La Defensoría del Público cumple 10 años de promover el «derecho» a la comunicación

La Defensoría del Público, el organismo autónomo más joven de la democracia, cumple este lunes 10 años con la misión de promover el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de medios audiovisuales, «un derecho humano que en algunos contextos es la garantía de que no se vulneren otros derechos», dijo en diálogo con Télam la defensora Miriam Lewin, que asumió en junio de 2020 tras ser elegida por la Comisión Bicameral de Comunicación Audiovisual del Congreso con el respaldo del oficialismo y la abstención de la oposición.

La periodista y escritora asumió en plena pandemia de coronavirus y a partir de su designación se reactivaron «los trabajos que se habían paralizado» durante el gobierno de Mauricio Macri.

Lewin recordó que es la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en 2009 la que «abrió abre las puertas para la Defensoría en 2012», cuando se designó el 14 de noviembre de ese año la primera defensora del público, la periodista Cynthia Ottaviano.

Luego de cumplir su mandato de cuatro años, «la Defensoría entra una etapa de acefalía y después de intervención», contó la actual defensora.

En septiembre de 2018, intervino el organismo el abogado Emilio Alonso, a quien los trabajadores y trabajadoras acusaron de generar un vaciamiento de la Defensoría.

Durante el período de acefalía las trabajadoras y trabajadores, dijo Lewin, «mantuvieron el trabajo como pudieron y luego vinieron 18 meses de intervención que paralizaron distintas líneas de acción» hasta la designación de Rodrigo Rodríguez, a través de una resolución de la presidenta del Senado, Cristina Fernández y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La Defensoría tiene cuatro direcciones: una de relaciones con las audiencias para recibir reclamos, una de investigación y análisis para realizar informes sobre las piezas radiofónicas y audiovisuales reclamadas, una jurídica con abogadas y abogados especializados en derechos humanos y una de capacitación para difundir buenas prácticas y que no se vuelva a caer en el mismo error o vulneración.

La Defensoría del Público: una idea de Raúl Alfonsín, retomada por Cristina Kirchner

Ottaviano, que este lunes recibirá un reconocimiento en la sede de Adolfo Alsina 1470 de la ciudad de Buenos Aires, sostuvo a Télam que «el reconocimiento de la comunicación como derecho humano implica alejarse del mero negocio y de las lógicas de producción del caos, del espectáculo, clasistas, coloniales, étnicas y patriarcales».

Durante los 4 años de su gestión, el organismo recibió más de 10 mil denuncias que fueron solucionadas «prácticamente todas, a través del diálogo, del encuentro, del intercambio de puntos de vista», dijo la exdefensora y Doctora en Comunicación.

La solución de las denuncias, explicó, «se realizó en un escenario de alta concentración y resistencias a aceptar que las miradas de las audiencias completan la comunicación sobre todo con sus reclamos por discriminación de grupos históricamente vulnerados».

«La Defensoría fue una idea nacida del gobierno radical de Raúl Alfonsín para fortalecer la democracia», precisó Ottaviano.

El exmandatario decidió fundar el Consejo para la Consolidación de la Democracia (Cocode) y conformó una comisión de comunicación, desde donde se reconoció la centralidad que ocupa la libre circulación de información, ideas y opiniones para la toma de decisiones.

«Cristina Fernández retoma aquélla propuesta de Alfonsín e incorpora los artículos 19 y 20 a la LSCA para crear la Defensoría», recordó la fundadora de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID).

Lewin explicó que el organismo «depende funcionalmente de la Comisión Bicameral y tiene en su trayectoria valores como la libertad de expresión de todos y todas, no solo de los propietarios de medios».

«Hablamos de libertad de expresión de grupos que históricamente fueron vulnerados también», enfatizó.

Las audiencias públicas

Explicó que las audiencias públicas son «un mecanismo participativo de las audiencias donde la Defensoría escucha» para conocer «lo que la gente espera de los medios».

En total, se llevaron a cabo 38 audiencias públicas en todo el país en las que los reclamos más escuchados fueron los referidos al incumplimiento de la accesibilidad que, de acuerdo al artículo 66 de la LSCA, todos los medios deben brindar, subtitulado y lengua de señas argentinas.

La falta de contenidos «adecuados para niños, niñas y adolescentes, la vulnerabilidad de los pueblos originarios, y la cuestión del suicidio, que está tomando mucha relevancia», también son reclamos recurrentes, indicó Lewis y agregó que reciben «entre un 18 y 20% relacionados» a violencia digital y desinformación en redes.

«Estamos discutiendo tener competencia en lo digital, algo indiscutible porque no se puede comparar el ecosistema de medios de 2012 con el actual. Esto es un reclamo de las audiencias», relató.

Resaltó además la «gran apropiación de los feminismos como instrumentos por parte de la Defensoría» y apuntó que «cada vez que se vulnera el derecho de las audiencias por una cobertura inadecuada de un femicidio o un hecho de violencia de género recibimos un aluvión de reclamos».

Al respecto, señaló que hubo más de 1.500 reclamos en un solo día, una cifra sin precedentes, que «no fueron presentados por personas travestis y trans, sino por ciudadanos y ciudadanas que se sintieron ofendidos por lo que circula en los medios contra un colectivo históricamente vulnerado en sus derechos».

La Defensoría cuenta con 24 trabajos que orientan en temas como niñez y adolescencia, identidades de géneros, suicidios, violencias y discapacidad y brinda capacitaciones en temas como suicidio, trata, salud mental, y consumos problemáticos.

«La capacitación más requerida es la de género», dijo Lewin y expuso que desde la Defensoría promovieron y asesoraron «la aprobación de la ley de Cupo Travesti Trans en los medios y ahora acompañamos el proceso de reglamentación que está pendiente», como así también el respaldo para «la designación de editoras de géneros en los medios».

La gran manifestación de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 fue un punto de inflexión que «hizo evidente que era necesario en las coberturas periodísticas tener en cuenta la perspectiva de género».

El organismo forma parte de la Organization of News Ombudsmen, una institución que agrupa a quienes defienden a las audiencias de 22 países.

Asimismo, puso en marcha la Defensoría Móvil, un trailer con un estudio de radio y televisión que recorre el país para los que lo deseen puedan hacer radio, televisión o presentar un reclamo en forma presencial.

También comenzó una alianza estratégica con Unicef de Argentina para trabajar el derecho a la comunicación de niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Télam