Ronda de llamados a gobernadores para detener algunos juicios
El Gobierno nacional abrió hoy una ronda de llamados a gobernadores para intentar frenar que fueran a la Justicia por los recortes de fondos provenientes del IVA y Ganancias, pero no pudo evitar que catorce provincias presentaran recursos ante la Corte Suprema.
Los fiscales de Estado y procuradores realizaron presentaciones individuales para pedir “una acción declarativa de inconstitucionalidad” de las medidas que afectan los fondos coparticipables provenientes de los impuestos que la gestión de Mauricio Macri decidió reducir hasta fin de año.
El primer llamado de la Casa Rosada fue para el mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck. “Desde Nación confirmaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de los fondos provinciales”, dijo el gobernador.
Según fuentes oficiales, el segundo llamado fue para Omar Gutiérrez, del Neuquén. Y así el ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio irá hablando con los mandatarios, principalmente con los que decidieron esperar y no presentar el amparo ante el Máximo tribunal.
Según pudo confirmar este medio, presentaron medidas Santa Fe, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y San Juan. Chaco lo está evaluando y Entre Ríos tiene lista la demanda de 39 páginas que será presentada en los próximos días.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo que los mandatarios provinciales “no se oponen las medidas impositivas” de la Casa Rosada para paliar la situación económica de los sectores bajos y medios, pero reclamó una solución para que las gobernaciones puedan cumplir con los compromisos en el último trimestre del año, tanto de deudas financieras, con proveedores y el pago de salarios.
Por otro lado quedaron las provincias que no demandarán a la Casa Rosada. Córdoba no comparte la estrategia. Río Negro y Neuquén abrieron una instancia de diálogo con Frigerio y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; esa misma vía transitan las oficialistas Buenos Aires, Capital Federal, Jujuy, Mendoza y Corrientes.
Así está hoy el frente político y judicial que puso de un lado a un puñado de provincias y del otro al Gobierno nacional por las medidas anunciadas por el Presidente en la semana posterior a las elecciones primarias para impulsar el consumo interno y morigerar el impacto que tendrá el traslado de la devaluación a precios.
En el Ministerio de Hacienda esperan que las demandas ante la Corte reciban un revés. Y, ante la consulta de este medio, en el máximo tribunal piden calma, porque los ministros no tienen previsto darle un trámite exprés al tema a menos de dos semanas del inicio oficial de la nueva campaña electoral. “La política está buscando que la Justicia resuelva un problema político”, dijo una fuente del máximo tribunal.
Las presentaciones fueron realizadas con carácter de “urgente” y quedaron ayer en la Secretaría de Originarios de la Corte. Allí analizarán entre hoy y mañana si los textos cumplen los requisitos. Y recién luego serán remitidos a las secretarías de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quienes tienen prevista una reunión de acordadas para el jueves.
Cerca de los ministros insistieron con que no habrá un tratamiento exprés. En los despachos de los ministros, los expediente no se mueven necesariamente de acuerdo a las urgencias de la política. Incluso hasta ayer los jueces no habían abierto aún las presentaciones que hicieron la semana pasada Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y La Pampa contra el congelamiento en los precios de los combustibles.
La presentación de Santiago del Estero advierte que sólo con el inmediato dictado de la inconstitucionalidad por parte de la Corte puede “conjurarse el peligro inminente de afectar la recaudación”.
“Cuando asumió el presidente Macri, muchos gobernadores fueron a golpear la puerta porque no podían pagar salarios. Solamente ocho provincias tenían superávit. A fines de 2018, 19 provincias tenían superávit”.
(Fuente: Los Andes)