Un sindicato para la economía popular

La CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Frente Darío Santillán se preparan para conformar un Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. El paso significa, en lo formal, la unificación de sus personerías. En lo político, la mirada apunta a un cambio de etapa. Muchas condiciones para dar un salto de crecimiento están dadas: las cuatro organizaciones hicieron campaña por el Frente de Todos y serán parte del gobierno, con acceso a la gestión. Se disponen a entrar a este ciclo con un gremio que posiblemente se integrará a la CGT. Contarán, finalmente, con diputados nacionales, provinciales y concejales. Esta construcción, señalada por el sociólogo Francisco Longa como una acumulación inédita para los movimientos sociales, merece ser seguida de cerca.

Un elemento estructural está en la base de este cambio. En los últimos años, con mayor fuerza en el período de gobierno de Cambiemos, encabezados por el llamado triunvirato de San Cayetano, estos movimientos han conseguido permear a la política con su mirada sobre el problema del trabajo. La figura del desocupado como persona que atraviesa una crisis –y requiere asistencia hasta superarla– ha sido desplazada para poner, en su lugar, el concepto de trabajador de la economía popular, que implica una condición permanente, y la posibilidad de políticas de desarrollo para el sector; incluso de constitutirse en un actor económico en disputa con las lógicas del mercado.

La pregunta es ¿por qué gremializar a los que no tienen un empleo formal?

Convocatoria

“El sector privado tenía, hace 40 años, 6,2 millones de trabajadores, en un país con 17 millones de habitantes. Hoy, con una población de 45 millones, el sector privado sigue dando empleo a 6,4 millones de personas”, arranca Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE-CTEP). En la CTEP estiman que en la Argentina hay alrededor de 5 millones de trabajadores de la economía popular. 

De ese total, los organizados en cooperativas o que perciben planes sociales, son actualmente cerca de 500 mil. En el país sólo hay un sindicato con mayor número de integrantes, número que surge de considerar los beneficiarios del Salario Social Complementario y sumarle los planes del Hacemos Futuro, categoría en la que el macrismo juntó todos los antiguos programas de empleo. Aunque cuando Caropresi habla del Sindicato o Unión de Trabajadores de la Economía Social alude a un conjunto mayor, más amplio que el de los planes sociales.

“La idea es abrir esta convocatoria a más organizaciones que vienen trabajando con el sector. Lo central para nosotros es que entiendan la definición de trabajador de la economía popular, y por qué creemos importante gremializar a ese actor. Esto incluye a las organizaciones que nuclean a trabajadores de la vía pública, vendedores ambulantes, cartoneros, cooperativistas de viviendas, los que limpian arroyos, los que hacen veredas, los que lavan coches, los que cuidan coches. Los promotores de salud, los que sostienen guarderías y comedores populares. Todo este sector de los descartados del sistema, que se inventaron su trabajo, está bienvenido a aportar a esta construcción”.

Unificación

La creación del sindicato fue uno de los temas del encuentro de los movimientos sociales con Alberto Fernández, realizado el mes pasado en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). «Él está muy al tanto de este proceso», asegura Daniel Menéndez, de Somos-Barrios de Pie, sugiriendo un visto bueno presidencial. «Fue casi una propuesta que nos hizo… o una chicana, en el sentido que en esa charla nos planteó que siempre discutimos por las partes y demás».

Las organizaciones invitaron al futuro presidente a participar del acto de lanzamiento del sindicato, que inicialmente iba a ser el sábado pasado y ahora pasó al viernes 20. La postergación tuvo que ver, entre otras cosas, con que son días en que se está definiendo qué dirigentes irán a la gestión pública. Los movimientos quieren tener presencia en tres secretarías: Desarrollo Social, Vivienda y Agricultura Familiar.

Para Menéndez, la creación del gremio expresa “un proceso de unidad que en el campo popular ha sido uno de los datos más importantes de estos últimos cuatro años. Es la construcción de una herramienta donde estén todas las tendencias, o por lo menos las más importantes».

Quedarán afuera dos sectores del sindicato: las organizaciones de la izquierda como el Polo Obrero –también el Frente de Organizaciones en Lucha, que movilizaba con el Frente Darío Santillán y los Cayetanos– y la la vertiente kirchnerista de los movimientos populares, el Frente Milagro Sala.

