todas nuestras obligadas solicitadas o comunicaciones, hemos expresado la necesidad de acabar con esa ley, aunque en medios de menor difusión ya que los hegemónicos siempre nos han censurado y ninguneado, tratamiento contrario al que han tenido con la multinacional Massalin (Philip Morris)», dijo Otero.

El dueño de Sarandí dijo que «lo que también ha sucedido en la inclusión de esta derogación en el paquete fiscal, y es donde algunos legisladores perdieron del todo su inocencia, es el agregado del artículo donde un ejército de personas van a controlar los precios para Massalin y British American Tobacco (B.A.T.) en más de 100.000 kioscos del país». «Artículo este que solamente podrán cumplir las multinacionales, que pagan contratos millonarios a los puntos de venta (en su mayoría estaciones de servicio), y con el pretexto de publicidad mantienen los precios bajos, eludiendo impuestos. Es decir, el punto de venta no necesita remarcar precios, porque obtiene ganancias de esos contratos con las