Organizaciones sociales realizarán la primer marcha en el gobierno de Milei
En su segunda semana de gestión y a pocos días de las fiestas de Navidad, el Gobierno del presidente Javier Milei enfrentará la primera gran movilización social en contra de sus políticas de ajuste, medida que fuera ratificada en las últimas horas por los movimientos territoriales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas, lo que además, activará la puesta en marcha del protocolo anti-piquetes, anunciado el último jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La movilización que tendrá lugar el próximo miércoles a partir de las 16, partirá desde el Congreso de la Nación para terminar desembocando en la Plaza de Mayo, en abierto desafío al denominado Protocolo de Orden Público, anunciado por Bullrich, el que fuera rechazado por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
En el día de ayer, la ministra de Seguridad indicó, en declaraciones radiales, que las organizaciones sociales que se movilizarán «pueden manifestar todo lo que quieran, pero no cortar las vías de circulación».
En esa dirección, la funcionaria indicó que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Pese a ello, las más de 250 organizaciones sociales resolvieron ratificar la movilización bajo las consignas «Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI»; «No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización» y «Por un paro activo nacional y un plan de lucha», señaló un comunicado difundido desde el Polo Obrero.
judicial» en contra del protocolo anunciado por el gobierno.
«Veremos si tiene la formas de un hábeas corpus o de recursos preventivos para evitar que Bullrich lleve adelante lo que para nosotros es un delito: prohibir las movilizaciones populares», remarcó el dirigente.
Belliboni, quién convocó para este martes, a las 19, a una conferencia de prensa en la que se oferecrán precisiones en torno a la marcha contra el ajuste, también destacó que con la medida anti-píquetes, el Ejecutivo nacional «se arrogó el poder de eliminar el derecho a protestar».
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señaló que pedirá la «derogación por vía judicial» del protocolo de seguridad, que se trata, analizó, de «una remake recargada del que (Bullrich) presentó al mes de asumir el mismo cargo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal».
Mientras que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), advirtió que el protocolo de Bullrich «constituye un intento de golpe de estado, bajo la excusa de la seguridad», al tiempo que «otorga facultades al Poder Ejecutivo que son propias y exclusivas del Poder Judicial.
«Solo el Poder Judicial puede ordenar la intervención policial, sea federal o provincial», no así el Poder Ejecutivo, el que no puede «intervenir por su cuenta en temas de supuesta seguridad, sin orden judicial previa», advierte la FIDH.
El documento señala que el protocolo, «decreta por sí y ante sí que el Ejecutivo puede detener personas, incautar vehículos y propender a multas y sanciones administrativas sin derecho a defensa alguno», con lo que profiere «una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito».
En tanto que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales instaron, por su parte, al Ministerio de Seguridad a «rever el protocolo» y ratificaron la «plena disposición para trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos», consignaron en un comunicado.
También Abuelas de Plaza de Mayo, se opuso al protocolo al recordar que «las peores tragedias» de la historia argentina «han llegado de la mano de las políticas represivas».
En ese mismo sentido, la Asociación Madres de Plaza de Mayo expresó su repudio a la norma por considerarla «violenta, inconstitucional y fascista» y advirtió que se trata de un conjunto de directivas que violan «las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura».
En un sentido similar se expresaron la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que exigió su «inmediata derogación» del protocolo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que remarcó que «se persigue» a las organizaciones al destacar que «cortar las calles no es delito».
Con este panorama de fondo y en medio de la conmemoración por los 22 años de la represión ejercida bajo la gestión del expresidente Fernando de la Rúa, el 19 y 20 de diciembre de 2001, que dejara un saldo de 38 muertos, lo que precipitó su caída, el Gobierno de Milei enfrentará la primera movilización masiva contra el brutal ajuste que viene poniendo en marcha.
Fuente: Diario BAE Negocios