La Cámara de Diputados logra imponer su mayoría en la reforma de la Ley de Alquileres
En una tarde marcada por la intensa discusión, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró prevalecer sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, que había sido aprobado la semana pasada por el Senado. Este proyecto, que ha generado un fuerte debate en el Congreso argentino, se centra en aspectos clave de los contratos de alquiler, como la duración y el esquema de ajuste.
A finales de agosto, la oposición había obtenido la media sanción de un proyecto que proponía volver a los contratos de dos años con ajustes cada cuatro meses. Sin embargo, cuando este texto llegó al Senado, el oficialismo hizo valer su mayoría e introdujo cambios significativos. Esto condujo a que la iniciativa regresara a Diputados para una segunda revisión.
Durante el debate en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, el oficialismo logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión proveniente del Senado, mientras que la postura de la oposición de mantener la sanción inicial votada por la Cámara baja recibió el respaldo de 39 legisladores.
La decisión final se tomará en el recinto, donde partidos que no tienen representación en la comisión de Presupuesto, como la Izquierda, el Socialismo y los libertarios, podrían influir en la votación en favor de uno u otro proyecto.
Desde el oficialismo, el diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hagman, defendió el proyecto aprobado por el Senado y destacó que «ya no se esté hablando de derogación», lo que habría dejado desprotegidos a los inquilinos.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, expresó que la ley implementada en 2020 «no dio los resultados esperados» y anticipó que su espacio insistirá «con la sanción originaria de nuestra cámara».
El proyecto original, votado en la Cámara baja en agosto, establece un plazo mínimo de 2 años para los contratos de alquiler, ajustes cada cuatro meses y la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices para calcular los ajustes. Sin embargo, el proyecto del Senado introdujo modificaciones, fijando un plazo mínimo de tres años y estableciendo un mecanismo de actualización basado en el índice «Casa Propia», que considera la variación salarial y la inflación.