Derechos

La nueva organización es pensada como herramienta para disputar el reconocimiento de derechos, una expresión que contiene significaciones amplias. Para las cooperativas de las áreas «productivas» de la economía popular (las de alimentos, fábricas recuperadas, agroecología, comercializadoras), la pelea es por políticas de Estado que les permitan dar un salto en escala. Por ejemplo, el compre estatal, que más que posiblemente sea implementado dentro del programa Argentina contra el Hambre.

Para los trabajadores, el reconocimiento de derechos tiene como horizonte el acceso a una jubilación, obra social, vacaciones pagas. Señala Rafael Klejzer, del MP La Dignidad: «Como fue el Estatuto del Peón en el ’45 con Perón, hoy hay un nuevo actor económico que se va haciendo visible y al que el Estado debe reconocerle derechos. En las recuperadas y cooperativas de trabajo no tenemos cobertura social, ni jubilación. Así como estamos, va a haber compañeros que después de trabajar 40 años sin aportes no van a poder jubilarse».

Añade que no se trata sólo de crear un marco que reconozca derechos al que cobra un plan social, «porque la economía popular es más amplia que los programas sociales, hay miles de compañeros que están en cooperativas de trabajo sin cobrar ningún plan ni recibir el salario social complementario. Hay recuperadas que vienen del ’94 y cooperativas que arrancaron en el 2001 y atravesaron todos estos años sin que sus trabajadores accedieran a nada».

La agremiación supone también dotarse de mayor fuerza para hablar de derechos aún más básicos. Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluídos, recuerda que «la mayoría de las actividades que realizan nuestros compañeros del MTE están criminalizadas».

«El cartonero, el carrero, el vendedor ambulante, el cuidacoche son todas actividades que la respuesta que tienen hoy en día es la persecución policial. Entonces, en primer término, se trata de poder discutir con los Estados cómo estos compañeros pueden seguir llevando adelante sus tareas laborales que hoy están siendo impedidas por cuestiones de jurisprudencia más locales, municipales o contravencionales».

Otras ramas de actividades, como las de cuidado, permanecen totalmente invisibles. Las mujeres en los movimientos sostienen miles de jardines populares, donde reciben a los niños para que sus madres puedan trabajar o estudiar. «Estos espacios son imprescindibles porque la realidad es que las guarderías maternales del Estado no tienen vacantes. Las mujeres estamos pasando situaciones muy duras, de violencia económica, muchas veces violencia en nuestros hogares sin tener un lugar donde ir, no tenemos con quién dejar a los chicos para trabajar, estamos además endeudadísimas. Las compañeras que cuidan a los chicos en estos espacios solamente perciben un salario social, otras un programa Hacemos Futuro que cada dos meses se les cae. Para sostener los jardines estamos haciendo rifas, inclusive comida para vender», cuenta Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Obra Social

Con la obra social ya se han hecho algunas experiencias. Hay cooperativistas que accedieron a coberturas de obras sociales mediante el monotributo; la CTEP armó una obra social propia. Hasta ahora, son experiencias acotadas.

Hay dos formatos por los que los trabajadores de la economía popular han accedido a estas coberturas en salud: cuando el beneficiario de un programa accede al monotributo social, puede elegir obra social. En teoría se puede elegir cualquier obra social, pero en la práctica muchas no aceptan. Por eso surgió un segundo esquema: cada organización junta un paquete de beneficiarios, 300 por ejemplo, y hace un acuerdo con una obra social para que los atienda. Todo esto funciona de manera despareja, precaria, muy menor.

Las ideas para dotar de cobertura de salud al sector van desde crear otra categoría del monotributo que permita ampliar la cobertura y los aportes a pensar en un Instituto. De todos modos, los dirigentes plantean que no es un tema que quieran poner en primer plano, como prioridad, porque es blanco de la estigmatización. Un reclamo que puede ser presentado como la búsqueda de una caja.

En el acto de lanzamiento, en el Microestadio de Ferro, se presentará a una junta promotora del sindicato. Todo indica que será conducido por el titular de la CTEP, Esteban «Gringo» Castro. La junta promotora tendrá la tarea de ir cumpliendo con los pasos legales y el diseño de un estatuto. En junio, la CGT tiene previsto realizar su congreso nacional, momento en el que se podría formalizar la incorporación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular –uno de los posibles nombres del nuevo sindicato–. El proceso es abierto, cuánto puede sumarles esta eventual entrada depende de cuál sea el perfil de la central obrera en 2020, de qué pasará con las CTA y los gremios de la Corriente Federal. De detrás de qué dirigentes puede darse, si se da, la reunificación. 

(Fuente: Página12)