Desigualdad digital: el dolor de cabeza de algunos

El acceso a internet, es uno de los servicios de conectividad que integran los derechos a la comunicación, y tiene como característica particular que permite y facilita el acceso a otros derechos, como la educación, el empleo y la salud.

Hace 20 años, tener o no tener internet, era la variable para saber de qué lado de la brecha digital se encontraba la población. Hoy, si bien el acceso es todavía un problema para zonas de nuestro país y sectores de la población, las desigualdades digitales están atravesadas por la calidad del acceso, el costo del mismo, el equipamiento necesario y los conocimientos para operar la tecnología.

Las trabas de este tipo, siempre impactan con mayor fuerza en la población vulnerable, y las políticas públicas, que desarrolla el estado argentino, en general están destinadas a mitigar esos problemas. Por este motivo es que llama poderosamente la atención el procedimiento de validación de identidad que ha implementado el Ministerio de Desarrollo Social para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El mismo se ha transformado en una barrera para el acceso a derechos.

Los beneficiarios de los programas sociales, que intentan mitigar el flagelo de la desocupación, siempre están en la mira. Luego de perder las elecciones del 2021, y para darle satisfacción a algunos sectores, el gobierno nacional anunció un relevamiento que iba encarar con la asistencia de las universidades nacionales. Pasó el año, cambiaron los ministros y el relevamiento terminó en una encuesta que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo deben llenar mediante un formulario online antes del 6 de enero de 2023.

El procedimiento está planteado para que lo hagan en forma individual cada persona, pero en la práctica presenta muchas dificultades, contadas por los mismos beneficiarios. Isabel, integrante de la CCC, una de las organizaciones sociales que nuclean beneficiarios, cuenta que sus compañeras y compañeros tienen muchas dudas y miedos sobre cómo hacer el trámite. Una vez, el ámbito colectivo es el mejor refugio para quien no tiene herramientas.

«El proceso se realiza mediante la aplicación ‘Mi Argentina», cuenta Isabel y agrega «Tenemos compañeros con mucha dificultad, ya que la mayoría no tiene buena conectividad, y además se necesitan teléfonos de gama media o alta; en los teléfonos «chicos» no se puede hacer ‘la biometría’ para validad la identidad». Además, los compañeros han comprobado que los teléfonos tienen que tener al menos 4gb de RAM y Android 10 para soportar la aplicación eficientemente. «La mayoría no cuenta con teléfonos de esas características.»

La conectividad mediante tecnología con altos costos es una barrera que marca desigualdades, y quienes cobran salarios de menos de 30 mil, deben realizar el trámite en equipos que cuestan más de 60 mil. La compañera de la CCC también explica que gastan datos móviles, porque es muy raro que consigan internet fija, y muchas veces deben «pasarse internet» entre los compañeros para completar las cargas.

Otro factor es el conocimiento de las aplicaciones. «También tenemos compañeros que tenía la cuenta (de mi argentina) y ahora se han olvidado la contraseña, han perdido también los correos y por lo tanto no pueden recuperar la cuenta». No es un impedimento ya que se puede recuperar la cuenta mediante un reclamo en la mesa de ayuda de la aplicación, pero hace falta conocimientos para poder hacerlo.

Finalmente «el trámite es un formulario sencillo y corto, pero tiene algunas preguntas claves en las que no se pueden equivocar y sobre todo no hay segunda chance, se carga una vez y se cierra». No está del todo claro que puede pasarle a quienes no hagan de manera correcta la validación, pero el miedo a perder el plan es una presión grande que lleva a la desesperación de muchos beneficiarios.

Estas propuestas de acción del gobierno se enmarcan en la línea de generar «ciudadanos digitales» que tienen sus fuentes de promoción en la OMC, UNESCO y el Banco Mundial. A medida que avanzan esas políticas, desnudan las desigualdades digitales que tiene la población del país. Estas últimas son palpables y concretas, y exigen otras políticas públicas para compensar esas desigualdades. En él mientras tanto el poder de la organización popular, que se organiza y capacita, ayuda a vencer esos obstáculos, pero a mediano plazo necesita presentar batalla contra esos planes que vienen a cercenar derechos comunicativos.