El gobierno nacional lanzó un ultimátum para intentar que los bonistas acepten la oferta

Tras la confirmación de que, sin el apoyo de BlackRock y sus aliados, la adhesión a la oferta oficial de canje de USD66.000 millones de deuda externa quedó del umbral necesario para activar la reestructuración, el Gobierno lanzó un ultimátum a los bonistas a dos días del cierre del plazo vigente. Si no aceptan la propuesta económica de USD53,5 por cada USD100 de valor nominal, no habrá prórroga del canje y pateará la negociación para después de cerrar con el FMI bajo advertencias de quitas más profundas. «Por ahora no se extiende», le dijeron fuentes oficiales a BAE Negocios, aunque indicaron que la decisión final se tomará los primeros días de la semana.

Son días claves de la negociación. Todas las partes juegan al poker y especulan con el límite de los plazos para intentar que la contraparte ceda.

Con el período de suscripción a la oferta cerrado, el Gobierno contó el viernes los votos: pese a la suba de más de USD10.000 millones desde la propuesta inicial de abril, el nivel de adhesión al canje cosechado fue menor al 40% de los títulos elegibles. Es decir, se confirmó que sin los tres principales grupos liderados por el CEO de BlackRock, Larry Fink, no se llegaría al piso de participación del 50% en cada serie para hacer válida aunque sea una reestructuración parcial. Los grandes fondos presionan para conseguir al menos USD1,5 más de valor presente neto (VPN), además de algunos ajustes contractuales.

Decidido a no volver a aumentar la oferta, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidieron hacer un ultimátum. Amenazar con dar por finalizada la negociación si no la aceptan, no prorrogar la vigencia del canje e ir hacia un default más prolongado. En ese caso, la reestructuración de los bonos bajo legislación extranjera se postergaría para después de acordar el nuevo programa con el Fondo Monetario.

La estrategia consiste en presionar a los bonistas para que tomen los USD53,5 bajo la advertencia de que negociar después del FMI dejará margen para un ofrecimiento menos «generoso» para los privados.

Lo dejó claro Guzmán en una entrevista con Página 12: «Las dos alternativas son esta oferta, que muestra un gran esfuerzo, y cerrar en ese valor o que Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados. Eso daría lugar a una reestructuración más profunda. Es iluso suponer que más adelante podamos ofrecerle más». Aunque afirmó que «la oferta está vigente y los acreedores tienen tiempo de aceptar».

Así, el Gobierno volvió a pasarle la pelota a BlackRock y sus aliados. Ahora el Ejecutivo espera un movimiento de los fondos. «Por ahora» no se extenderá la oferta, dicen las fuentes oficiales. Pero admiten que «se verá a principios de semana qué decisión final se toma».

En el mercado los grupos Ad Hoc, Exchange y ACC dejan trascender que no cederán. Y advierten que no le será fácil al Gobierno negociar con el Fondo desde el default. Mientras tanto, según la agencia Bloomberg, los bonistas iniciaron conversaciones informales con el FMI, el Tesoro de EE.UU., la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y el Instituto de Finanzas Internacionales para intentar que respalden los ajustes contractuales exigidos por ellos para limitar la implementación de la estrategia Pac-Man de canjes parciales sucesivos. El apoyo de la comunidad internacional es una de las condiciones que puso el Gobierno para conceder los cambios.

El plazo vigente vence el martes. Fernández y Guzmán podrían tomar una decisión final este lunes. Y si bien la idea es comunicar el próximo paso antes de que expire, lo cierto es que hay unos días más de margen para formalizar la decisión. El viernes 7 es el día pautado para el anuncio de los resultados de la operación y hasta ese día podría estirarse la definición. Fue lo que ocurrió con la primera prórroga, que se informó el 11 de mayo, tres días después de la fecha de cierre de la invitación a los bonistas.

En caso de que no haya acuerdo, el riesgo de patear el tablero y dar por caído canje es que los fondos inicien pedidos de acelación de pagos producto del default.

Según supo este diario, Economía analiza proponer un standstill, es decir, un acuerdo entre las partes para posponer la negociación sin que estos inicien litigios en los tribunales de Nueva York por la cesación de pagos. Para eso, los acreedores deberán aceptarlo.

Canje local y FMI

Mientras tanto, el Gobierno tiene decidido continuar con el canje de deuda en dólares bajo legislación local por USD41.714 millones. El jueves pasado el proyecto del Ejecutivo recibió media sanción en el Senado y este martes será tratado en Diputados. Como adelantó BAE Negocios, Economía espera lanzar la invitación antes de mitad de agosto, una vez que la ley esté promulgada. En este caso se espera una amplia participación. Muestra de eso es que el 95% de los tenedores argentinos de bonos con jurisdicción extranjera ya ingresaron al canje, según fuentes del mercado.

Además, Fernández y Guzmán avanzan en las gestiones con el FMI para darle cuerpo a la advertencia a los bonistas. El fin de semana trascendió que le enviaron una carta a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, para solicitar el inicio formal de la renegociación del programa stand by firmado por Mauricio Macri por el que Argentina debe USD49.000 millones entre capital e intereses.

«Es probable que ya se empiece a tratar con el FMI más allá de la extensión o no», señalaron fuentes del Gobierno a este diario. La idea a trabajar sería continuar con el pago de los intereses pero refinanciar los vencimientos de capital que se concentran entre 2021 y 2023. Esto implicará negociar un nuevo programa con un organismo que pugnará por imponer distintos elementos de sus tradicionales recetas de ajuste.

Al respecto, Guzmán señaló: «La premisa fundamental en la que se debe basar el programa es que no hay estabilización posible sin recuperación económica. Y para estabilizar la economía, hay que dejarla crecer. Esto significa que no hay lugar para un esquema de política monetaria contractiva en un contexto de recesión, como ocurrió con el programa stand by del año 2018. Y las políticas, está claro que las decidiremos nosotros».

FUENTE: BAE NEGOCIOS