La causa recayó en un juzgado federal de Morón y aún no hay imputaciones. En una extraña acusación, Cambiemos señala que quisieron «forzar» un paro general.

Sergio Palazzo, uno de los denunciados por Patricia Bullrich por el paro nacional del 30 de abril, aseguró a El Destape que el Gobierno los acusa de formar parte de «una asociación ilícita ideológica “al ejercer el derecho a huelga. En la demanda, la funcionaria exigió un pago de $23 millones a los gremialistas que convocaron la medida de fuerza.

«El Gobierno decide iniciarnos una denuncia penal por una asociación ilícita ideológica», sostuvo Palazzo a El Destape y agregó que esta jugada «es un desatino más de un gobierno que no tolera la protesta». Al respecto, criticó a la Unión Cívica Radical y catalogó de «vergonzoso» que participen de un Gobierno que querella penalmente a quienes llevan adelante una huelga cuando el partido centenario fue autor intelectual del artículo 14 bis de la Constitución.

Según informó el bancario a este medio, se han pedido medidas de prueba y aún no hay imputaciones. La causa recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Morón, del Juez Martín Alejandro Ramos.

Pablo Noceti, el segundo de Bullrich y el señalado por armar el operativo represivo en Chubut que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, fue quien comunicó que «Pablo Moyano (camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Omar Plaini (canillitas) y quienes suscribieron junto con ellos» en supuestos «hechos delictivos ocurridos entre el 29 y 30 de abril» buscaron «forzar un fallido paro general» por lo que el Estado gastó $23,1 millones para mantener la seguridad, según informó TN.

Según el funcionario de Seguridad, los gremialistas fueron «autores mediatos del delito previsto y reprimido por el artículo 213 bis del Código Penal que significó para el Estado un gasto de $23,1 millones erogados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA».

Ese artículo del Código Penal señala que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código (referente a asociaciones ilícitas), tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación». Por ello, Palazzo aseguró que se los acusa de formar parte de «una asociación ilícita ideológica».

(Fuente: El Destape)