EE.UU: Podrían revocar el aborto legal

El 49° aniversario del aborto legal en Estados Unidos podría convertirse en el último si la Corte Suprema más conservadora de los últimos 90 años decide anular a mediados de año el histórico fallo de Roe vs. Wade, con el que el máximo tribunal legalizó el 22 de enero de1973 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país.

Su mayor garante durante casi medio siglo podría pasar a ser su verdugo en el verano boreal, cuando se pronuncie sobre la demanda presentada por el sureño estado de Mississippi, que pidió abolir la sentencia de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.

«Tenemos una mayoría de la Corte Suprema que es conservadora y claramente no prioriza los derechos humanos y la autonomía del cuerpo. Por eso es probable que revoque a Roe, ya sea mediante una derogación total o limitando la legislación existente», dijo a Télam Serra Sippel, directora de Promoción Global de la Federación Internacional de Planificación Familiar en el Hemisferio Occidental (Ippfwhr).

Si bien el tribunal rechazó en el pasado casos similares y reafirmó la constitucionalidad del derecho a la IVE, hace poco más de un año pasó a tener una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett por el entonces presidente Donald Trump.

Este cambio puso en alerta a los defensores de los derechos reproductivos, que vieron sus temores materializarse luego que la Corte negara el año pasado en dos ocasiones suspender una ley del sureño Texas que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación, incluso en caso de violación o incesto.

Una decisión que podría sugerir la futura postura del máximo tribunal ante el caso de Mississippi.

«Este 49º aniversario de Roe vs. Wade bien podría ser el último», lamentó Alejandra Soto, directora de Comunicación y Medios Latinos de la Federación Americana de Planificación Familiar (PPFA).

En declaraciones a Télam, la responsable de PPFA advirtió que si ese fallo es finalmente revocado, 26 estados de los 50 que tiene el país prohibirán la IVE, dado que disponen de proyectos de ley escritos o ya aprobados por sus cuerpos legislativos para hacerlo inmediatamente.

Un escenario que dejaría a unas 36 millones de estadounidenses en edad reproductiva sin acceso directo al aborto.

«Es insólito que en Estados Unidos, país de la libertad y los derechos, estemos retrocediendo, mientras estamos viendo una marea verde en América Latina», señaló Soto y agregó: «Todo fue orquestado por legisladores que llevan años tratando de cambiar la bancada judicial (del país) y aprovecharon el mandato de Trump para hacerlo y ahora estamos viviendo los efectos de esas acciones».

Un poder judicial conservador

En sus cuatro años de Gobierno, el magnate republicano nombró a más de 200 jueces federales –casi un 30% de todos los que están activos en el país-, además de a tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema.

Esta configuración más conservadora del poder judicial provocó el año pasado una embestida récord de restricciones a la IVE en el país, con un total de 108 promulgadas en 19 estados.

Entre ellas, figura la polémica ley de Texas, que ha llevado a sus residentes a viajar no solo a los cuatro estados vecinos para poder abortar, sino también a otros 12 territorios -algunos ubicados a miles de kilómetros como Illinois, Washington y Ohio-, según datos del Instituto Guttmacher.

Ante esta encrucijada, el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, prometió un «esfuerzo de todo el Gobierno» para defender el derecho al aborto en el país.

La Casa Blanca incluyó a los derechos reproductivos como una prioridad de la primera estrategia nacional de equidad e igualdad de género.

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra la normativa del estado de Texas para buscar su inconstitucionalidad y la Administración de Alimentos y Medicamentos eliminó permanentemente algunas restricciones de acceso a las píldoras abortivas para que puedan recetarse por telemedicina y recibirse por correo.

Además, la Cámara de Representantes aprobó un ambicioso proyecto que pretende no sólo legalizar la IVE por esa vía, sino también derogar la enmienda que impide su financiamiento público, pero de momento la medida está estancada en el Senado.

Aunque las activistas consultadas por Télam aplaudieron estos avances, ambas coincidieron en que el Gobierno de Biden podría hacer «mucho más» en su defensa de la IVE.

Para Sippel, el mandatario debería trabajar más firmemente con el Congreso para que derogue las enmiendas que impiden la financiación pública del acceso al aborto, tanto en Estados Unidos como en el exterior, y también apruebe la iniciativa que transformaría al fallo de Roe vs. Wade en ley.

Asimismo, destacó la necesidad de que tome medidas para involucrar activamente a los legisladores para acabar «de una vez por todas» con la denominada ley Mordaza Global, una normativa que prohíbe a Estados Unidos financiar a ONG internacionales que brinden o promuevan la IVE, incluso si lo hacen con fondos propios.

Una ley aprobada en 1985

Lanzada en 1985 por el expresidente Donald Reagan, esta política fue revocada cada vez que hubo un Gobierno demócrata y reinstaurada cada vez que hubo uno republicano, siempre con decretos, por lo que los defensores de los derechos reproductivos exigen su cese definitivo a través del Parlamento.

«Terminar esta batalla política nacional de Estados Unidos sería clave para promover el acceso al aborto tanto en el país como a nivel mundial», consideró la representante de Ippfwhr.

Soto, por su parte, criticó que el Gobierno de Biden no use públicamente la palabra «aborto» para referirse al tema: «Dicen ‘salud reproductiva’, dicen ‘apoyamos los derechos de la mujer’, pero no se dice ‘aborto’ o ‘el aborto es un derecho de salud’ y eso ayudaría porque la gente no habla de sexo y salud reproductiva abiertamente o de una forma saludable».

«Necesitamos que a todo nivel de liderazgo de Gobierno se combata ese estigma», sentenció.

Fuente: Télam