El Estado renueva su intervención en la economía

Con la llegada del coronavirus y las medidas de confinamiento, el Gobierno tomó una decisión incómoda para los empresarios. El 1 de abril del 2020, Alberto Fernández firmaba un Decreto de Necesidad y Urgencia prohibiendo los despidos, luego de una fuerte confrontación pública con el Grupo Techint, quién había cesanteado a más de 1.400 trabajadores. Sin embargo, pese al pase de facturas público y la vigencia del decreto, el Ministerio de Trabajo terminó avalando los despidos.
El viernes pasado, el Ministerio de Trabajo publicó un informe con los primeros datos del impacto de la pandemia en el nivel de empleo. En abril, primer mes completo de cuarentena, se perdieron 185.800 puestos de trabajo registrados. En lo que va del año, 307.900 trabajadores se quedaron sin empleo.
Si queremos buscar el origen de las pérdidas de trabajo registrado pese a la vigencia de una norma que explicita lo contrario, podemos encontrar su génesis en la disputa saldada a favor de los «miserables».

El episodio Vicentin

El decreto que prohíbe despidos se sumó a la doble indemnización, vigente desde el 13 de diciembre pasado. El programa ATP y el IFE, entre otras medidas, refuerzan la intervención del Estado en la economía y sus actores privados, para hacer frente a las consecuencias catastróficas del coronavirus en el nivel de actividad.
El caso Vicentin intentó avanzar un poco más allá. El anuncio de la intervención y eventual expropiación de la compañía generó un fuerte rechazo de los círculos empresariales y hasta manifestaciones multitudinarias en algunas regiones. Esta presión llevó a que el ejecutivo nacional improvise una marcha atrás en sus planes.
Sin embargo, esto no implicó la retirada del Estado como actor clave en la economía. En las últimas semanas, se acumularon señales y medidas concretas del Gobierno nacional que lo muestran como un factor activo en el ordenamiento de la actividad, más allá de las imposiciones resultantes del endurecimiento de la cuarentena.

El Estado como ordenador

El 23 de junio, el Gobierno oficializó el pago en cuotas del aguinaldo para los trabajadores estatales. El viernes pasado, Aerolíneas Argentinas anunció que pagará la mitad de los sueldos a sus empleados. Así, donde el Estado Nacional es el empleador sienta precedentes que pueden ser bienvenidos por los empresarios. En síntesis: si los empleadores privados quieren pagar el aguinaldo en cuotas o abonar la mitad del sueldo a sus empleados, el Estado no dispone de autoridad para evitarlo.

Además, se tomó una decisión incómoda para los tiempos corrientes. El Gobierno ordenó liberar el pago de subsidios adeudados por el Plan Gas elaborado por el ex ministro de Energía, José Aranguren. Esto implica un desembolso superior a los $18.500 millones durante dos meses. El principal beneficiario de este pago es el Grupo Techint, a través de Tecpetrol, a quién le corresponden unos $11.400 millones por la deuda heredada del programa de estímulo a la inversión para la producción de gas en Vaca Muerta.
Decimos que se trata de una decisión incómoda por varios motivos. En momentos donde el Gobierno de Fernández busca achicar el gasto del ATP y el IFE, restringiendo sus alcances por regiones, se avanza en pagos extemporáneos, que tienen poco que ver con la actualidad de urgencias económicas. Incluso, el principal beneficiario del subsidio es el mismo grupo económico que desoyó las advertencias presidenciales al inicio de la cuarentena.
Incomodidad adicional: el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía de Mauricio Macri por la dolarización de los contratos para el gas domiciliario durante su gestión. Mientras un área del Gobierno denuncia las políticas gasíferas de la administración anterior, el mismo Gobierno decide sorpresivamente honrar los compromisos firmados por los denunciados.

Lo que sigue

Como vemos, el revés en el caso Vicentin no desembocó en una retirada del Estado de la actividad económica como reclamaban sus detractores. Es posible que las renovadas señales del ejecutivo allí donde oficia de empleador sean tomadas por los empresarios como una guía para actuar en consonancia.
El pago de subsidios adeudados al mismo grupo concentrado que inauguró la temporada de despidos es una señal importante. La apertura de puentes del oficialismo hacia los grandes empresarios parece enmarcarse en una estrategia más general: la nueva oferta en las negociaciones para reestructurar la deuda externa se acerca bastante a las exigencias de los acreedores. Mientras tanto, este lunes las acciones de las empresas nacionales que cotizan en Nueva York saltan hasta un 20%.

FUENTE: FILO NEWS