Zaffaroni pidió dejar de perseguir a los consumidores de drogas

Hace una década la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó una sentencia que, a la vista del paso del tiempo, no fue lo paradigmática que se esperaba: el célebre fallo Arriola determinó que castigar a una persona adulta por tener drogas para consumir en el ámbito privado era inconstitucional, protegió las libertades individuales amparadas en el artículo 19 de la Constitución y exhortó a todos los poderes públicos a ir contra el tráfico de estupefacientes y dejar de perseguir a los consumidores.

Diez años después, las consecuencias de Arriola no tuvieron el impacto que se podría haber sospechado en aquel momento: la ley de drogas es la misma desde hace 30 años y las personas que tienen sustancias para consumo personal pueden ir presas. Las fuerzas de seguridad todavía llenan las cárceles con usuarios o eslabones bajos de la cadena de narcotráfico (como «mulas», dealers y camioneros) y las causas abiertas a ciudadanos por tenencia para consumo personal batieron varios récords en los últimos tres años.

Para conmemorar aquel fallo de la Corte, diferentes organizaciones relacionadas a las políticas de drogas y Derechos Humanos organizaron una jornada este martes en el Senado de la Nación con una decena de mesas de debate.

El invitado estrella fue sin dudas el magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, quien reapareció en la arena pública para este evento, como uno de los integrantes de aquel Tribunal que el 25 de agosto de 2009 sentó un precedente en relación a la cuestión toxicológica.

Zaffaroni fue crítico de lo que vino después de Arriola e insistió con un reclamo que marcó su trayectoria jurídica: dejar de criminalizar a los consumidores de drogas, poner el foco en el negocio del tráfico ilegal y combatir, especialmente, la venta de paco, que, según él, «no es una droga, no es un tóxico, es un veneno».

«Diez años del fallo y desde mi punto de vista ha cambiado poco la política criminal y general en materia de consumo de tóxicos en el país», comentó Zaffaroni, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien compartió la mesa «A 10 años de Arriola» con Matilde Bruera, ex defensora oficial ante la Cámara de Casación Penal en Rosario, que intervino en la causa Arriola, y con el juez de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres.

«Lo que hacemos es un dispendio de actividad policial, judicial, gastamos horas de trabajo, papeles, una cantidad de dinero que estamos pagando con nuestros impuestos para nada. Independientemente de que estamos violando el articulo 19 de la Constitución Nacional, estamos afectando la concepción antropológica constitucional, y estamos gastando inútilmente nuestro dinero y lo mostramos como combate al narcotráfico, cuando no tiene nada que ver. Sin contar la estigmatización de cualquier persona detenida que pasa por un juzgado o una comisaría», remarcó Zaffaroni.

Para el ex juez de la Corte se llegó a Arriola porque la ley de drogas actual, sancionada en 1989, no respetó el artículo 19 de la Constitución, que dice en su primer párrafo: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados».

«El Estado argentino no puede meterse, no puede penar, no puede ejercer su poder mientras no haya un derecho ajeno afectado. Esto es lo que garantiza la diferencia entre delito y pecado, entre lo antijurídico y lo contrario a la ética», destacó Zaffaroni y advirtió: «Desde los albores del pensamiento liberal, garantista, se ha distinguido y es una herencia del Iluminismo este reconocimiento del ser humano como persona con autonomía moral. El Estado paternalista pretende ser un estado ético y es inmoral».

La causa Arriola tardó tres años en llegar a la Corte. Comenzó en febrero de 2006, tras un allanamiento en una casa de Rosario, donde se sospechaba que se vendían pequeñas cantidades de sustancias ilícitas. En la vivienda fueron detenidos Sebastián Eduardo Arriola, Carlos Simonetti y Mónica Beatriz Vázquez, a quienes acusaron de comercializar estupefacientes y poco tiempo después condenaron a penas de seis, cuatro y dos años respectivamente.

