La oposición trata de frenar a Boris Johnson en los tribunales y en la calle

El tridente de quienes aún aspiran a hacer descarrilar el Brexit no son Messi, Neymar y Suárez –que tal vez se reúnan dentro de poco en el Camp Nou– sino la calle, el Parlamento y los tribunales. La calle, porque ya hay un llamamiento a ocupar puentes, carreteras y centros de comunicaciones a fin de paralizar el país. Los tribunales, porque ayer se pusieron en marcha tres procesos diferentes para que la justicia pare los pies a Boris Johnson. Y el Parlamento, porque los remainers no renuncian a aprobar una ley que obligue a pedir una prórroga a Bruselas, por mucho que Downing Street se lo haya puesto difícil.

Los enemigos del Brexit duro son conscientes de que denunciar a Johnson como un dictador de pacotilla, compararlo con Carlos I o Oliver Cromwell, o llevarse las manos a la cabeza por el desafío a la democracia y la afrenta constitucional que significa la disolución del Parlamento por más de un mes, no lleva en la práctica a ninguna parte. Así que han puesto manos a la obra por todas las vías y mecanismos a su disposición con el objetivo de meter el gol que necesitan desesperadamente.

El activista del Labour Owen Jones –que hace poco fue agredido junto a unos amigos a la salida de un bar por su oposición al Brexit– ha hecho un llamamiento en las páginas de The Guardian a la acción popular. Y la organización Momentum, creada en su día para aupar a Jeremy Corbyn al liderazgo del partido e integrada en su mayoría por jóvenes, le ha tomado enseguida la palabra y anunciado que utilizará sus recursos para movilizar a las masas en las calles y crear una situación de caos, como hace unos meses los grupos medioambientales, que cerraron el puente de Waterloo y otras arterias de la capital inglesa para llamar la atención sobre los peligros del cambio climático.

Los tribunales reciben tres demandas de políticos y ciudadanos contra la disolución del Parlamento

El segundo foco de intervención son los tribunales, donde siguen en su curso por separado tres demandas, una ante la justicia escocesa, la segunda ante la de Irlanda del Norte, y la tercera en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, con sede en Londres, al que ha acudido la activista Gina Miller, cuya moción para obligar al Gobierno a dar voz y voto al Parlamento en el Brexit tuvo éxito durante la gestión de Theresa May. Pero Boris Johnson es un pistolero más rápido y certero, de los que dispara primero y pregunta después, como ha demostrado con la suspensión de los Comunes entre el 9 o 10 de septiembre y el 14 de octubre, cuando pondrá en marcha una nueva legislatura, con el tiempo justo para que refrende un eventual acuerdo al que llegue con Bruselas, si es el caso. Una petición popular condenando la disolución de los Comunes suma ya más de un millón y medio de firmas.

El tercer pincho del tridente es el Legislativo, donde el speaker Tom Bercow, enemigo a muerte de Johnson, mueve los hilos para sacarse de la manga alguna maniobra que ate las manos del primer ministro en su avance a toda velocidad hacia el más duro de los Brexits. El problema es que los diputados, en la práctica, sólo van a tener cinco o seis sesiones antes de ser enviados de vacaciones a la fuerza, y es muy dudoso que dispongan de tiempo para hacer algo. Incluso si fuera así, los conservadores pueden bloquear la legislación en los Lores con tecnicismos, de modo que expire con la disolución parlamentaria.

Jeremy Corbyn dice que agotará la vía legislativa para hacer imposible una salida de la UE sin acuerdo

La otra posibilidad es que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, plantee una moción de censura a principios de la semana que viene, y la gane con la ayuda de unos cuantos diputados tories partidarios del remain, que se dicen dispuestos a tumbar al Gobierno. Tendría dos semanas para formar un gobierno provisional, ya sea encabezado por él mismo o por una figura de unidad como el exministro conservador Kenneth Clarke. Porque si no lo consigue, Johnson convocaría elecciones después de la salida de la Unión Europea el 31 de octubre. Puestos a provocar, que no quede.

“No tenemos ni la más remota idea de lo que va a pasar a partir de ahora”, ha admitido con considerable candor el ministro de Defensa, Ben Wallace. Pero es la pura verdad. No lo saben ni quienes intentan frenar el Brexit, ni tampoco el bravucón primer ministro, por mucho que vaya presumiendo de que Bruselas está ahora más dispuesta a hacer concesiones que antes de la disolución del Parlamento, al ver de una vez por todas que va en serio, y pronosticar que en el último momento la UE se bajará los pantalones y renunciará a la salvaguarda irlandesa (la integración aduanera para que no haya una frontera dura en el Ulster). No es esa la música que suena en los pasillos de las instituciones europeas, y tampoco en Dublín. El líder tory se entrevistará la semana que viene con el taoiseach irlandés, Leo Varadkar, en un encuentro que puede ser importante para marcar las hipotéticas pautas futuras negociadoras.

El grupo Momentum llama a bloquear calles y paralizar el país como respuesta a Boris Johnson

Johnson y los tories se han metido un espectacular gol en propia meta con la dimisión de la popularísima Ruth Davidson como líder conservadora de Escocia. Fue ella por sí sola la que en las elecciones del 2017 consiguió trece escaños para el partido al norte de la frontera, metiendo una importante dentellada al botín que tenía el SNP independentista. En una conferencia de prensa ayer en Edimburgo, no se quiso meter con la disolución del Parlamento pero reconoció que sus diferencias con Johnson sobre el Brexit –junto con razones familiares– han sido un factor importante para su decisión de retirarse del primer plano. Lesbiana, experta en artes marciales, exsoldado del ejército territorial y experiodista, tiene muchos admiradores por su manera de decir las cosas como son.

Con su marcha, el Partido Conservador puede perder fácilmente el terreno conquistado, y quedarse con uno o dos diputados en toda Escocia (el resto los recuperaría el SNP, dado el estado catatónico del Labour en el país). Hoy los soberanistas aspiran a arrebatar a los liberales el de las islas Shetland, a pesar de que el independentismo no tiene en ellas demasiado arraigo (los locales, con una economía gracias al petróleo del mar del Norte, se sienten tan lejos de Edimburgo como de Londres, y lo que quieren es ir a su bola y no depender de nadie).

A todo esto, continúa la guerra de declaraciones. El líder de los Comunes, Jacob Rees-Mogg, ha defendido la disolución del Parlamento como “algo normal antes del comienzo de una legislatura”. El Daily Telegraph ha escrito que “la misión del Parlamento es hacer cumplir la voluntad popular e implementar de una vez por todas el Brexit». Los exministros David Gauke y David Liddington se han sumado al coro de voces que considera aberrante la decisión de Johnson. Jeremy Corbyn ha proclamado que hará todo lo posible por impedir por la vía legislativa una salida de la UE por las bravas. El eurodiputado euroescéptico Daniel Hannan ha denunciado que a ciudadanos europeos establecidos desde hace muchos años en el Reino Unido les está siendo negado arbitrariamente el permiso de residencia. El ministro irlandés Michael D’Arcy ha comparado a Johnson con Oliver Cromwell. Y Bob Kerslake, exjefe del funcionariado civil, ha animado a sus colegas a desafiar las órdenes del Gobierno por antidemocráticas.

Si el fichaje de Neymar por el Barça y la recuperación de su antológico tridente con Suárez y Messi es una operación complicada, no digamos la de montar un tridente anti-Brexit de acción popular, acción legislativa y acción judicial. Pero, por lo menos, los remainers lo van a intentar.

(Fuente: La Vanguardia)