Denuncia la falta de garantías de seguridad
Anderson Pérez Osorio, exguerrillero, padre, comunicador y cineasta de 24 años, fue asesinado el 17 de junio en Caloto, en el departamento del Cauca, en el occidente de Colombia. “Ha sido una experiencia muy bonita”, declaraba ante las cámaras en marzo de 2017, mientras se dirigía a una de las zonas establecidas para que él y sus compañeros de las FARC dejaran las armas. “Ir a grabar en medio de los soldados, y saber ellos que yo soy guerrillero, y tratarnos como lo que somos, como hermanos de patria”, agregaba en las imágenes que divulgó tras su muerte la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido del acuerdo de paz que sellaron hace dos años y medio con el Gobierno. El pacto incluyó un capítulo dedicado a las medidas que pondría en marcha el Estado para garantizar la seguridad de los excombatientes.
Ese mismo lunes asesinaron a otro, Daniel Esterilla, en El Charco, un municipio de Nariño sobre el Pacífico. Y hace una semana a uno más, Servio Delio Causaluzan, en ese mismo departamento. Sus nombres son apenas los más recientes de una larga lista. La persistente violencia en varios territorios amenaza la frágil implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla, que ha denunciado con insistencia la falta de garantías para sus miembros. A los incesantes homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país, se suman los de antiguos rebeldes que firmaron la paz.
“Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del acuerdo final y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno”, ha manifestado la dirección de la FARC, tras una reunión de emergencia convocada por su presidente, Rodrigo Londoño, Timochenko. Al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la paz, el partido ha advertido que el delicado momento que atraviesa la implementación puede desembocar en un nuevo ciclo de violencia. También ha denunciado la estigmatización por parte del Centro Democrático –el partido del presidente Iván Duque y su mentor político, el expresidente y senador Álvaro Uribe–, “que de alguna manera estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos; y que constituye una campaña de persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado”.
Los episodios de muertes violentas de excombatientes se multiplican. Los registros de la FARC cuentan 134 miembros asesinados luego de la firma de los acuerdos de paz –que cobijan a 12.000 exguerrilleros en tránsito a la vida civil–, así como 34 de sus familiares y otros 11 desaparecidos. El Gobierno de Duque, que niega la sistematicidad y registra oficialmente 115 asesinatos de exguerrilleros, anunció el jueves un paquete de medidas, entre ellas reducir el tiempo de atención de solicitudes de protección y la creación de un cuerpo élite de la policía.
“La mejor manera de parar lo que está sucediendo es la aplicación integral de lo acordado en La Habana, y ahí es donde se está patinando un poco”, manifestó Londoño, el presidente de la FARC, a RCN Radio. “Aquí hay un hilo conductor, hay que buscarlo en aquellos sectores que ven en el proceso una amenaza a sus intereses, que le tienen miedo a la verdad, a la reconciliación de los colombianos”, señaló.
Jorge Enrique Corredor, un antiguo comandante de frente conocido como Wilson Saavedra, fue asesinado el mes pasado por dos sicarios en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Había sido coordinador en la zona veredal de Marquetalia, en el Tolima, una de las regiones históricas para las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fue el primer excomandante de rango medio asesinado tras la firma del pacto con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
Esos crímenes estuvieron precedidos, entre muchos otros, por el homicidio de Samuel David Gonzales, un bebé de apenas meses, hijo de un excombatiente, en La Guajira, en el norte del país. Y también por el de Dimar Torres, otro exguerrillero baleado en circunstancias no del todo esclarecidas por un militar en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Casos estremecedores que han activado todas las alertas. El de Dimar Torres, en particular, propició una propuesta de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que no prosperó en el Congreso. Tanto la FARC como los lugareños denunciaron el asesinato de Torres, el pasado 22 de abril, y el intento de un grupo de militares por enterrar el cadáver. Un cabo segundo está detenido por el delito de homicidio en persona protegida, y se investiga la participación de un coronel.
Desde el Gobierno, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, ha reiterado que la seguridad y bienestar de los excombatientes es una prioridad en su proceso de reincorporación. Su despacho está implementando un plan de protección especial para los candidatos de la FARC de cara a las elecciones regionales de octubre. Sin embargo, el partido manifestó que difícilmente tendrá plenas garantías para participar en los comicios, y pide apoyo de la comunidad internacional. De acuerdo con sus registros, en el 2018 se produjo un promedio de 6,5 hechos de violencia contra sus miembros por mes, entre homicidios, tentativas y desapariciones forzadas. En lo va que de este año, el promedio se ha incrementado a más de 6,8. La fiscalía asegura haber esclarecido la mitad de los casos.
“Convocamos a todos los sectores de la nación, a superar la indiferencia frente al baño de sangre que estamos padeciendo”, manifestó el Consejo Nacional de los Comunes, la máxima instancia de dirección de la FARC. “El momento exige asumir la responsabilidad que tenemos todos los colombianos para evitar que la tan anhelada paz termine ahogada en un charco de sangre”.
(Fuente: El País)