Además de los detenidos como sospechosos de comercializar, la Policía de Rosario también apresó a los pocos días a cinco personas que tenían menos de un gramo cada uno de marihuana, que se sospechaba, eran compradores de Arriola, Simonetti y Vázquez. Los abogados defensores de estos ciudadanos detenidos elevaron un recurso a la Cámara Nacional de Casación Penal, que rechazó el planteo. Por eso, el caso llegó a la Corte.

El Máximo Tribunal, integrado entre otros por Zaffaroni, consideró que los detenidos no hacían ostentación de la marihuana, ni generaron peligro para terceros, ni habían demostrado adicción ni existía evidencia de comercio de la sustancia. Amparada en el artículo 19, la Corte remarcó que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea llevar sin que el Estado pueda intervenir en ese ámbito.

Este martes en el Senado, Zaffaroni criticó que, si bien la Constitución Nacional está inspirada en la de Estados Unidos, no tomó de esta el control constitucional. En el país del norte, explicó el juez, una sentencia de la Corte es jurisprudencia obligatoria para todos los estamentos que están abajo. «Cada juez sigue sosteniendo la posición que quiere. Es anárquico. La ley sigue vigente, los jueces la consideran como gusten y hay que llegar de nuevo a la Corte», dijo.

Para Zaffaroni, la llamada «guerra a las drogas» distrae de un enemigo más peligroso, que es el paco: «Creo que hay frentes de lucha que tienen que abrirse. Básicamente hay que hacer una lucha frontal contra el paco, que no es un tóxico, no es una droga, es un veneno, cuidado. Y afecta a personas muy jóvenes, adolescentes, niños, en los sectores más humildes. Ahí está el frente de lucha, no en perder tiempo en criminalizar a consumidores».

Para el magistrado, «criminológicamente» la droga «por excelencia» es el alcohol: «La política que llevamos en el país dista mucho de ser satisfactoria y hay errores estratégicos de la política respecto del tóxico».

En consonancia con Zaffaroni, Matilde Bruera consideró que «todo el aparato legal fue dirigido a perseguir consumidores y expendedores pequeños» y que «el discurso de la guerra contra las drogas es una mentira, es una guerra contra los pobres».

La abogada santafecina acusó al Estado porque «victimiza a determinados sectores de la población» y pidió reflexionar sobre el control de constitucionalidad: «Qué pasa que muchos jueces se niegan a aplicar una doctrina de la Corte como Arriola».

Bruera aportó datos sobre la persecución a consumidores. «En un tribunal oral federal de Rosario, de 121 causas por tenencia para consumo en 2017, en 2018 se triplicó a 399. Al compás de los discursos de la guerra contra el narcotráfico lo que fue creciendo es la persecución de tenedores. Y de 1.152 causas en 2017 decreció a 571 la persecución en causas de narcotráfico mayores», resaltó.

El juez Sergio Torres, integrante de la Corte provincial, también aportó datos para demostrar que la jurisprudencia de Arriola no se aplica en los tribunales federales. «Arriola tiene 10 años. En Salta, en 2018, el 43% de las causas son por tenencia. En Santa Fe, el 42%. En Ciudad de Buenos Aires, el 46%. En la Provincia, con ley de desfederalización, en 2017, era el 29% de causas iniciadas. Pero esta tendencia que se había modificado a la baja en 2018 subió al 39%. Pareciera que el rol del Estado es ocuparse con su cara mala del consumo, en lugar del tráfico, sobre todo de paco», comentó.

Zaffaroni destacó que Argentina «no es un país de producción ni de exportación» de sustancias, por lo que consideró que el país no tiene un problema grave en relación al tema drogas, y apuntó a los medios por «manipular» la construcción de la realidad, que «distorsiona la política criminal del país».

«En esta nebulosa que llaman ‘la droga’, nuestro problema es de distribución en clases medias», consideró Zaffaroni y apuntó a que no se ejecute el fallo Arriola en el Poder Judicial al interés por no perseguir a los grandes narcotraficantes: «Hay intereses, cajas chicas, cajas grandes, cajas mayores. Algunos los llaman corrupción, yo las llamo fuentes de recaudación autónomas. La prohibición en el contexto mundial no ha hecho más que generar una plusvalía enorme en el servicio de distribución de tóxicos».

(Fuente: Infobae)