Alberto Fernandez repudió la represión en Mendoza
El presidente Alberto Fernández se reunió con la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, para analizar la situación planteada en la provincia, luego del rechazo popular a la reforma de la ley que prohibía el uso de sustancias tóxicas en la explotación minera a cielo abierto.
Aunque no se dio información sobre el resultado de esa reunión, la senadora, a través de su cuenta de Twitter, expresó su rechazo a la represión de los manifestantes porque “uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche”. El conflicto produjo una ruptura entre los legisladores provinciales del PJ que votaron a favor de la reforma y los que se opusieron.
La ex candidata a gobernadora de la provincia le dijo al mandatario provincial Rodolfo Suárez que “si elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda de enfrente”. La senadora señaló que el camino tiene que ser “diálogo, razonabilidad y consensos”, frente al masivo rechazo popular. Agregó que “el clima social merece dirigentes a la altura de la circunstancia” e instó al gobernador a ser “responsable”.
Guillermo Carmona, presidente del PJ de Mendoza y ex diputado nacional, les pidió públicamente a sus “amigos militantes y dirigentes del PJ de Mendoza y del Frente de Todos que condenemos la represión por parte del gobierno” mendocino a los miles que se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, en contra del uso de cianuro por parte de las empresas mineras. El ex legislador recalcó que “como se pasaron de la raya cualquier silencio será complicidad”. Por otra parte, Carmona instó al gobernador radical de Mendoza a que “derogue la reforma de la ley 7722 y que convoque a espacios de diálogo, como lo pide el obispo (mendocino Marcelo) Colombo”. La opinión de Carmona fue compartida por legisladores provinciales del PJ y de otros partidos que votaron en contra de la reforma a la ley.
Carmona también cuestionó, en forma discreta, a los legisladores del PJ que votaron a favor de la reforma de la ley, a la vez que recordó que en un comunicado oficial, el PJ mendocino, que él preside, se había opuesto a la reforma y al uso de sustancias tóxicas en la explotación minera. “Conviene repasar la posición que expresamos desde el PJ Mendoza sobre la reforma de la 7722” porque “mi opinión sigue anclada en ese documento y en lo que nos comprometimos públicamente. No soy yo quien cambió de posición”.
En esa declaración se afirmaba que el proyecto enviado por el Ejecutivo daba “un panorama paradisíaco de la política y la gestión ambiental en Mendoza que de ninguna manera puede ser avalada por el Justicialismo”.
También se manifestaron en contra de la represión y de las reformas, dos legisladores mendocinos del PJ, quienes coincidieron en que «no se ha tenido en cuenta que Mendoza es distinta» por su «histórica escasez de agua» a otras provincias mineras y advirtieron además que «será muy difícil controlar» que no haya contaminación del agua que beben todos los ciudadanos por el uso del cianuro.
«Se ha comparado, en estos días, la provincia de Mendoza con provincias que tienen desarrollo minero; pero esa comparación no ha tenido en cuenta que Mendoza es distinta, con un desarrollo vitivinícola, frutihortícola, olivícola, comercial, turístico, metalmecánico, de servicios y de una posición geopolítica para el comercio internacional envidiable», aseguró el senador provincial Bartolomé Robles. El legislador consideró que la clase política mendocina «vive improvisando».
Recalcó, en ese sentido, que una reforma de tal importancia “no puede tratarse en 10 días. Necesitamos un diálogo real efectivo, superador, que nos permita crecer y proyectarnos seriamente». Aclaró que “no se trata de demonizar la minería, si no de sentar reglas claras de qué recursos estamos hablando y cómo lo vamos a cuidar y cómo los vamos a invertir».
Por su parte, la diputada del PJ mendocino Laura Chazarreta, en declaraciones a una radio, recordó que ella no sólo votó en contra de la reforma sino que fue «parte de las miles y miles de personas que salimos a manifestarnos» porque «dudamos que los controles serán reales y no podemos permitir que se contamine el agua». Chazarreta, que ha tenido entredichos por su militancia feminista con legisladores de su partido, afirmó que no está en contra “de la minería sino de la megaminería», más aún en lugar como Mendoza que «es un desierto». Agregó que “la ciudad está armada sobre un desierto, todo el sistema de agua es a través de riego y tenemos históricamente escasez de agua y hay muchos lugares donde este recurso esencial no llega para el consumo del pueblo», Dijo que, por esa razón, los mendocinos tienen “en el ADN el cuidado y la defensa del agua desde que nacemos porque siempre nos faltó”.
En diálogo con Página/12, el senador mendocino Marcelo Romano, de Protectora Fuerza Política, comentó que él también participó de la manifestación, en lo que consideró “un días muy triste para la democracia de Mendoza” por la represión y las detenciones de manifestantes. “La ley 7722 es vital para nosotros porque protegía el agua para que no nos ocurra a nosotros el mismo desastre que ocurrió en Jachal, en San Juan, tan cerquita de nosotros” a partir de la megaminería y la contaminación del agua. Precisó que en la provincia vecina “la Barrick Gold hizo desastres en San Juan y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros si siguen adelante con la reforma de la ley”. Recordó que en Mendoza “sólo el cuatro por ciento del mapa nuestro está irrigado y lo demás es un desierto, por eso el agua es vital para nosotros y ahora nos están condenando a tomar agua con metales pesados dentro de muy poco”.
Sobre la manifestación, relató que caminaron más de cien kilómetros en treinta horas, “sin que se produjera ningún disturbio”. Sostuvo que la demostración del pueblo mendocino “debe hacer reflexionar sobre el tema al Ministerio de Minería a nivel nacional, porque sus responsables saben muy bien lo que fue el desastre minero en San Juan”.
Aseguró que la aprobación de la reforma fue “un pacto firmado entre radicales y peronistas, porque el oficialismo radical no hubiera tenido quorum sin el apoyo del bloque peronista”. Para Romano, lo que se acordó fue “el pacto del cianuro, porque los dos partidos acordaron modificar una ley que no prohibía la minería sino que sólo prohibía la utilización de sustancias químicas en la explotación de la minería a cielo abierto, algo que evidentemente complicaba los negocios fáciles de los que explotan las megamineras y lo más doloroso para nosotros es comprender cómo fue que diputados que nacieron en el desierto hoy estén apoyando estos proyectos”.
FUENTE: PAGINA 12