Bolivia: el viceministro de Justicia denunció el «armado de causas» durante el gobierno de facto
El viceministro de Justicia de Bolivia, César Siles, denunció el «armado de causas» por parte del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y explicó que decidieron recurrir a la ley de indulto y amnistía aprobada hace unos días para «remediar esa injusticia» y para empezar a resolver el hacinamiento carcelario, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus.
«Hemos sido testigos de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales con el armado de procesos políticos a medida del Gobierno golpista y que ha generado aproximadamente 1.500 personas injusta e indebidamente procesados únicamente durante el Gobierno de facto», afirmó Siles en una entrevista con Télam.
La medida pretende alcanzar a 3.180 personas, a diferencia del decreto presidencial 4.226 aprobado el año pasado por Áñez para descongestionar las cárceles en plena pandemia, que alcanzó a 382 personas.
Siles, quien junto con al ministro de Justicia, Iván Lima, fue abogado de varios de los «perseguidos políticos» durante el Gobierno de facto de Áñez, ya había sido testigo antes de asumir que muchas causas a dirigentes políticos opositores al golpe se caían por sí solas al llevarlas ante la Justicia.
«Pero al existir tantas causas en todo el país armadas sin motivo legal alguno, hemos visto la necesidad de proyectar conjuntamente con el Ministerio de Gobierno este decreto presidencial (4.461) aprobado el viernes pasado», explicó el abogado y ahora viceministro.
El debate de la ley de indultos el viernes pasado en la Asamblea Legislativa fue calificado como una acto de Justicia por el oficialismo y denunciado como «dictatorial» e «inconstitucional» por la oposición.
Uno de los temas que más polarizó y tensó la discusión es que uno de los beneficiados es el expresidente Evo Morales, quien estaba acusado de genocidio y extremismo por supuestamente organizar y alentar los bloqueos de rutas y las movilizaciones contra el Gobierno de facto de Áñez.
Siles explicó que la ley no solo buscará «remediar esa injusticia», sino también para beneficiar a otros grupos carcelarios.
Entre los beneficiados se hallan personas con enfermedad crónica, en estado terminal, mujeres embarazadas, adultos mayores, padres y madres de niños menores de 12 años, tutores de personas con discapacidad y víctimas de retrasos de la administración de justicia, que no se encuentran dentro del grupo que el Gobierno califica de perseguidos políticos.
La medida pretende alcanzar a 3.180 personas, a diferencia del decreto presidencial 4.226 aprobado el año pasado por Áñez para descongestionar las cárceles en plena pandemia, que alcanzó a 382 personas.
Según Siles, las cárceles bolivianas tienen capacidad para 6.765 personas, pero actualmente albergan a 17.863, lo que se traduce en un hacinamiento del 167%.
El Gobierno espera que el proceso no tarde más de 10 días en hacerse efectivo, ya que se trata de un trámite «ágil» en el que la persona alcanzada por el indulto o la amnistía solo tendrá que firmar una solicitud.
«El trámite lo va a realizar la Dirección de Régimen Penitenciario, cuando se trata de indulto y el Servicio Plurinacinal de Defensa Pública si se trata de amnistía» y, luego, deberá ser homologado por el órgano judicial, explicó el viceministro.
Para dar mayor celeridad al trámite, el Ministerio de Justicia desplegó brigadas móviles en todo el país.
«Tengo el mandato claro del Ministro (Lima) y del Presidente (Luis Arce) de poder llegar lo antes posible a este universo que nos hemos propuesto de 3.180 personas aproximadamente en el menor tiempo posible», expresó Siles.
Con el indulto y la amnistía, el Gobierno apunta a resolver las cuestiones estrictamente procesales, pero mientras prepara un proyecto de ley para una reparación integral para aquellas personas que durante el levantamiento y posterior golpe de Estado de 2019 fueron despedidas de sus trabajos y se quedaron sin seguro de salud y para reparar a los heridos o familiares de los asesinados.
FUENTE: Télam