La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su absorción en el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaria de Adolescencia, niñez y familia, no implica sólo un cambio de nombre, ni de estructura y organización. Implica un retroceso en el concepto, el contenido y el objetivo del mismo.

El DNU y la Ley Ómnibus, presentados por Javier Milei y los sectores dominantes que representa, profundizará el saqueo, la dependencia y la entrega del país, lo que traerá grandes sufrimientos a la mayoría del pueblo, principalmente a las mujeres, por la situación de desigualdad que sufrimos. 

Para lograr su objetivo económico-político deben barrer con conquistas sociales, laborales, afianzar lo individual, generar desconfianza en el grupo de pertenencia, dividir a la sociedad cambiando la historia e instalando enemigos: el socialismo y comunismo, los Kirchneristas; los peronistas,  sindicalistas, los dirigentes sociales, los artistas, el feminismo, etc. Mientras cuidan nombrar a los que se quedan con el país desde siempre: las corporaciones, los grupos Roca, Blaquier y los Macri entre otros.

En las últimas décadas, a pesar de la deuda política que venimos reclamando, inserción laboral genuina, mayor presupuesto para programas específicos, la vanguardia del movimiento de mujeres organizada, en el marco de los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), logró una importante y moderna legislación, que sintetiza el protagonismo de nuestras mujeres a lo largo de la historia, en un contexto de avances mundiales en DDHH para las mujeres y diversidades.

En el DNU intenta avasallar nuestro avance social y político al eliminar la palabra Mujeres tanto del nombre de la Secretaria como de varios artículos de leyes específicas, le quita entidad y sustento. Desconocen de esta forma, la desigualdad histórica que nos atraviesa, volviendo a colocarnos en el centro de la familia, a cargo de las tareas de cuidado, como lugar asignado naturalmente. Para instalar estos conceptos atrasados la persona elegida por Milei para dirigir Ministerio de Capital Humano, fue Sandra Pettovello, cuya formación académica es de fuerte orientación en Ciencias para la Familia. 

Estas modificaciones ideológicas y de paradigma, se ponen de manifiesto en propuestas de modificación de legislación específica vigente, por ejemplo, Ley Micaela y Ley de 1000 días, que garantizan un abordaje de situaciones, así como la aplicación de políticas concretas con perspectiva de género. Entrando en contradicción con acuerdos y tratados de rango constitucional, avalados por la ONU, que significan un gran avance respecto al rol social, gremial y político de las mujeres y la conquista de derechos.

Ley 1000 días

Si bien las modificaciones a esta ley parecen a simple vista sutiles y de forma, conllevan cambios profundos de concepto, por ejemplo:

Artículo 1: Referido a los objetivos, al hablar de cuidado integral de la salud y la vida de la mujer, niños y niñas en la primera infancia, reemplaza por madres en situación de vulnerabilidad, reduciendo a las beneficiarias al poner solo de relieve la situación económica, dejando fuera de foco la desigualdad de género. A su vez, en la enumeración de objetivos elimina la mención de políticas en Derechos Humanos y la prevención de violencia. 

Artículo 3: En la versión original, la ley habla de “atención integral de la salud de las mujeres y personas gestantes”, y la propuesta de modificación lo cambia por “madres, embarazadas y niños desde la concepción”.  Haciendo hincapié en el acompañamiento familiar y primera infancia.

Artículo 16: Propone modificaciones en el mismo sentido, al referirse en relación a los modelos de atención y cuidado de salud, a mujeres embarazadas y sus hijos por nacer.

Artículo 29: La propuesta de modificación habla de políticas públicas de detección y asistencia a madres y sus hijos por nacer, a través de protocolos y planes de ejecución conjunta con Gobiernos provinciales y municipales. No solo, no menciona al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, sino que no determina organismo responsable de aplicación concreto de dichas políticas. Centrando las decisiones en Pettovello de manera unipersonal, como ella misma anunció, sin equipos que desarrollen y ejecuten programas. 

Artículo 34: Con la modificación propuesta desconoce el control bicameral de las políticas de aplicación, entrando en contradicción con Convención Belém do Pará y Cedaw.

Esta falta de determinación se observa también en la modificación a la Ley Micaela y repercutirá en las políticas específicas para abordar la problemática de género. 

El proyecto de ley busca la reforma de seis artículos de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela. Es importante tener en cuenta cómo surge esta ley, ya que uno de sus objetivos es el de garantizar la perspectiva de género en aquellas personas que se desempeñan en la función pública, dado que sin esta configuración las mujeres han atravesado un sinfín de obstáculos en todos los niveles y jerarquías del Estado.

• La Ley Ómnibus en su art.535 pretende modificar el art. 1 de la Ley Micaela en tanto varía el alcance de las capacitaciones sólo a las personas que se desempeñan en organismos competentes con la materia. Achicando el espacio de destinatarios a recibir la formación y que sabemos son fundamentales para garantizar el correcto tratamiento y seguridad de quienes padecen violencia.
• En el art.536 sustituye el art.3 de la Ley Micaela otorgando al Ministerio de capital humano (antes Instituto Nacional de las Mujeres) la autoridad de aplicación de la Ley. Y además deja expreso que se reglamentará un procedimiento para la violencia familiar, cuando en realidad, sabemos que la violencia no se limita al ámbito familiar y por eso en la Ley Micaela se habla de temática de género y violencia contra las mujeres. Porque además la ley actual amplía el conjunto de personas que pueden padecer la violencia.

Quien pretende ser autoridad de aplicación en una ley ya vigente que llevó tanto esfuerzo y trabajo mancomunado, pretende una reforma en los destinatarios y contenidos que aún no se explicitan. La ley Ómnibus desprecia y desamerita el trabajo institucional ya realizado durante los últimos cinco años, dejando en evidencia el desconocimiento sobre la temática y aún más sobre la urgencia de trabajar y gestionar para garantizar hoy su aplicación en todo el territorio nacional, brindando presupuesto, recursos humanos y herramientas necesarias.

Seguiremos analizando el desarrollo de los debates y presentando nuestras propuestas para avanzar en derechos que sólo será posible con medidas políticas de trabajo productivo y justicia social para el pueblo en su conjunto.

                                                           COMISIÓN DE MUJERES PTP-PCR