Por YPF, Burford podría facturar ganancia del 500%

Burford está concretando, por lejos, el mejor negocio de su historia. Y a costa de la Argentina. Hasta la decisión de ayer de la Corte de Estados Unidos -rechazó el reclamo oficial para mudar la causa por la reestatización de YPF en 2012 a los tribunales locales- el fondo inglés ya había ganado un 236% en dólares en algo más de cuatro años, luego que a fines de 2015 compró la causa a los tribunales de quebrantos de Madrid. Y se estima que, si el fallo final es negativo para la Argentina, ganará hasta un 500%. Con esto casi equiparará, en tiempo, la ganancia que obtuvieron los fondos buitre al litigar en el “juicio del siglo” luego del default de 2001, quienes consiguieron más de 1.000% pero casi en 10 años de espera. La causa ahora se acelerará en los tribunales norteamericanos; y probablemente, con resultado final negativo para el país (más cerca o lejos del tiempo). Mientras tanto Burford puso ayer en venta el 10% de sus acciones en el caso, colocándolas a unos u$s100 millones y manteniendo aún el 30% restante. De tener éxito final, Burford y el resto de los litigantes recibirán por el reclamo entre u$s3.000 y u$s3.500 millones (dependiendo de la decisión final de la Justicia norteamericana), algo menos de la mitad de lo que vale YPF hoy en el mercado: unos u$s6.900 millones. En el momento de la nacionalización, en 2012, el valor que se determinó que valía la compañía (para calcular el precio a pagarle a Repsol), era de u$s11.000 millones. Burford había comprado a los tribunales españoles la causa de las quiebras de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, por unos u$s15 millones.
Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa. Actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando), ganancias extraordinarias. Especula Burford que en poco tiempo (no más de 90 días), la Corte Suprema de los Estados Unidos anunciará que rechaza tomar el caso, y que la causa volverá al tribunal de primera instancia de Loretta Preska, quien en junio de 2018 ya había fallado a favor de mantener la causa en Nueva York. Casi un año antes había determinado que el fondo Burford tenía razón en su reclamo.

Para cuando esto suceda, al fondo inglés lo esperará la contraofensiva que preparan los abogados que representan al país y que, básicamente, buscan ganar tiempo para que, al menos, la eventual liquidación de la deuda caiga en el próximo período. Y que, mientras tanto, la amenaza de pagar por la manera en que Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner privatizó la petrolera sea un tema de campaña. Más con el exfuncionario como candidato potente en la provincia de Buenos Aires. Los tres argumentos de la presentación que en la primera quincena de julio hará el país se basa en el reclamo sobre la impropiedad de la plaza neoyorquina como la sede del caso, la situación de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora como litigantes no registrados ni con status legal como para sostener la causa y la no obligatoriedad de YPF para extender la oferta de compra de acciones a los accionistas que quedaron fuera del acuerdo entre el Gobierno argentino y la petrolera española Repsol.
En la presentación que prepara la defensa argentina, tal como informó el especialista y director de Fin Guru, Sebastian Maril, el Gobierno nacional aclara que “hemos identificado testigos actualmente encarcelados o procesados quienes no tienen permiso para salir del país y que pueden testificar en la causa” y que con este argumento concurrirá al tribunal de Preska para que autorice que la causa, finalmente, se trate (al menos en un aspecto fundamental) en los tribunales de Buenos Aires. Con esto, de prosperar el pedido ante la jueza de primera instancia del tribunal del Distrito Sur de Nueva York (donde trabajaba Thomas Griesa), la Argentina ganará tiempo. Según Maril, hoy “la Argentina está 3 a 0 abajo” y pide a Preska que “reconsidere su fallo ya que ha habido nuevos acontecimientos”. Dependerá ahora de la buena voluntad ante el país de Preska. Si el caso continúa sin resolución durante un tiempo, pero finalmente los fallos se mantienen a favor del demandante Burford, más dinero habrá que pagarle al fondo inglés. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio del año pasado en Nueva York. El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado del fallecido Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara, que también avaló a Burford. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

(Fuente: Ámbito)